Bolivia está punto de dejar de ser el único país que elige a sus jueces mediante el voto popular, este método es único y ha sido objeto de críticas y debates sobre su efectividad y la independencia del poder judicial.
Pero ¿Cómo elige Bolivia a sus jueces?, la elección de jueces y magistrados se lleva a cabo mediante un proceso de voto popular, el cual ha sido criticado por ser ineficaz y propenso a manipulaciones políticas. La falta de información adecuada para los votantes sobre los candidatos y sus credenciales lleva a elecciones basadas en lealtades partidistas más que en méritos profesionales. Además, los candidatos a menudo no tienen una plataforma clara, lo que dificulta que los ciudadanos tomen decisiones informadas.
El actual sistema en Bolivia no garantiza que los mejores y más capacitados profesionales lleguen a ocupar cargos judiciales. La selección basada en votos permite que individuos sin la formación y experiencia necesarias sean elegidos, además de que hasta el mismo crimen organizado podría tener sus jueces.
En las elecciones judiciales de 2017, más del 50 por ciento de los votos fueron nulos o blancos, señal de la falta de confianza en el proceso.
El ex presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia, Ruddy Flores, ha manifestado que “la intervención política en la justicia crea un entorno de clientelismo y corrupción, donde los jueces pueden ser presionados para emitir fallos favorables a determinados intereses políticos”.
Está documentado que el proceso de selección de jueces está controlado por el poder ejecutivo y legislativo, por lo que la imparcialidad y autonomía de los magistrados está siempre en duda.
Y para muestra está el caso de Gabriela Zapata, ex pareja del presidente Evo Morales, revelando una compleja red de corrupción y la posible colusión entre el gobierno y el poder judicial.
Gabriela Zapata fue arrestada en febrero de 2016, acusada de tráfico de influencias, uso indebido de bienes del Estado, entre otros delitos. Se le vinculó con la empresa china CAMC, la cual había obtenido millonarios contratos con el Estado boliviano.
El ex presidente Carlos Mesa dijo que, “el caso Zapata es una clara muestra de cómo el poder político puede interferir en la justicia para proteger intereses específicos y manipular los resultados judiciales a su favor”.
El abogado defensor de Gabriela Zapata, afirmó que “la justicia en Bolivia está secuestrada por el poder político. Los jueces no actúan de manera independiente y están sometidos a las directrices del gobierno”. Luego de eso, León fue arrestado, para silenciar una voz crítica y una estrategia para intimidar a otros que podrían exponer la verdad.
El periodista Raúl Peñaranda, conocido por sus investigaciones sobre corrupción en Bolivia, escribió: “El caso Zapata no solo revela la corrupción a nivel gubernamental, sino también cómo el poder judicial es utilizado como una herramienta para mantener el control político y silenciar a los opositores”.
Un informe de Human Rights Watch señaló que “las violaciones de derechos procesales en el caso Zapata son un reflejo de la falta de independencia judicial en Bolivia”.
Y aquí en México, donde les encantan las encuestas el dato ahí está, de acuerdo con un ejercicio hecho por Fundación Jubileo en 2016 reveló que más del 70% de los bolivianos creía que el caso estaba politizado y que no se estaba llevando a cabo un juicio justo.
La influencia política en la elección de jueces abre la puerta a prácticas corruptas y clientelistas. La promesa de favores políticos a cambio de apoyo en la elección de jueces es un hecho.
Otro ejemplo es el caso del conflicto por la construcción de una carretera a través del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), donde los fallos judiciales relacionados con este caso reflejaron una fuerte influencia política.
A pesar de las protestas y la oposición de las comunidades indígenas, los jueces emitieron decisiones que favorecieron la construcción, lo que generó críticas por la aparente falta de independencia y la inclinación a favorecer las políticas del gobierno.
Y casos del narcotráfico ni les cuento la cantidad que hay, solo busquen el caso Jacob Ostreicher, un empresario estadounidense, que fue arrestado en 2011 en Bolivia bajo acusaciones de lavado de dinero relacionado con el narcotráfico. Con eso tienen.
El voto popular no garantiza que los candidatos más calificados sean elegidos, ya que los votantes a menudo carecen de la información necesaria para tomar decisiones informadas.
Ahora en Bolivia quieren la creación de un consejo independiente de la magistratura encargado de la selección y evaluación de jueces, basado en méritos y con criterios claros y objetivos además de establecer mecanismos de rendición de cuentas y evaluación periódica de desempeño para asegurar la competencia y probidad de los magistrados.
El jurista español Baltasar Garzón ha expresado que “la elección de jueces por voto popular puede llevar a la elección de magistrados sin la formación adecuada, afectando la calidad de la administración de justicia”. Garzón destaca que un sistema judicial eficaz requiere jueces seleccionados por su mérito y capacidad, no por su popularidad.
La justicia debe ser luz, no un instrumento para socavar la credibilidad de las instituciones y perpetuar un sistema de impunidad. La confianza pública en el sistema judicial es esencial para el funcionamiento democrático del país.
El sistema de elección de jueces por voto popular en Bolivia fue implementado con la intención de democratizar y transparentar el poder judicial, bla, bla y bla. Hoy está demostrado que no sirve, hoy en Bolivia se arrepienten.
¡La sorpresa era ser como Bolivia, no como Venezuela!
Así nos lo quieren vender.
¿Lo vamos a comprar?
Tiempo al tiempo.
