No fue distinta en este 2023 la cobertura mediática de las marchas y mítines de mujeres mexicanas el 8M en muchas ciudades de la República: titulares y fotografías de portadas y noticieros de televisión mostraron predominantemente la parte violenta de las marchas, pero dejaron en segundo plano las reivindicaciones.
Hay que decir que en ello influye también un "efecto dañino" que los grupos radicales de mujeres marchistas ocasionan al pintar muros y paredes, romper aparadores y ventanas y quemar puertas de edificios de gobierno: los reflectores se enfocaron casi exclusivamente en ellas y dejaron en la semioscuridad la parte reivindicativa de las marchistas.
Digo “dañino” con plena consciencia de meterme a un debate inacabable: ¿es legítimo el comportamiento violento de algunas marchistas? ¿Es una medida de su gran frustración ante la indiferencia, falta de voluntad e incapacidad del Estado para hacer valer toda la protección y garantías posibles a las mujeres mexicanas? ¿No es acaso esa indiferencia del Estado una forma de violencia peor que romper ventanas y quemar puertas?
No tengo una respuesta definitiva, lo confieso: yo estoy en contra de la violencia. Lo que quiero resaltar es que en la percepción de la opinión pública mexicana, predominantemente de clase media, las “feministas” quedan en el papel de agresivas y violentas, que esas no son formas de protestar, deberían ser pacíficas, etcétera. Es una batalla mediática desventajosa para ellas.
En lo que coinciden muchos medios de comunicación es en el incremento de las mujeres marchistas. En Monterrey, por ejemplo, se calcula entre 24 mil (cálculo de Protección Civil de Monterrey) y 30 mil (cálculo del Gobierno del Estado) las asistentes a la marcha, que tuvo su corolario en la quema de puertas del Palacio de Gobierno y rotura de algunas ventanas. ¿Se imaginan las fotos de portada de los periódicos locales? Sí, acertaron, destacan las puertas incendiadas.
En San Luis Potosí, acudieron unas 15 mil personas y en la CDMX, la madre de todas las marchas, el gobierno capitalino calculó en 90 mil las asistentes (su cálculo siempre va por lo bajo). El periódico Reforma publicó una encuesta realizada en la capital de la república: En los últimos 12 meses, ¿qué diría sobre la violencia contra las mujeres? 61 por ciento de las entrevistadas contestó que ha aumentado; 27 por ciento que sigue igual, y 17 por ciento que ha disminuido. ¿Cómo permanecer impasible ante esas cifras?
En Monterrey no hubo mítin al final de la marcha ni posicionamientos, como recuerdo en la marcha del 2022. En otras ciudades sí hubo oradoras. Lo que me pareció notable fue un posicionamiento que dio Norma Piña, ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto a una de las principales reivindicaciones de las marchas: la sed de justicia.
La ministra Piña expresó que “en el Poder Judicial reconocemos las deudas históricas del sistema de justicia con las mujeres. Las asumimos de frente a los problemas que persisten en la efectividad de la impartición de justicia”.
Agregó que “iniciaremos una escucha permanente y progresiva, de forma prioritaria, a mujeres en situaciones diversas de vulnerabilidad acrecentada. Sólo escuchando contaremos con eficiencia clara que nos permita atender los principales problemas que enfrentamos las mujeres para acceder a la justicia en México. Este es mi compromiso, nuestro compromiso desde el Poder Judicial”.
La palabra clave del mensaje de la ministra Piña es “escuchar” a las mujeres, algo que evidentemente no hace el Estado mexicano en su conjunto y que está en el centro de las exigencias de la sociedad.
La combatividad de las mujeres en las marchas del 8 de marzo está en relación directamente proporcional a la sordera del Estado. Mientras menos las escuchen, más gritarán. Mientras más puertas les cierren, más puertas quemarán.
¿”Escucharán” también los medios de comunicación la voz de todas las mujeres? Vaya desafío para los periodistas.
