El huachicol fiscal no se mide únicamente en litros de gasolina ordeñada en ductos clandestinos.
La nueva forma de saqueo tiene sede en las aduanas, en las facturas apócrifas, en la subvaluación de mercancías y en las redes fiscales que drenan al erario con la misma eficacia que antes lo hacían las tomas ilegales en los oleoductos.
El llamado huachicol fiscal ha tejido una estructura de poder y dinero que alcanza a funcionarios, empresarios, operadores de la burocracia y grupos criminales.
Las instituciones que deberían enfrentarlo aparecen salpicadas por sospechas, complicidades y silencios que matan.
El caso más estremecedor es el asesinato del contralmirante Marco Antonio Guerrero Alcántar, ocurrido en noviembre de 2024. A mediados de ese año denunció las irregularidades en las aduanas, describió con precisión la red de corrupción que convertía cada contenedor en un botín compartido entre inspectores y delincuentes de cuello blanco.
Un mes después de sus señalamientos fue ejecutado.
Varios marinos que tocaron las fibras de ese negocio han terminado en emboscadas o en silencios forzados. Las muertes tienen un mensaje transparente: quien se atreva a exponer el huachicol fiscal pagará con su vida.
Los hechos no ocurren en un vacío institucional. Durante el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, tres de los puestos más relevantes de seguridad fueron señalados por presunta complicidad con redes de corrupción.
El almirante José Rafael Ojeda, secretario de Marina, arrastra cuestionamientos por su papel en la administración de puertos y aduanas. Omar García Harfuch, entonces en áreas de seguridad de alto nivel, fue señalado en expedientes judiciales y periodísticos por vínculos incómodos con grupos criminales. Daniel Asaf, jefe de ayudantía presidencial, aparece en filtraciones y documentos internos de la Sedena como sospechoso de irregularidades en contratos y favores políticos.
El resultado es un entramado donde la frontera entre autoridad y delincuencia se disuelve.
El panorama se complica con la intervención de la política en su versión más íntima. Los hijos del ex presidente han promovido amparos frente a investigaciones por presuntas operaciones financieras irregulares. Son recursos legales, pero también señales de un sistema que no ofrece confianza en la transparencia de quienes deberían dar ejemplo. Mientras marinos fueron asesinados por señalar la corrupción, la familia presidencial se protegía legalmente de indagatorias.
En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum enfrenta el dilema mayor de su mandato. Ha hecho esfuerzos visibles por desviar la atención hacia temas menos corrosivos, confiando en que la opinión pública se diluya en la inercia de la costumbre.
Pero el caso del huachicol fiscal y el asesinato del contralmirante no admiten cortinas de humo. La historia le brinda una oportunidad rara: dar un golpe de autoridad que demuestre independencia frente a las redes de corrupción heredadas, que rompa la inercia de impunidad y deje claro que la función pública tiene límites.
La corrupción en las aduanas no es un expediente técnico ni un asunto exclusivo de contralorías. Es el corazón de la gobernabilidad, porque allí se cruzan el crimen organizado, los negocios de las élites y la vida cotidiana de millones de ciudadanos.
Si los asesinatos de marinos quedan en el olvido, si los amparos se vuelven garantía de impunidad, si la presidenta opta por eludir la confrontación con estas redes, la consecuencia será una erosión irreparable de la autoridad.
Los países no se derrumban por una crisis espectacular, se desmoronan lentamente cuando sus instituciones dejan de responder a la confianza ciudadana. El huachicol fiscal es una prueba de fuego. O se desmonta la red de complicidades que lo sostiene, o México seguirá viendo cómo la corrupción se normaliza con cadáveres de marinos como testigos mudos.
La presidenta tiene la palabra y el tiempo corre en su contra.
Tiempo al tiempo.
