Cuando en 1994 Manuel Camacho Solís fue designado Comisionado para la Paz en Chiapas, uno de los temas que primero atacó fue el de la cantidad de muertos que se suponía había existido en la asonada del día 1 de enero de 1994.
Su postura fue, cito de memoria, que él no había ido a Chiapas para discutir si fueron tantos o cuántos muertos, sino para encontrar alguna solución al conflicto. Creo recordar que eso lo escribió también en su libro “Cambio sin ruptura”, en el cual señala que eso lo discutió con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari.
Algo similar deberían recordar hoy quienes desde el gobierno buscan establecer la verdad histórica de lo que sucedió en el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco. Se insiste en que ahí no hubo muertos o también se discute si fue un campo de exterminio o de entrenamiento.
A decir verdad, la presidenta se ve un poco apresurada para que se llegue a la conclusión de que ahí no hubo muertos, ni pocos ni muchos mucho menos un campo de exterminio, de hecho empujó a su secretario estrella, Omar García Harfuch, para que dijera si se había encontrado restos humanos y este tuvo que decir que no tenían confirmación, pese a que momentos antes había dado a conocer las declaraciones en ese sentido de uno de los presuntos delincuentes detenidos.
Entiendo lo que pueda significar para Sheinbaum y su gobierno el que se hable de un campo de exterminio, entiendo que se piense que este caso puede convertirse en el Ayotzinapa del sexenio. Todo eso se entiende y por ende se comprende el interés en cargar la culpa a otras instancias y en todo caso ofrecer culpables ante la opinión pública.
El problema es, sin embargo, que fue el propio movimiento hoy en el gobierno, el que nos enseñó como sociedad que en este tipo de casos el culpable es siempre e invariablemente, el Estado.
Nos machacaron día y noche durante años con las consignas de que el presidente es el mejor informado del país y por ende, si suceden este tipo de cosas él está enterado sin duda alguna.
Después de este aprendizaje social resulta difícil llegar a conclusiones diferentes a las que la 4T consignó en Ayotzinapa: fue el Estado.
Como bien lo dice Jorge Zepeda Patterson, el problema es de credibilidad y esta se establece en función de las simpatías políticas de las personas, ¿cómo por qué hoy se debe creer en una institución que en el pasado ha dado muestras de no ser confiable?
La realidad, desde mi perspectiva, es que el gobierno no debería preocuparse por subrayar si ahí en ese rancho se asesinó a uno o a más, sino por resolver el caso aún y cuando haya falta de credibilidad en las instituciones.
Al final de cuentas siempre habrá quién no esté de acuerdo con las conclusiones a las que se llegue en la investigación, pero citando a Zepeda Patterson, “La Presidenta intenta cambiar las cosas. Muchos no lo creerán hasta que no se tomen decisiones que no siempre favorezcan al grupo político de Morena. Esa es otra historia”.
