Hace algunas semanas el gobierno del estado pidió al Congreso que avalara la compra de todas las rutas camioneras del área metropolitana, asegurando que la idea era evitar el alza a las tarifas del servicio urbano de transporte.
Obviamente, dado que el gobierno no tiene el control del Congreso, el aval les fue negado. Las causas señaladas fueron distintas, entre otras que no se podía avalar la compra de camiones que no eran nuevos a un alto costo.
Ahora el gobierno estatal insiste en solitar el aval para llevar a cabo un arrendamiento a 8 años de cientos de camiones para, dicen nuevamente, evitar el alza en las tarifas camioneras, agregando que también se cubrirían aquellas áreas en las cuales actualmente el servicio es deficiente.
Por supuesto que la solicitud no será aprobada. No prosperará este nuevo intento de hacerse con el control del transporte urbano, menos cuando el secretario General de Gobierno, Manuel Flores, dice que se concesionarán los camiones y el gobernador, Jaime Rodríguez asegura que no será así, que será gestionado por el aparato burocrático.
Independientemente de la suerte que corra la solicitud, lo interesante sería cuestionar por qué la insistencia en este punto.
La verdad es que da mucho en qué pensar esta situación, ¿en realidad se trata de ofrecer un buen servicio a los nuevoleoneses o se trata de un gran y jugoso negocio?
Y, en caso que sea lo segundo, ¿quién o quiénes serían los beneficiarios?
Será interesante observar cómo se desarrolla la situación, pero también conocer los intereses que no se han revelado.
