Si me preguntan què pienso sobre Bolivia, ¿hubo “golpe de Estado” contra Evo Morales o fue una crisis de gobierno severa lo que le hizo renunciar?, me inclino, con base a la información pública disponible, hasta ahora por la segunda versión.
De hecho, con la llegada de un nuevo Gobierno boliviano, es factible que se abra una investigación judicial en torno a la elección presidencial del 20 de octubre pasado y que se finquen responsabilidades a Evo Morales.
Eso, a su vez, presentaría al Gobierno de México con el dilema de haber dado asilo polìtico a un exgobernante que podría ser requerido por la justicia de su país, y a quien se le recibió en suelo mexicano con el argumento de que es “víctima” de un “golpe de Estado”, según declaraciones del Presidente Lòpez Obrador.
¿Por què lo digo? En toda esta discusión sobre si la renuncia de Evo Morales a la Presidencia de Bolivia el 10 de noviembre fue o no un “golpe de Estado”, hay que tener presente el reporte dado a conocer el 10 de noviembre por la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre las elecciones presidenciales del 20 de octubre.
Ese documento es clave para comprender el callejón sin salida en el que se había colocado el Presidente Morales a raíz de la cuestionada elección: los señalamientos de irregularidades y de un “fraude” electoral son abrumadores, era insostenible el “triunfo” de Evo en esos términos, pero él se aferraba al resultado.
El “Análisis de Integridad Electoral. Elecciones generales en el Estado Plurinominal de Bolivia, octubre 2019”, elaborado con un equipo de expertos auditores electorales enviados a Bolivia por la Secretarìa General de la OEA, con el consentimiento expreso del Presidente Morales, simplemente no avalò los resultados electorales y sugirió repetir el proceso electoral.
En las conclusiones sobre sus hallazgos preliminares, el Informe (que se puede consultar en www.oas.org) nos dice lo siguiente:
“En los cuatro elementos revisados (tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas) se encontraron irregularidades, que varìan de muy graves hasta indicativas. Esto lleva al equipo técnico auditor a cuestionar la integridad de los resultados de la elección del 20 de octubre pasado”.
Además, nos señalan que “las manipulaiones al sistema informàtico son de tal magnitud que deben ser profundamente investigadas por parte del Estado boliviano para llegar al fondo y deslindar las responsabilidades de este caso grave”.
“Teniendo en cuenta las proyecciones estadísticas”, continúan diciendo los auditores, “resulta posible que el candidato Morales haya quedado en primer lugar y el candidato Mesa en segundo. Sin embargo, resulta improbable estadísticamente que Morales haya obtenido el 10% de diferencia para evitar una segunda vuelta”.
Finalmente, “el equipo auditor no puede validar los resultados de la presente elección, por lo que recomienda otro proceso electoral. Cualquier futuro proceso deberá contar con nuevas autoridades electorales para poder llevar a cabo comicios confiables”.
No dejaron de señalar los auditores que seguirían procesando informaciòn y revisando las más de 250 denuncias recibidas sobre el proceso electoral para redactar el informe final.
Yo no cuestiono que el Gobierno de México le conceda asilo político a Evo Morales, ese acto va en consonancia con la tradición diplomática mexicana.
Lo debatible es el manejo, que parece precipitado, del argumento de “golpe de Estado” por el Gobierno mexicano sin considerar otros actores presentes en la crisis boliviana y, sobre todo, sin referencia a que la comisión de auditores electorales enviada por la ONU no validò los resultados electorales por las graves irregularidades encontradas.
Un acto generoso de asilo político a un gobernante cuestionado podrìa desembocar en una confrontación seria de México ante la OEA y, posiblemente, ante el nuevo Gobierno boliviano.
Eso podría suceder cuando no necesitamos más crisis en México: ¿què harà el Gobierno mexicano si en el futuro le piden que regrese Evo a Bolivia?
