Apenas se acaba de asentar el polvo de las balaceras y persecuciones por las calles de Culiacán, Sinaloa, cuando es preciso preguntar ¿y ahora, qué sigue?
Mucho me temo que el de Culiacán no será un evento aislado, sino que forma parte de un patrón de enfrentamientos que continuará en otras ciudades y regiones de México representando un severo cuestionamiento a la legitimidad del Gobierno en turno y del Estado mexicano en su conjunto.
No hay tregua en este fenómeno. El narcotráfico, la delincuencia organizada y la delincuencia común, no dan respiro alguno a las autoridades, las cuales no brillan por su eficiencia.
En la misma semana de lo de Culiacán, hubo eventos trágicos en Guerrero y Michoacán con muchos muertos en ambos casos. En los días posteriores a la liberación del Chapito, no ha parado la sucesión de homicidios dolosos en varias partes de México.
¿Qué sigue? Como ciudadano, lo que espero es un cambio de actitud y de estrategia del Gobierno del Presidente López Obrador en cuestiones de seguridad.
Lo que ha hecho hasta ahora su gobierno es insuficiente y prácticamente inútil para contener la ola de criminalidad que padecemos.
México vive días de emergencia. Se percibe en el aire una mezcla rara de temor de los ciudadanos, señales de ineptitud de los gobernantes, indicios de un profundo malestar en las Fuerzas Armadas que están, por ahora, pagando un elevado costo político por acatar las órdenes presidenciales.
Como ciudadano, veo a la sociedad mexicana sumida en el desconcierto por los eventos violentos de criminalidad, pero a la vez sumamente pasiva para exigir a gobernantes y legisladores que se dediquen de inmediato y por completo a buscar vìas de solución a la emergencia actual.
Dejar hacer, dejar pasar, no lleva más que al abismo. Si el crimen organizado percibe que la actitud actual del Gobierno federal de no confrontación se mantiene como la estrategia permanente, entonces, su poder e influencia crecerá a mayores niveles que los actuales.
No sólo querrá el crimen organizado controlar más territorios, sino influir directamente en el manejo del gobierno, en la selección de candidatos a puestos de elección popular, en el financiamiento de campañas electorales, en las cámaras de legisladores locales y en la federal, en tribunales y juzgados, si no es que ya lo hace.
Como ciudadano, creo que todavía hay tiempo para rectificar si se tiene la voluntad de escuchar -en los círculos de gobierno- los puntos de vista diferentes y aceptar la evidencia contundente de las batallas perdidas, como la de Culiacán, de manera vergonzosa por el Gobierno federal.
La inseguridad y la ola de violencia criminal, el posible empoderamiento exponencial del crimen organizado al no confrontarlo, no es un tema partidista o electoral, sino una cuestión de sobrevivencia del Estado mexicano en su conjunto.
La cuestión rebasa incluso a la figura del Presidente López Obrador. Su éxito en las urnas no se ha traducido realmente, en el ámbito de la seguridad pública al menos, en acciones y logros que le den fuerza.
Más bien, la violencia criminal pone en evidencia la debilidad relativa del Gobierno frente al poderìo del crimen organizado. Es lamentable decirlo, pero ¿de qué sirve negarlo?
En México, el poder presidencial tiene límites, hay fronteras que no puede cruzar, se puede doblar a presiones internas y externas. Aquì ya no cuentan los votos en las urnas, aquí no sirven de nada; lo que vale es la capacidad de liderazgo, la visión política de altura y la estrategia más adecuada para alcanzar los objetivos planteados.
¿Tiene hoy el Presidente López Obrador eso que se necesita para sacar a México del torbellino de la violencia criminal?
Es de humanos errar; es de sabios rectificar. Es de necios perseverar.
