Cuando el Presidente López Obrador sugirió, en su conferencia matutina del 9 de febrero, hacer una "pausa" en las relaciones formales con España (figura que no existe en los usos diplomáticos entre naciones), lo más grave no fue la ocurrencia, sino la justificación que dio: señaló el Presidente mexicano un vínculo de colusión entre gobierno y empresas españolas para, a su vez, coludirse con funcionarios mexicanos de "por lo menos los tres últimos sexenios" y negociar contratos y concesiones desfavorables, desde su punto de vista, y dañinas a México.
Dejemos lo de la pausa y enfoquémonos en esto último. Se trataría de una denuncia pública de actos de corrupción (no matizó el Presidente diciendo "supuestos") al más alto nivel entre los gobiernos de España (nuestro segundo socio comercial) y México con empresas españolas, entre las cuales se señala con insistencia a Iberdrola.
En el caso de México, la denuncia de AMLO abarcaría los sexenios de Peña Nieto, Calderón y Fox. En el caso español, nos remontaríamos desde el actual Presidente Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y a la parte final del ciclo de José María Aznar. En el caso de Iberdrola, implicaría a su actual presidente ejecutivo José Ignacio Galán y al anterior, Íñigo de Oriol Ybarra.
Iberdrola es una empresa española que produce, distribuye y comercializa energía. Es la más importante en ese rubro en España y está en las cinco más grandes a nivel mundial. Atiende un mercado de más de 100 millones de personas y su valor de mercado rondaría los 130 mil millones de euros con una plantilla de más de 40 mil empleados.
Además de México, Iberdrola hace negocios en Brasil, Estados Unidos, en los principales países de Europa, Japón y Australia. Tendría que ser muy bueno el negocio en México para arriesgar todo su prestigio corporativo en un trato ilegal.
Bueno, pues a empresas españolas como Iberdrola acusó públicamente, el 9 de febrero, el Presidente López Obrador de colusión con su propio gobierno y con funcionarios mexicanos en detrimento de nuestra nación. Le llamó "promiscuidad económica".
De esta grave acusación, uno esperaría el anuncio de que hay indagatorias judiciales abiertas en México, además de arbitrajes y controversias internacionales en contra de las empresas que, de ser cierta la acusación presidencial, incurrieron en prácticas de sobornos o de acciones ilegítimas en contra del gobierno mexicano, las cuales están prohibidas y sancionadas por la legislación internacional.
Sería nada menos que el Juicio del Siglo 21, frente al cual el del "Chapo Guzmán fue un juego de niños y el Cartel de Sinaloa sería una pandilla de barrio comparada con una especie de "Cártel de la Moncloa" iberoamericano.
Pero no hay nada de eso. La conversación giró en México en torno a la "pausa" y lo que quiso decir con ello el Presidente López Obrador, no sobre su denuncia pública de una fantástica conspiración internacional española. No hay anuncios de investigaciones ni juicios en curso o futuros, nada de nada, a pesar de que está obligado por ley a perseguir delitos en cuanto tenga conocimiento de ellos.
El problema no termina ahí. Ante una acusación pública de esas proporciones, falta ver cuál será la respuesta del gobierno español y de las empresas señaladas, es decir, esto podría desembocar en una fricción internacional grave con España.
Por lo que respecta a México, si el gobierno de López Obrador no investiga la acusación que emitió el Presidente López Obrador el 9 de febrero sobre la corrupción del gobierno y empresas españolas con autoridades mexicanas a lo largo de varios sexenios, incurrirá en negligencia y posible complicidad con los hechos denunciados, y en el futuro sería susceptible de responsabilidades por ello.
"El pez por la boca muere", dice el refrán popular sobre la incontinencia verbal de las personas. No tenía por qué meterse el Presidente de México en un callejón sin salida, ¿ahora cómo va a escapar de ahí?
