No bien terminaban de desempacar sus maletas el Presidente López Obrador y los funcionarios que lo acompañaron a Washington para su reunión el 18 de noviembre con el Presidente Biden y el Primer Ministro Trudeau, cuando el recién nacido “espíritu de Washington” de reavivamiento de la aspiración a una comunidad de América del Norte, murió fulminado, por lo menos en México, con un decreto presidencial, conocido ya como el “decreto del silencio”.
Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre, dicho decreto firmado por el Presidente López Obrador y varios miembros de su gabinete (“Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal a realizar las acciones que se indican, en relación con los proyectos y las obras del Gobierno de México…”), establece como de interés público y de seguridad nacional la realización de proyectos y obras del Gobierno federal. Entre otras cosas, instruye a aprobar de inmediato (en un plazo de apenas cinco días) las licencias para los proyectos por parte de las secretarías de estado y reserva la información sobre los contratos y gastos involucrados en ellos.
El Presidente López Obrador dijo públicamente que le “hartan” los amparos y que esa es la razón para colocar a su gobierno por encima de la ley al saltarse las regulaciones. El dichoso acuerdo ya entró en vigor y será objeto de batallas legales para establecer su inconstitucionalidad, pero por lo pronto ya entró en operación.
¿Qué sucedió en Palacio Nacional en la CDMX, entre el 18 y el 21 de noviembre, para que lo acordado en Washington en términos de apoyo conjunto de las tres naciones de América del Norte a la democracia se fuera, prácticamente, por el caño al empezar la semana con la revelación sorpresiva de un acuerdo que daña a la democracia mexicana y pone a México en un curso de retroceso político?
¿Por qué el Presidente López Obrador y sus funcionarios se comprometieron a una cosa en Washington e hicieron otra cosa cuando regresaron a la CDMX? ¿Cómo van a mantener su credibilidad en la mesa de negociaciones en futuros encuentros? ¿Quién las va a creer entre sus contrapartes canadiense y estadounidense?
Eso es lo que me parece de la mayor gravedad con esta acción del Presidente mexicano. ¿Tomó la decisión como una reacción a reportajes periodísticos del staff periodístico de Latinus que exhibieron nada menos que 966 contratos con empresas fantasmas o proveedores irregulares que manejar a discresión los militares que administran Santa Lucía? ¿O era algo que el Presidente ya tenía considerado antes de asistir a Washington y comprometer al gobierno de México a impulsar la transparencia y los mecanismos democráticos como el respeto al estado de derecho?
En cualquier de las dos situaciones, la decisión del Presidente López Obrador de emitir este acuerdo y establecer por decreto la opacidad en torno a su gobierno, es lamentable y va en contra de lo platicado con el Presidente Biden y el Primer Ministro Trudeau. Si hubo posibilidad de empezar a hablar de un “Espíritu de Washington” y de un giro favorable en la política exterior mexicana hacia América del Norte -y no hacia China- todo eso quedó en entredicho con las decisiones de AMLO.
Nunca como en otras ocasiones queda, como anillo al dedo, el viejo refrán; “candil de la calle, oscuridad de la casa”, para describir esta irracional medida decretada por el Presidente López Obrador. Quizá siguió los pasos de su entrañable amigo Donald Trump, cuando durante su Presidencia intentó una maniobra similar: cuando el Congreso ya no le dio recursos, declaró como de interés nacional la construcción del muro fronterizo en contra de México y asignó recursos del Pentágono a esas obras, bajo el pretexto de la defensa de la frontera como asunto de seguridad nacional, hasta que una Corte federal le revocó la orden presidencial. Sobra decir que el muro nunca se concluyó.
¿Qué sigue ahora? Para el Presidente, observar cómo su Acuerdo se estrella contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación y es revocado. Para los funcionarios que estamparon su firma en el Acuerdo (ver la lista de nombres abajo, la excepción notable es la de Marcelo Ebrard, Secretario de Relaciones Exteriores), vivir el resto de sus días con la vergüenza pública de haber participado en un intento de “golpe de poder” de López Obrador para elevar su cargo a un nivel por encima de la Constitución.
Para el Gobierno de México y sus diplomáticos, sigue la pena de tener que explicar lo inexplicable a sus contrapartes en Estados Unidos y Canadá: ¿por qué los mexicanos se comprometen a una cosa y hacen otra?
Por lo pronto, el 9 y 10 de diciembre , a invitación del Presidente Joseph Biden, se celebrará la reunión virtual por la defensa de la democracia, a la cual México y decenas de países han sido invitados a participar, ¿Qué irá a decir el Presidente de México después de que anuló el “Espíritu de Washington”?
Rúbricas de funcionarios en el Acuerdo: Adán Augusto López, Luis Cresencio Sandoval, José Rafael Ojeda, Rosa Icela Rodríguez, Rogelio Ramírez de la O, Javier May, María Luisa Albores, Tatiana Clouthier, Rocío, Nahle, Víctor Manuel Villalobos, Jorge Arganis Díaz, Roberto Salcedo, Delfina Gómez, Jorge Alcocer, Luisa María Alcalde, Román Meyer, Alejandra Frausto, Miguel Torruco.
