Quizá el tema más difícil de abordar para mí, como analista, sea el de la desaparición de personas en México. Es algo que me lastima en lo más profundo y me impide conservar la serenidad que requiere el análisis periodístico.
Por eso esperaba con ansiedad el informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas en México de la ONU-DH (Organización de Naciones Unidas-Alto Comisionado de los Derechos Humanos), en el cual se presentan las conclusiones de sus investigaciones y del viaje de sus expertos a nuestro país en noviembre del 2021.
No son la revocación de mandato, ni la reforma eléctrica o los desplantes mañaneros del Presidente de la República, los temas que definen a México, aunque predominen en la opinión pública; el gran tema, crucial y definitorio para saber qué somos como nación y como gobierno, es el de la desaparición de personas.
En ese tema, se estrella la razón de ser del Estado mexicano (garantizar la seguridad e integridad física de los mexicanos) y su pretensión de que tenemos un estado de derecho: la impunidad casi total que rodea a la desaparición de personas, los inexistentes castigos a ese delito, así lo atestiguan.
En fin, ni seguridad garantizada ni castigo a los delincuentes, ¿se necesita algo más para saber que esa es la cara cruda y verdadera de México?
El informe del Comité, dado a conocer el 12 de abril, es demoledor en algunas de sus conclusiones:
1. “La delincuencia organizada se ha convertido en un perpetrador central de desapariciones en México, con diversos grados de participación, aquiescencia u omisión de servidores públicos”.
2. “Los Estados parte (se refiere a México) son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”.
3. “La impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas y pone en peligro y causa zozobra a las víctimas, a quienes defienden y promueven sus derechos, a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos y a la sociedad en su conjunto”.
Las cifras son perturbadoras: se han registrado 95 mil 121 personas desaparecidas hasta noviembre de 2021. En los últimos cinco años, han ocurrido 8 mil nuevas desapariciones cada año, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
Las desapariciones siguen afectando principalmente a hombres entre 15 y 40 años, nos dice el Comité. Otra tendencia resalta, sin embargo, al ir en ascenso a partir de la pandemia de coronavirus: las desapariciones de niños y niñas de más de 12 años, así como de adolescentes y mujeres: “víctimas y autoridades también reportaron desapariciones que tenían por objetivo la trata y explotación sexual”, expresa el reporte.
Otros rasgos sumamente preocupantes son las desapariciones de buscadores que participan en ONGs dedicas a la búsqueda de personas en fosas y entierros clandestinos, y los más de 30 periodistas desaparecidos entre 2003 y 2021.
¿Qué recomienda el Comité al Estado mexicano? Nada menos que un giro profundo a su política actual (que se resume en “abrazos, no balazos”): “Para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la prevención debe ser el centro de la política nacional para la prevención y erradicación de las desapariciones forzadas... la desaparición forzada en México es un problema de todos: de la sociedad en su conjunto y de toda la humanidad”.
En concreto, se le sugiere al Gobierno mexicano lo siguiente:
1. Fortalecer los procesos de búsqueda e investigación brindando apoyo humano y financiero adecuado a la Comisión Nacional de Búsqueda y a las comisiones locales.
2. Asegurar la coordinación sistemática y efectiva de todas las instituciones involucradas en el proceso de búsqueda, investigación, reparación y acompañamiento de víctimas.
3. Eliminar los obstáculos en la persecución penal.
4. Atender a las desapariciones de migrantes.
5. Abordar la crisis forense: más de 52 mil personas fallecidas se encuentran en fosas comunes, instalaciones de servicios forenses, universidades y centros de custodia y almacenamiento forense.
6. Concluir la implementación del Plan Nacional de Búsqueda para llevar a cabo búsquedas e investigaciones.
Buscar y encontrar a los desaparecidos y combatir la impunidad de este “crimen perfecto” que son las desapariciones debería ser una cruzada del gobierno federal, pero no lo es: ahí reside la razón de su fracaso, ¿para que existe el Estado mexicano si no hay seguridad en nuestro país?
