Vaya días que hemos tenido últimamente con el tema del Ejército, la Guardia Nacional, el caso Ayotzinapa, los desplantes del General Luis Cresencio y, por supuesto, las famosas Guacamayas.
Cada vez nos queda más claro que eso de rendir cuentas no es cualidad de las fuerzas armadas y pues ahora que cuentan con autoridad y poder casi absoluto y con más de 111 mil millones de pesos de presupuesto, pues menos, mucho menos.
Las democracias más avanzadas del mundo, incluso del que se ufana ser el Ejército más poderoso del mundo, la seguridad está a cargo de un civil.
Nuestro sistema de seguridad está más cerca de países como Colombia, Arabia Saudita, Corea del Norte, Tailandia, Yemen, Angola, Nicaragua, Camboya, Kazajstán, Eritrea, Irán, Vietnam, Chad o Siria.
La mayor parte de los países desarrollados, con sistemas de seguridad consolidados y bajas tasas de inseguridad –como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Japón, Reino Unido o los países nórdicos–, tienen en común el mando civil total en las fuerzas de seguridad pública.
Los otros tres modelos, en especial el mando militar y el concurrente son, salvo algunas excepciones, más característicos de países autoritarios y poco desarrolladosque es donde López nos está colocando.
Aquí en México seguimos atrapados, insistiendo en tener a un militar encargado de la seguridad nacional, a pesar de que la historia reciente, por lo menos en los últimos 20 años de intervención militar en seguridad pública, no han logrado poner fin a la violencia del crimen organizado en México, sin mencionar las incontables atrocidades cometidas por soldados y marinos, ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura, gozando de total impunidad.
Los militares, con el gobierno de López, son dueños de empresas privadas, contratistas de obras públicas y participan en diversos tramos de la administración gubernamental reservados a los civiles. Y por si fuera poco, vienen con una aerolínea.
Hoy los militares tiene facultades para detener e interrogar a civiles, resguardar la escena del crimen, recoger y preservar evidencias, detener a migrantes indocumentados y obtener órdenes judiciales para rastrear la actividad y la ubicación de teléfonos celulares.
Y pues ya sabemos que esto termina en graves faltas a los derechos humanos, desde la detención arbitraria de civiles, con pruebas inventadas, los han mantenido en bases militares sin imputarles ningún delito, los han sometido a golpizas, simulacros de ahogamiento, descargas eléctricas y, a veces, han amenazado con violarlos, a menudo para extraer confesiones por la fuerza, de acuerdo con informes revelados a diversas ONGS.
Soldados y marinos también han ejecutado a civiles no armados, en ocasiones de forma deliberada, y han perpetrado desapariciones forzadas y sucede también con el actual régimen
Durante los primeros tres años de la presidencia de López Obrador, el Ejército informó que, en 640 enfrentamientos con civiles armados, mató a 515 personas, detuvo a 381 e hirió a 89, y que 21 soldados habían muerto durante ese período.
Y esos son datos que solo ellos conocen, pues generalmente, las autoridades no realizan investigaciones independientes sobre el uso de la fuerza letal por parte de militares en las operaciones de seguridad pública. Así que todo siempre ha sido muy conveniente.
Todo esto está sucediendo a pesar de que La Corte Interamericana de Derechos Humanos en repetidas ocasiones dictaminó, incluso en 2018 en un caso contra México, que los militares solo deberían intervenir en tareas de orden público en circunstancias extraordinarias, con el fin de apoyar a los funcionarios civiles, pero no de reemplazarlos, y bajo una estricta fiscalización para asegurar que haya rendición de cuentas. Recomendaciones que hoy simplemente no valen
El Ejército siempre, desde su historia, le ha apostado al olvido, a dejar pasar los asuntos y hacer su pacto de silencio ya lo que sigue. Así es, el abrumador silencio les ha salido rentable.
Aguantar, resistir la crítica, a la opinión pública, antes que enfrentarla.
Hoy estamos sufriendo las consecuencias de la instalación de un gobierno populista, la opresión del poder civil, y el auge de poder militar.
Con la mano en la cintura, Luis Crescencio Sandoval se negó a ir a la Cámara de Diputados a comparecer por el asunto de las Guacamayas y no solamente eso, el general los llama a su oficina para después cancelarles, lo peor los diputados defendiendolo, los lacayos de Morena, asi se deja claro quien manda en la actual administración y que los militares no están dispuestos a rendir cuentas al poder legislativo, al que desprecian igual que al civil.
No es sensato pedir un regreso inmediato a los cuarteles, pero también es cierto que algo ocurre al interior de la Sedena y no lo debemos pasar por alto.
El Ejército es parte fundamental, estratégica de nuestra sociedad, pero no por eso vamos a dejar de exigir cuentas, muy al contrario, pues como ya dijimos, es la dependencia que más presupuesto recibe.
Y hoy gozan de un poder sin precedentes.
La estratocracia está a la vuelta de la esquina, nadie de nosotros quiere eso, es nuestra responsabilidad desde nuestras trincheras consolidar nuestra democracia, con una ciudadanía mås fortalecida, más participativa.
Los mexicanos queremos una república civil no una militar.
Tiempo al tiempo.
@hecguerrero
Tiempo al tiempo.
