La extorsi贸n es el 煤nico delito de alto impacto que no ha disminuido en M茅xico durante los 煤ltimos seis a帽os.
Mientras el discurso gubernamental presume reducciones en homicidios o secuestros, las cifras de extorsi贸n han seguido en ascenso. El propio gobierno lo reconoce: este delito creci贸 un 28 % entre 2019 y el primer semestre de 2025. Y ante el fracaso acumulado, se ha presentado una nueva iniciativa: una Ley General contra la Extorsi贸n, con cambios constitucionales para que este delito sea perseguido de oficio por el Estado y no dependa ya de la denuncia de la v铆ctima.
Aunque a primera vista parece una respuesta decidida, en realidad es el reflejo de una incapacidad estructural para garantizar justicia y seguridad en el pa铆s. Se ha dicho que con esta ley el Estado asumir谩 la responsabilidad de perseguir el delito y que ya no se requerir谩 que las v铆ctimas denuncien.
Pero eso no resuelve el fondo del problema: el 99.8 % de los casos de extorsi贸n no se denuncian, seg煤n el INEGI. No porque las v铆ctimas no quieran, sino porque temen represalias y no conf铆an en las autoridades, as铆 que propiamente, no es cuesti贸n de apat铆a, es simple y llana supervivencia.
La propuesta, impulsada desde la Presidencia, pretende establecer un marco legal nacional para que los 32 estados armonicen sus c贸digos penales. Se contempla tambi茅n la cancelaci贸n de l铆neas telef贸nicas usadas en extorsi贸n, el congelamiento de cuentas bancarias por parte de la UIF, la creaci贸n de unidades estatales especializadas y la utilizaci贸n del n煤mero 089 como canal nacional para denuncias an贸nimas.
Todo esto suena bien. El problema es que ya hemos escuchado este tipo de medidas en el pasado, y casi nunca se han traducido en acciones efectivas.
Congelar cuentas y cancelar chips telef贸nicos no desarticula redes criminales. Crear unidades estatales sin dotarlas de personal, presupuesto ni protocolos anticorrupci贸n es solo reordenar el fracaso.
La iniciativa adem谩s deposita una fe excesiva en la capacidad de coordinaci贸n federalista, un escenario optimista que la realidad niega todos los d铆as. Los Congresos estatales tienen agendas pol铆ticas propias, y muchos gobiernos locales carecen de los recursos m铆nimos para implementar nuevas estructuras legales.
Este centralismo disfrazado de armonizaci贸n terminar谩 en par谩lisis legislativa o en reformas cosm茅ticas sin operatividad real.
Adem谩s, organizaciones especializadas como Perteneces A.C. y M茅xico Eval煤a han advertido que la propuesta sufre de "maquillaje punitivo": se agravan penas o se ampl铆an facultades sin atender los vac铆os fundamentales del sistema penal. No hay una estrategia integral de inteligencia, ni fortalecimiento de polic铆as ministeriales, ni mecanismos reales de protecci贸n a v铆ctimas y denunciantes.
A la fecha, s贸lo el 20 % de las denuncias por extorsi贸n logran abrir una carpeta de investigaci贸n. De esas, apenas una quinta parte llega a juicio y obtiene sentencia condenatoria.
Eso significa que m谩s del 96 % de los extorsionadores no enfrentan consecuencias. Ninguna ley, por bien redactada que est茅, puede revertir una impunidad estructural si no hay voluntad pol铆tica, capacidades t茅cnicas ni controles efectivos.
Otro riesgo importante es que la ley, al declarar que el Estado puede iniciar procesos de oficio, centraliza a煤n m谩s el poder punitivo sin garantizar transparencia, debida diligencia ni control judicial efectivo.
En un pa铆s donde el abuso de autoridad es frecuente, eso puede derivar en persecuciones selectivas o incluso en criminalizaci贸n de la protesta y la disidencia, si no se establecen salvaguardas claras.
A esto se suma un contexto pol铆tico evidente: la cercan铆a del Mundial 2026 y la necesidad de mostrar resultados de cara a la pr贸xima elecci贸n presidencial en 2030.
Las reformas contra la extorsi贸n se presentan como s铆mbolo de firmeza y eficacia, pero en el fondo tambi茅n buscan legitimar a un gobierno que, aunque popular, no ha logrado contener la violencia cotidiana ni recuperar la autoridad territorial en regiones capturadas por el crimen organizado.
Mientras tanto, la extorsi贸n contin煤a. El cobro de piso ya no se limita a negocios visibles: alcanza a repartidores, transportistas, trabajadores informales, migrantes, comerciantes digitales. Ocho estados concentran el 66 % de las v铆ctimas. En algunos municipios, pagar extorsi贸n es parte del presupuesto operativo. Y cuando el crimen organizado no extorsiona, lo hace la autoridad local bajo otros nombres: 鈥渃uotas鈥, 鈥渄erechos鈥, 鈥渃olaboraciones鈥.
El problema no es solo legal. Es profundamente pol铆tico e institucional. Sin polic铆as confiables, sin ministerios p煤blicos capacitados y sin jueces que apliquen la ley sin miedo o favoritismo, la Ley General contra la Extorsi贸n ser谩 otro proyecto que suena bien en tribuna pero fracasa en la calle.
Una ley nacional contra la extorsi贸n no es en s铆 una mala idea; es apenas el m铆nimo. Pero sin voluntad pol铆tica, sin justicia funcional y sin instituciones blindadas frente al crimen, ser谩 otro monumento legislativo construido sobre cimientos podridos. M茅xico no necesita m谩s reformas que pretendan resolver desde el papel lo que se ha dejado crecer en la realidad. Necesita un Estado que funcione. Hasta entonces, ni el delito disminuir谩 ni la confianza regresar谩.
Tiempo al tiempo.
