Al cumplirse siete meses del Gobierno de la Cuarta Transformación encabezado por el Presidente López Obrador, y a un año de su triunfo electoral del 2018, crece mucho la inquietud entre amplios sectores de la sociedad mexicana sobre el funcionamiento de su administración pública, sus mecanismos de toma de decisiones.
Se percibe entre analistas y columnistas de los medios de comunicación que hay improvisación y falta de oficio, por decirlo de alguna manera, en una buena parte del gabinete presidencial.
Hay una impresión generalizada de que existe un grupo reducido de funcionarios con mayor capacidad de acción, frente a la mayoría que no está produciendo resultados y que parecen, para decirlo en el lenguaje de moda, que son simples “floreros” de adorno en el gobierno.
En todo tipo de asuntos pequeños y grandes tiene que intervenir el Presidente López Obrador, muchas veces para desmentir o corregir públicamente a sus funcionarios sobre tal o cual cosa, y otras veces para marcarles la agenda; no lo hace en acuerdos privados con ellos, sino en las conferencias de prensa matutinas, las famosas conferencias “mañaneras”.
Ahí, en ese momento, muchos funcionarios se enteran apenas de lo que piensa el Presidente sobre su ámbito de acción o toman nota de las instrucciones que en ese instante les gira. Suena increíble, es verdad, pero hay muchos indicios de que así se está procediendo desde Palacio Nacional.
¿Cómo toma sus decisiones el Presidente de la República? ¿Se apoya en planes y estudios, en consejos de sus asesores, en consultas privadas con académicos o empresarios?
¿O confía casi exclusivamente en su propio criterio, en la fuerza de su intuición que lo ha conducido a lo largo de su larga carrera política?
¿Sus decisiones son racionales, fundadas y tomadas después de deliberar con expertos y asesores, sopesar los costos y beneficios y ponderar el impacto que tendrán a la luz del interés público?
Vale la pena preguntarse esas interrogantes a la luz de los problemas que en el mes de julio ensombrecen aún más el panorama político interno de México, sin olvidar el factor externo más importante: las presiones del Presidente Trump sobre México que obligaron al gobierno mexicano a firmar un polémico acuerdo de migración por tarifas el 7 de junio en Washington, de cuyos efectos apenas estamos viendo las primeras muestras en la forma del endurecimiento de la política migratoria y el despliegue de la Guardia Nacional para detener y deportar a los migrantes centroamericanos.
Reiteramos la pregunta: ¿Cómo toma sus decisiones el Presidente?
Una primera respuesta la encontré en un excelente reportaje de la revista mexicana PROCESO, bajo el nombre “Las grandes decisiones, a golpe de improvisación”, y firmado por ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA (Proceso 2226).
El reportero dio seguimiento a diferentes decisiones anunciadas por López Obrador e hizo 35 solicitudes de información a dependencias y entidades federales de diferentes áreas de gobierno.
Los proyectos de infraestructura, extinción de dependencias o entidades gubernamentales, y en general las decisiones polémicas del Gobierno de AMLO tienen en común la ausencia de diagnósticos, evaluaciones o estudios, advierte el autor.
Un ejemplo resalta en el reportaje, el del huachicol:
“En la mañanera del 27 de diciembre del 2018, el Presidente López Obrador anunció una estrategia en la que trabajaba su administración. Habló del robo de 45 mil pipas de hidrocarburos al día, hizo cuentas por año, y expuso, junto con el director de Pemex, Octavio Romero, la dimensión del ilícito: 66 mil 300 millones de pesos en ese año.
“El plan anunciado implicó cerrar ductos de Pemex por un mes, lo cual causó desabastos de combustibles en las principales ciudades del país, una compra millonaria y sin licitación de más de 500 pipas y el involucramiento de miles de servidores públicos de varias dependencias federales.
“Dado que en esa mañanera se expusieron datos sobre la dimensión del robo y consideraciones sobre la forma de operación de los huachicoleros, PROCESO solicitó información relativa a diagnósticos, estudios y diferentes indicadores relacionados con las Secretarías de Hacienda y Energía, así como el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la Presidencia de la República.
“En su respuesta, todas las dependencias federales se declararon incompetentes. A su vez, Pemex informó que su personal realizó una búsqueda exhaustiva y no encontró rastro documental alguno, ni siquiera de las cifras que expusieron el Presidente y Romero, el director de Pemex.”
Concluye el reportaje de PROCESO diciendo que la noción presidencial del trabajo técnico parece ser “los expertos y las organizaciones de la sociedad civil no sé qué estén pensando, porque ya basta de la simulación, de estar haciendo análisis de la realidad sin transformarla. Puro experto, puro diagnóstico, pero no se hace nada por cambiar las cosas”.
El ejemplo citado, junto a otros más de una lista que cada día se hace extensa, revelan una cara del liderazgo de López Obrador que no fue visible durante su larga trayectoria como el eterno candidato presidencial, ni creo que fue debidamente apreciada durante su gestión como Jefe de Gobierno del Distrito Federal del año 2000 al 2005: la de tomar decisiones con escasa o nula referencia a información técnica, consejos de asesores o expertos, posicionamientos de organismos de ciudadanos, empresarios y profesionistas de la sociedad civil, y apoyarse de manera extrema en su intuición política, en su carisma y en las encuestas de aprobación.
¿Así va a ser el resto del sexenio?