Cuando es el mismo Presidente de un país el que le dice a un reportero que su medio de comunicación no sirve porque “no lo apoya” en su labor de Gobierno, estamos en serios problemas con la democracia.
Así lo han hecho, por motivos diversos, pero con el mismo fin, tanto el Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador como el ejecutivo estadounidense, Donald Trump.
AMLO asegura, por ejemplo, que no se molesta en leer la revista PROCESO, el semanario político de mayor circulación en México y con una amplia reputación de publicación crítica e independiente, porque lo considera “conservador”.
El Presidente Trump, por su parte, se ha referido al New York Times como un periódico que publica sólo “fake news” (noticias falsas) y a otros medios, como el Washington Post, como enemigos de Estados Unidos, hágame usted el favor.
No hay conducta más autoritaria que señalar desde una alta tribuna política lo que conviene que los periódicos, la radio y la televisión publiquen o difundan y cómo lo hagan.
Ellos supeditan, en su febril imaginación, la labor de los medios a un simple dilema: o “apoyan” las transformaciones y políticas que quieren llevar a cabo, o son “adversarios”, “conservadores” y “enemigos de sus gobiernosV. Sin medias tintas, sin matices ni reservas. Estás con nosotros o en nuestra contra, afirman públicamente.
Sobra decir lo que este tipo de actitudes hacen a la sociedad: la polarizan en posiciones antagónicas, cancelan los caminos del diálogo, anulan los entendimientos y todo se vuelve hostil. Conviene advertir a nuestros gobernantes que al comportarse así van contracorriente de la libertad de expresión. Y recordarles que el 10 de julio fue firmada en Londres una nueva Declaración Conjunta sobre los Desafíos a la Libertad de Expresión en la próxima Década, en el marco de la Organización de Naciones Unidas.
En ese documento, se señala a los gobiernos la necesidad de asegurar el ejercicio y los espacios para la libre expresión y se les pide:
1) Tomar medidas inmediatas y significativas para proteger la seguridad de los periodistas y otras personas que sean atacadas por ejercer su derecho a la libertad de expresión y poner fin a la impunidad de dichos ataques.
2) Garantizar la protección de la libertad de expresión en los marcos legales internos, regulatorios y reglamentarios respetando las normas internacionales, incluyendo la limitación de las restricciones penales a la libertad de expresión a fin de no disuadir el debate público sobre los asuntos de interés público. Pero, ¿qué hacer cuando las violaciones a la libertad de expresión vienen de los mismos gobernantes? ¿A quién acuden los periodistas y los medios de comunicación señalados por el índice de fuego de un gobernante arrogante?
Las restricciones, censura o ataques contra los periodistas y la libertad de expresión no deben dejarse pasar como ‘ocurrencias’ de tal o cual gobernante, como algo pintoresco o de color. Al contrario, deben enfrentarse por una sencilla razón: al atacar a los periodistas y a la libertad de expresión, se ataca a la democracia misma. Quienes lo hacen, aun en nombre de las mejores causas progresistas, son, en los hechos, los peores enemigos de la democracia. No hay distinción entre derechas e izquierdas en lo que al hostigamiento a los medios de comunicación se refiere. No hay “ataques buenos” ni “ataques malos”, solamente “ataques”.
No solo vemos en ese comportamiento una evidente falta de comprensión de cuál es el papel de los medios de comunicación en una sociedad, sino un franco desprecio hacia los mismos.
“No nos apoyan” es la frase que denota en quien la usa un impulso por llevar sus acciones de gobierno por sobre lo que sea, medios de comunicación o las leyes, con tal de conseguir su objetivo. “Fake news” es el corolario de una mentalidad autoritaria que no concibe que su poder sea sujeto al escrutinio público. No tienen frontera los ataques a la libertad de expresión, como tampoco lo tiene la defensa de ese concepto fundamental para la vida democrática. No bajemos la guardia.
