REPORTACERO
Monterrey, N.L., 1 Dic.- La aprobaci贸n en el Congreso de la Uni贸n de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsi贸n representa un avance necesario ante un delito que afecta la seguridad, la actividad productiva y la estabilidad social.
Desde la Confederaci贸n Patronal de la Rep煤blica Mexicana (COPARMEX), hemos insistido en la urgencia de contar con un marco jur铆dico integral y uniforme para frenar su expansi贸n, que hoy golpea con especial dureza a comercios, transportistas y a las micro, peque帽as y medianas empresas, MiPyMEs, del pa铆s.
Esta nueva Ley responde a una demanda ciudadana y empresarial para cerrar espacios a la impunidad y fortalecer la coordinaci贸n de todas las autoridades en el combate a una de las pr谩cticas il铆citas de mayor impacto para las familias, las comunidades y el tejido productivo del pa铆s.
En M茅xico, la dimensi贸n del problema es innegable: Sin considerar la cifra negra de 97% de denuncias que no se hacen por miedo o desconfianza en las autoridades, los datos oficiales revelan que cada d铆a 31.3 personas denuncian haber sufrido extorsi贸n y, tan solo en 2024, este delito gener贸 p茅rdidas superiores a 21 mil millones de pesos.
Estas cifras corresponden 煤nicamente a los impactos econ贸micos reportados por las v铆ctimas en general -no se especifica por empresas o comercios- e incluyen pagos y gastos asociados derivados del delito, conforme a la metodolog铆a de la ENVIPE.
A trav茅s de #DataCOPARMEX, confirmamos que el 12.8% de nuestras Empresas socias han sido v铆ctimas, principalmente mediante llamadas telef贸nicas (70.5%).
Este escenario condiciona las decisiones de inversi贸n y crecimiento, dado que el 49.5% de nuestros afiliados considera que la inseguridad es el principal obst谩culo para desarrollarse. Estas cifras obligan a una respuesta institucional profunda, coordinada y con resultados medibles.
En COPARMEX consideramos que la promulgaci贸n de esta ley abre una oportunidad para el pa铆s y exige que el Gobierno Federal y los gobiernos estatales doten de recursos, capacidades t茅cnicas e infraestructura institucional a todas las autoridades responsables.
Para que la nueva Ley General pueda traducirse en resultados reales, son necesarias tres acciones indispensables:
- Garantizar presupuesto suficiente y etiquetado para todas las tareas derivadas de su implementaci贸n.
- Capacitar a Polic铆as, Fiscal铆as y Jueces para asegurar una aplicaci贸n correcta y efectiva del nuevo marco jur铆dico.
- Sensibilizar a Gobernadores y Congresos locales para homologar cuanto antes sus legislaciones, de manera que la operaci贸n nacional sea coherente, coordinada y capaz de frenar un delito que hoy avanza sin l铆mites.
La minuta incorpora progresos relevantes como el incremento de penalidades, donde las sanciones generales oscilan entre 15 y 20 a帽os de prisi贸n y pueden llegar hasta 30 a帽os en casos agravados.
Reconocemos tambi茅n las disposiciones que refuerzan las obligaciones de los servidores p煤blicos encargados de seguridad, investigaci贸n y custodia, quienes enfrentar谩n penas hasta en un tercio mayores e inhabilitaci贸n cuando participen en la comisi贸n del delito.
Dicha medida es fundamental para impedir que redes que operan al margen de la ley, incluso con apoyo interno, contin煤en afectando a personas y Empresas en todo el pa铆s.
Valoramos la incorporaci贸n de mecanismos de protecci贸n reforzada para v铆ctimas, como el resguardo de identidad, imagen y voz mediante herramientas tecnol贸gicas que garanticen el anonimato, as铆 como la inclusi贸n de una perspectiva de g茅nero en la atenci贸n.
Es relevante la obligaci贸n de instalar inhibidores de se帽al y tecnolog铆as de bloqueo en centros penitenciarios en un plazo m谩ximo de 180 d铆as h谩biles.
Desde la Confederaci贸n hemos reiterado que una parte significativa de las extorsiones se origina en estos espacios, por lo que esta disposici贸n es indispensable para cortar de ra铆z una fuente persistente de intimidaci贸n y da帽o econ贸mico.
Adem谩s, para las MiPyMEs -motor del empleo y del desarrollo local- la nueva ley es un instrumento indispensable. La extorsi贸n frena su capacidad de invertir, operar y crecer; en muchos casos las obliga a cerrar y rompe cadenas productivas completas.
Contar con un marco jur铆dico homologado y con sanciones claras ofrece certidumbre y fortalece las condiciones necesarias para que comercios, peque帽os negocios y emprendedores trabajen, inviertan y crezcan en un entorno seguro, libre de amenazas y cobros il铆citos.
Desde COPARMEX reafirmamos nuestra disposici贸n para colaborar con el Poder Legislativo, autoridades de seguridad y gobiernos estatales y municipales en una reglamentaci贸n clara que brinde certeza a las v铆ctimas y asegure definiciones precisas que protejan plenamente los derechos humanos y eviten interpretaciones discrecionales.
M茅xico necesita instituciones que respondan a la urgencia y empresas que operen en un entorno de seguridad y confianza, sin intimidaci贸n, donde las familias vivan con tranquilidad y donde ning煤n grupo que opera al margen la ley condicione la vida econ贸mica o social de las comunidades.
