El Departamento de Justicia de EU (DOJ) ha ordenado a sus fiscales priorizar la revocación de la ciudadanía estadounidense a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido ciertos delitos.

La acción legal solicita al tribunal que emita medidas cautelares y permanentes para detener futuras violaciones a los derechos amparados por la Cuarta y la Quinta Enmienda de la Constitución.