El pasado 11 de julio, el ex secretario de Gobernaci贸n Ad谩n Augusto L贸pez Hern谩ndez fue convocado a comparecer ante el Senado de la Rep煤blica. El motivo: responder por la relaci贸n directa entre su administraci贸n como gobernador de Tabasco y su entonces secretario de Seguridad P煤blica, Hern谩n Berm煤dez Requena, actualmente pr贸fugo y con orden de aprehensi贸n federal por presuntamente liderar la c茅lula delictiva conocida como La Barredora, vinculada al C谩rtel Jalisco Nueva Generaci贸n.
La gravedad de este caso es innegable. Berm煤dez Requena fue titular de la Seguridad P煤blica durante pr谩cticamente todo el mandato de Ad谩n Augusto en Tabasco.
Durante ese periodo, de acuerdo con la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, no solo se toler贸 su actuaci贸n, sino que se consolid贸 un entramado que permiti贸 a una organizaci贸n criminal operar desde el interior del gobierno estatal.
La investigaci贸n federal indica que utiliz贸 la estructura policial para actividades de extorsi贸n, secuestro y control territorial en distintos municipios del estado.
A pesar de que la informaci贸n ya era conocida por las autoridades desde hace al menos dos a帽os, ni Ad谩n Augusto ni su sucesor en la gubernatura, Carlos Manuel Merino Campos, realizaron acci贸n alguna para remover o investigar al funcionario. La permanencia de Berm煤dez en el cargo incluso despu茅s de abiertas las primeras investigaciones, constituye una omisi贸n grave que debe investigarse.
El ex secretario de Gobernaci贸n no acudi贸 al Senado. Envi贸 un oficio en el que expres贸 que su gesti贸n fue honesta y que actu贸 con responsabilidad. No explic贸 por qu茅 mantuvo en su gabinete a un funcionario que ahora es buscado por delitos de delincuencia organizada. Tampoco detall贸 si, como responsable de la pol铆tica interior y coordinador del gabinete de seguridad a nivel federal, tuvo conocimiento previo de los se帽alamientos contra Berm煤dez Requena.
Esta ausencia de respuestas no puede ser interpretada como una estrategia de defensa pol铆tica. Representa un acto de evasi贸n ante un asunto que compromete directamente la seguridad institucional del Estado mexicano.
El silencio de Ad谩n Augusto en este caso se suma al silencio de las autoridades que debieron actuar con oportunidad. El presidente L贸pez Obrador no ha emitido opini贸n al respecto, ni la dirigencia nacional de Morena ha solicitado una investigaci贸n interna.
Los elementos de contexto refuerzan la necesidad de esclarecer este asunto. Durante la administraci贸n de L贸pez Hern谩ndez en Tabasco y posteriormente en Bucareli, se otorgaron contratos p煤blicos por adjudicaci贸n directa a empresas relacionadas con su entorno cercano.
Nombres como RB Tec M茅xico, Medingenium, Vidda Jireh, Avaro y Grupo Serviclover aparecen recurrentemente en los registros de contrataciones gubernamentales, tanto para la adquisici贸n de tecnolog铆a como para la compra de uniformes, equipamiento t谩ctico y servicios log铆sticos.
Estas firmas fueron beneficiadas con recursos p煤blicos sin pasar por procesos de licitaci贸n. En varios casos, se detectaron irregularidades administrativas, entre ellas la falta de dict谩menes t茅cnicos o de transparencia en los convenios. Algunas de estas empresas tienen como representantes o socios a personajes vinculados a Jorge Alberto Medina Gonz谩lez, operador pol铆tico y ex colaborador de Ad谩n Augusto en Tabasco y en la Secretar铆a de Gobernaci贸n.
El patr贸n operativo de estos contratos refleja una estructura administrativa que concentr贸 decisiones estrat茅gicas sin los controles necesarios. Mientras los contratos se asignaban de forma directa, la delincuencia organizada fortalec铆a su presencia dentro de las instituciones de seguridad p煤blica. Esta combinaci贸n de discrecionalidad administrativa y omisi贸n institucional es incompatible con cualquier proyecto serio de transformaci贸n del pa铆s.
Resulta inadmisible que un funcionario de tan alto nivel contin煤e ejerciendo poder pol铆tico sin enfrentar un proceso de esclarecimiento p煤blico. Las instituciones responsables de combatir la corrupci贸n y garantizar la seguridad deben actuar con firmeza. El caso de Tabasco requiere la apertura de una investigaci贸n que abarque al exsecretario pr贸fugo y tambi茅n a quienes lo mantuvieron en funciones y le brindaron cobertura pol铆tica.
La Fiscal铆a General de la Rep煤blica cuenta con los elementos para proceder. La Unidad de Inteligencia Financiera debe revisar el origen y destino de los recursos otorgados mediante adjudicaciones directas. La Auditor铆a Superior de la Federaci贸n debe intervenir de manera urgente para determinar si existieron desv铆os de recursos p煤blicos. El Senado y la C谩mara de Diputados tienen la responsabilidad de exigir cuentas a quienes a煤n ocupan cargos legislativos.
La democracia no se sostiene 煤nicamente con elecciones. Se sostiene con instituciones que funcionan, con servidores p煤blicos que rinden cuentas y con una ciudadan铆a informada que exige responsabilidades. El caso Tabasco no puede quedar archivado ni diluirse entre silencios.
No se trata de un hecho aislado, en esta transformaci贸n se ha vuelto muy com煤n, una cadena de decisiones que comprometieron la seguridad p煤blica y la integridad del Estado.
Es momento de que el pa铆s asuma con seriedad lo que este caso revela: que existen redes de complicidad al m谩s alto nivel, y que solo mediante la acci贸n p煤blica, firme y documentada, se podr谩 evitar que la impunidad contin煤e siendo la regla.
Si alguien ve a Ad谩n Augusto, d铆ganle que lo andan buscando...
Tiempo al tiempo.
