Jorge Alfredo Lera-Mejía
Este caso debería ser punto de inflexión hacia un modelo industrial más sólido y menos dependiente de un solo corporativo.
El impacto de los aranceles de Donald Trump y la creciente conflictividad laboral asociada a la actuación de la abogada y activista Susana Prieto Terrazas han golpeado al empleo maquilador de esta ciudad tamaulipeca.
Un entorno laboral más incierto para los migrantes mexicanos en EStados Unidos, está presionando a la baja su capacidad de enviar remesas de manera estable en el mediano plazo.
Altamira se consolida como el principal hub logístico y de movilidad del noreste de México.
Este proyecto marca un punto de inflexión no solo para Pemex, su socio mexicano, sino para Tamaulipas.
Para evitar una crisis mayor de bajo crecimiento y pérdida de empleos, se requiere una estrategia de política económica basada en cinco grandes ejes.
Este panorama exige una agenda integral que combine política migratoria laboral externa con políticas internas de desarrollo productivo y protección social.
Con lo ocurrido en el Istmo, cualquier discurso triunfalista sobre “el año de los trenes” queda vacío si lo prioritario es la prisa política por inaugurar obras por sobre la seguridad del pasajero.
La coyuntura exige un giro de política económica que pase del asistencialismo fragmentado a una agenda de inversión, productividad y empleo formal.
En México hay una “trampa de baja productividad”: millones de personas trabajan, pero atrapadas en actividades de supervivencia con poco valor agregado y sin movilidad laboral.
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