Regresar a vivir a la Ciudad de México después de algunos meses de ausencia representa, no cabe duda, una extraña sensación. Por un lado, la alegría de volver a casa, reunirse de nuevo con los seres queridos y reencontrarse con una de las urbes más extraordinarias del mundo. Por otro, enfrentar el terror que genera uno de los problemas que más nos aquejan como país, el de la inseguridad.
Mucho se habla de la brecha que puede existir entre percepción y realidad. En el caso de la seguridad pública, esta distancia es, desafortunadamente, cada vez más corta. En las conversaciones que uno sostiene a lo largo del día, la principal preocupación radica en los asaltos, secuestros, robo a casa habitación y ejecuciones.
Ligada a la percepción, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que realiza el INEGI advierte que, durante marzo pasado, 74.6% de la población consideró que vivir en su ciudad es inseguro.
Otras cifras avalan el incremento del fenómeno delictivo que se refleja en estudios como el difundido por el INEGI. De acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en los cuatro primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, se han registrado 11 mil 48 ejecuciones en todo el país. El primer trimestre de 2019 sería, según estos mismos reportes, el más violento de toda la historia, con ocho mil 737 asesinatos.
Existen distintos diagnósticos sobre los orígenes y métodos para enfrentar este problema. Ninguno, hasta la fecha, ha arrojado los resultados deseados. Hace justo un año, el entonces titular de la Comisión Nacional de Seguridad, Renato Sales, decía que la falta de continuidad en las políticas públicas en esta materia se traduce forzosamente en un incremento del fenómeno que precisamente se busca enfrentar.
Este Gobierno ha adoptado un nuevo esquema para atacar dicho problema que se ha convertido en la principal preocupación de una sociedad que se ve indefensa ante el aumento de los hechos delictivos. El nacimiento de la Guardia Nacional como un cuerpo que contará con las facultades constitucionales para realizar labores de seguridad pública es un buen mensaje en la construcción de las políticas que hoy resultan urgentes para devolverle a la ciudadanía uno de sus bienes más preciados, que es la seguridad.
Mientras ello ocurre, fiel a sus principios, al referirse a los hechos violentos ocurridos antier en Cuernavaca, el presidente López Obrador habló sobre lo que él considera como las causas de la inseguridad: solicitó una explicación a los defensores del modelo neoliberal “que no hicieron nada por los jóvenes más que llamarles ninis”, y nunca pensaron que se iba a producir la violencia que ahora se está registrando en nuestro país.
Culpar al pasado como estrategia para evitar responsabilidades del presente ha funcionado en otros casos. En el de la seguridad pública, el primer mandatario no ha calculado el alto impacto social de este problema. Podría tratarse del inicio de un divorcio entre el nuevo Gobierno y una sociedad que, en los últimos meses, ha incrementado su preocupación por este fenómeno.
Segundo tercio. Una pila de libros sobre la relación México-Brasil se observa en el despacho de José Ignacio Piña, actual embajador de nuestro país en Panamá y próximo representante ante la nación carioca. Varios lustros de experiencia preceden a este miembro del Servicio Exterior Mexicano, quien a partir del 1 de junio asumirá uno de los encargos más complejos de su carrera.
Tercer tercio. Dice el titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, que los aeropuertos de Toluca, Ciudad de México y Santa Lucía serán centros de conexión. Si él lo dice, no lo serán. Que revise bien, no se le vaya a atravesar un cerro.
