La reciente decisión del gobierno mexicano, a través del “Plan C”, de eliminar varios organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), exhibe al actual régimen y confirma que no está dispuesto a transparentar sus operaciones, ni los caprichos ni nada, se está protegiendo de la fiscalización ciudadana, un paso para atrás de cualquier sistema democrático del mundo.
Argumentando un supuesto ahorro económico y la simplificación administrativa, el gobierno de Claudia Sheinbaum, junto con su bancada en el Congreso, avala la desaparición de este organismo que ha jugado un papel esencial en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos ciudadanos. Ya solo podremos obtener lo que ellos quieran dar y como lo quieran dar.
El INAI ha sido crucial para la sociedad mexicana al garantizar el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Desde su creación en 2002, el instituto ha permitido destapar casos de corrupción en diversos sectores gubernamentales y ha otorgado a la ciudadanía un canal independiente para fiscalizar al poder.
Durante los años de la administración actual, el INAI expuso irregularidades en obras como el Aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya y contratos de programas sociales que, en varios casos, revelaron falta de transparencia y posibles conflictos de interés, sin mencionar la corrupción en la que están implicados los hijos de López, casos como la casa gris y las redes de corrupción de “Andy” y “Bobby”, no pudieran haber sido descubiertos y parece que no lo perdonan.
Otro ejemplo, una investigación realizada por el INAI reveló opacidad en el gasto de programas sociales de la actual administración, señalando que los contratos relacionados con “Jóvenes Construyendo el Futuro” carecían de una justificación transparente de los montos erogados y de los beneficiarios reales. Al eliminar este organismo y transferir sus funciones a la Secretaría de la Función Pública (SFP) —una entidad sujeta directamente al Ejecutivo— el control sobre el acceso a esta información se vuelve frágil y dependiente de la voluntad del gobierno en turno.
El gobierno ha argumentado que la desaparición de organismos autónomos como el INAI permitirá un ahorro anual de 100 mil millones de pesos, que se destinarían al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Honestamente va a salir mucho más cara la opacidad que lo que se pretenden ahorrar.
Para muestra un botón, pues el gasto del INAI, en comparación con otros programas federales, es marginal y la eliminación del INAI no tendrá el impacto presupuestal que el gobierno sugiere y solo abrirá una puerta más grande al uso opaco de los recursos públicos, ya que no habrá un contrapeso efectivo para fiscalizar los gastos y proyectos gubernamentales.
Pero el miedo no anda en burro, dicen por ahí y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) logró escapar de la guillotina legislativa. Esta excepción plantea una gran paradoja, ya que se justifica en la necesidad de México de mantener acuerdos de competencia con tratados internacionales. El gobierno actual, mientras centraliza funciones de transparencia y regulación en áreas no sujetas a compromisos externos, conserva la Cofece por una exigencia de tratados, lo cual indica que su interés no radica en el bienestar interno sino en cumplir con criterios externos. Así, lo que debería ser un compromiso con la transparencia y la competencia económica responde más bien a presiones y conveniencias políticas
La propuesta de sustituir al INAI con la Secretaría de la Función Pública y delegar funciones a los gobiernos estatales, controlados por el mismo grupo político es lo que se conoce como “transparencia de Estado” donde el Ejecutivo será, en la práctica, juez y parte de su propia gestión de información. El acceso a la información se verá afectado ya que, en lugar de existir un organismo neutral e independiente, la administración actual será la responsable de decidir qué información se hace pública y bajo qué condiciones.
Con la desaparición del INAI, el ciudadano pierde la posibilidad de tener un espacio seguro e independiente para acceder a información sobre el gasto público, contratos y decisiones gubernamentales, que ahora podrían ser ocultados o manipulados bajo la excusa de confidencialidad. Este cambio vulnera directamente los derechos constitucionales de transparencia y rendición de cuentas, esenciales para cualquier sociedad democrática.
Esta reforma disfrazada de una reorganización administrativa es verdaderamente un golpe al principio de autonomía en México. Al consolidar el poder del Ejecutivo, se reduce la capacidad de las instituciones para actuar de forma independiente y se convierte al gobierno en el árbitro de sus propios actos.
La administración Sheinbaum, claramente influenciada por las políticas del expresidente López Obrador, continúa avanzando en una estrategia de centralización del poder que elimina, paso a paso, cualquier instancia de vigilancia independiente.
La desaparición del INAI y la absorción de sus funciones por una dependencia gubernamental representa un claro retroceso para la democracia mexicana, en un contexto donde los derechos ciudadanos deberían ampliarse, no limitarse. La consolidación de esta reforma deja al país en una posición más vulnerable frente a la opacidad, la discrecionalidad y los abusos de poder.
Así que a prepararse para lo que viene.
Tiempo al tiempo.
