En México, el problema nunca ha sido solo lo que ocurre en las sombras del poder, sino la facilidad con la que lo inadmisible se convierte en norma. En tan solo nueve días —del 23 de junio al 2 de julio de 2025— el Congreso de la Unión aprobó reformas a 25 leyes, sin debate público, sin deliberación técnica y con un servilismo legislativo que no disimula su vocación de oficialía de partes.
Bajo la excusa de la transformación y la modernización, lo que realmente se ha consumado es una peligrosa concentración de poder, ahora legalmente blindada.
Que ciertas prácticas hayan existido antes —como el espionaje ilegal, el uso discrecional de los datos personales o la intromisión militar en la vida pública— no significa que estén bien ahora. Y sin embargo, eso es precisamente lo que se ha hecho: legalizar lo que antes se ocultaba, institucionalizar lo que antes se condenaba.
DEL ESPIONAJE ENCUBIERTO AL MONITOREO LEGALIZADO
La desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), sustituido por una agencia dependiente del Ejecutivo, es más que una reestructuración. Representa la demolición de uno de los pocos órganos técnicos y autónomos que velaban por los derechos digitales y el pluralismo mediático.
La nueva legislación obliga a las empresas de telecomunicaciones a entregar datos de localización en tiempo real a las autoridades, sin necesidad de una orden judicial clara y sin controles externos. Se normaliza el rastreo constante de la ciudadanía, con la misma lógica que justificó el uso del software Pegasus: la seguridad por encima de la libertad
La diferencia ahora es que ya no será un escándalo mediático: será legal.
La colaboración inmediata entre concesionarios y fuerzas de seguridad convierte a cada teléfono en una fuente potencial de vigilancia estatal. No hay en esta reforma salvaguardas reales ni mecanismos de supervisión independientes. Se ha creado una arquitectura jurídica donde la privacidad es un lujo que el ciudadano no puede exigir y el Estado no está obligado a respetar.
CURP BIOMÉTRICA: UNA LLAVE ÚNICA PARA EL CONTROL SOCIAL
La creación de la CURP biométrica —con fotografía, huellas digitales, datos personales y vinculación obligatoria a la "Llave MX"— ha sido vendida como una medida de eficiencia administrativa. Pero en realidad, centraliza información sensible de toda la población en una sola base de datos bajo control de la Secretaría de Gobernación.
Esta medida borra de un plumazo la frontera entre identidad civil y control gubernamental.
Aunque se diga que el consentimiento será requerido, el diseño del sistema no deja opción: sin CURP biométrica no hay acceso a derechos, servicios ni reconocimiento jurídico.
Es un sistema que, por su forma, recuerda prácticas de control poblacional propias de regímenes autoritarios. Un modelo que puede utilizarse no solo para vigilar, sino para excluir o castigar. Y sin órganos autónomos ni tribunales independientes que velen por su uso adecuado, no hay garantías suficientes para evitar su abuso.
GUARDIA NACIONAL: ENTRE EL UNIFORME Y LA URNA
La reforma a la Ley de la Guardia Nacional permite a sus integrantes solicitar licencia para ocupar cargos de elección popular o integrarse a gobiernos civiles. Esta medida rompe con la neutralidad política del aparato armado y normaliza la militarización del poder civil.
La participación de fuerzas castrenses en política no es un avance democrático, es un retroceso histórico. Las fuerzas armadas están formadas para obedecer, no para deliberar.
Quiero ver sus caras, cuando un militar se convierta en funcionario.
Este tránsito del soldado al político se produce en un país donde la militarización de la seguridad pública ya ha sido declarada inconstitucional por la Suprema Corte. Pero en lugar de corregir, se profundiza. El uniforme ahora puede ser también una credencial electoral.
CONGRESO EXPRÉS, DEMOCRACIA MENGUANTE
El procedimiento con que se aprobaron estas reformas es tan alarmante como su contenido. Sesiones de madrugada, votaciones sin discusión y mayorías mecánicas. El Congreso no deliberó, simplemente obedeció.
Y esa sumisión parlamentaria es uno de los síntomas más graves de un enfermo terminal.
El argumento del oficialismo es siempre el mismo: “ya existía antes”. Como si la existencia previa de una práctica cuestionable fuera justificación suficiente para institucionalizarla. Pero que algo estuviera antes no significa que esté bien ahora. Por el contrario, si estaba mal antes, está peor ahora que se le otorga rango de ley y cobertura institucional.
EL PODER ABSOLUTO YA NO SE ESCONDE
Lo que se ha aprobado en este paquete legislativo es un rediseño del Estado. Se ha legalizado la vigilancia, militarizado la política y eliminado contrapesos.
Bajo el discurso de la transformación digital y la eficiencia gubernamental, se está gestando un modelo de control poblacional y de ejercicio autoritario del poder.
Lo que antes ocurría en las sombras —el espionaje, la recopilación de datos sin consentimiento, la participación militar en procesos políticos— ahora se presenta como modernización.
La ciudadanía ya no solo debe preocuparse por lo que el Estado puede hacer en secreto, sino por lo que ahora tiene derecho a hacer abiertamente.
Al final, lo que está en juego no es la tecnología, ni la seguridad, ni la simplificación de trámites. Lo que se está reconfigurando es la relación entre el individuo y el poder. Una relación cada vez más vertical, más vigilada y menos democrática.
Que algo haya existido en el pasado no lo hace justo en el presente. Y cuando el abuso se legaliza, la democracia se cancela.
Tiempo al tiempo.
