La encuesta sobre la reforma electoral que publicó ayer EL FINANCIERO revela varios aspectos interesantes de la opinión pública mexicana. Expongo aquí algunos puntos para su consideración y análisis.
1. La propuesta de reforma electoral del Presidente tiene buenos niveles de aceptación ciudadana, tanto en lo general como en la mayoría de sus planteamientos específicos. Por ejemplo, reducir el número de legisladores cuenta con más de 80 por ciento de aceptación, y elegir diputados por medio de listas, 65 por ciento. No obstante, la intención de sustituir al INE por un INEC divide más las opiniones y no alcanza apoyo mayoritario: 49 por ciento.
La encuesta sugiere algunas razones de por qué: una mayoría de 65 por ciento de ciudadanos aprueba la labor que hace el INE en organizar las elecciones. Además, a 72 por ciento de los mexicanos le da orgullo votar en los comicios y 61 por ciento está de acuerdo en que, como ciudadano, puede influir en los asuntos políticos. Señales de cultura electoral y eficacia política.
2. En contraste, la propuesta de una segunda vuelta en elecciones presidenciales se topa con un rechazo mayoritario: 33 por ciento está a favor y 58 por ciento en contra (la encuesta no menciona que se trata de una propuesta del PAN). El rechazo era alto desde 2013, cuando 36 por ciento estaba a favor y 49 por ciento en contra. La segunda vuelta también se discutió hace cinco años, luego de las elecciones en Francia, así que parece una moda cíclica que nos llega de París después de los comicios (ver mi columna Macronistas y segundavueltistas, 19 mayo 2017).
Una segunda vuelta tendría algo de sentido si las principales fuerzas políticas tuvieran poco más 20 por ciento de las preferencias, como sucede en Francia. Pero venimos de una elección en 2018 que produjo, sin ningún cambio a la ley electoral, un Presidente con mayoría, y eso ha provocado un reagrupamiento de las fuerzas políticas hacia un sistema bipartidista de facto, con dos grandes bloques políticos y un partido menor no alineado (cuyos electores tendrían el voto de calidad). Por otro lado, la propuesta se centra en darle legitimidad a los gobernantes, cuando la ciudadanía lo que espera de una reforma es que empodere a los ciudadanos, como comentaré a continuación.
3. Al preguntar en la encuesta cuál consideran que debe ser el principal objetivo de una reforma electoral, casi la mitad del electorado dijo que reducir costos y ahorrar recursos, mientras que la otra mitad puso énfasis en mejorar la calidad de la democracia en el país. Ambas posturas son importantes y cada lado tiene sus razones. En sintonía con la política de austeridad del Presidente, 68 por ciento apoya que se baje el financiamiento público a los partidos políticos relativo a sus actividades ordinarias.
Pero la austeridad no se acepta a cualquier costo. La encuesta deja claro que hay un fuerte deseo por mejorar la calidad de la democracia. Habrá que analizar qué significa eso, pero por lo pronto la encuesta arroja el siguiente dato: 22 por ciento opina que el principal objetivo de una reforma político-electoral es dar más poder al Presidente para transformar al país; en contraste, una amplia mayoría de 75 por ciento prefiere fortalecer los derechos y las libertades de los ciudadanos.
Aquí el mensaje es firme y claro: quienes buscan reformar las reglas e instituciones electorales deben justificar cómo su propuesta empodera a la ciudadanía.
Centralizar el poder o debilitar las autonomías no parecen aceptables. Algunos comentaristas han planteado temores de que, con la sustitución del INE, se busca controlar las elecciones. La encuesta no necesariamente avala esos temores, pero sí documenta el rechazo a la centralización de poder y una amplia aceptación a nuestra actual infraestructura electoral.
De darse, una reforma electoral debería centrarse en el empoderamiento ciudadano. Las elecciones cuestan, las instituciones de representación política cuestan, la democracia cuesta, pero la pregunta no es solamente cómo reducir costos, sino cómo mejorar el funcionamiento democrático, la transparencia, la rendición de cuentas, fortaleciendo las libertades, la igualdad política y el apego a la legalidad. En otras palabras, una reforma democrática y democéntrica.
