No importa el color, nombre o ideología del Presidente en turno o del Gobierno dominante del momento, como periodista siempre dirigiré mi crítica a quien abuse del poder y ponga en riesgo a la democracia mexicana.
Por eso, antes de siquiera discutir sobre los detalles y la pertinencia de las medidas anunciadas el 22 de abril por el Presidente López Obrador para “reactivar” la economía, lastimada severamente por la pandemia del coronavirus, quiero señalar el enorme riesgo que corren en este momento las instituciones políticas mexicanas.
Al gobernar por decreto -como la vía para imponer sus decisiones sobre la sociedad- el Presidente López Obrador desdeña lo que hubiera sido la vía adecuada para alcanzar un gran acuerdo nacional de reactivación económica: por ejemplo, la deliberación de una propuesta suya de ley en el seno del Congreso de la Unión y su posterior revisión por el Senado de la República.
Si al Congreso lo domina su propio partido, Morena, por mayoría absoluta con sus aliados, ¿qué tenía que perder el Presidente con sus operadores morenistas Mario Delgado (coordinador de los diputados) y Ricardo Monreal (coordinador de los senadores)?
Al excluir por completo al Poder Legislativo, al cual sólo convocó el Presidente recientemente para discutir su propuesta de Ley de Amnistía (al impedir Ricardo Monreal que se incluyera en la agenda la discusión de un plan económico), justamente cuando nos encontramos en plena emergencia sanitaria y económica, López Obrador perdió la oportunidad de lograr un acuerdo incluyente que reflejara la diversidad social, política y económica de México.
Al ignorar las reiteradas peticiones de apoyos fiscales y económicos para todos los sectores de la economía y los programas propuestos por organismos empresariales, además de las convocatorias a un pacto nacional, el Presidente restó legitimidad a su propia -a su única- propuesta y se aventuró a transitar en el terreno del autoritarismo.
¿O cómo interpretar -que no sea como autoritario y excluyente- un Decreto en el cual se plasmaron únicamente los programas sociales y proyectos de infraestructura promovidos desde la Presidencia de la República, los cuales van en contra de opiniones autorizadas de expertos en México y en el exterior que plantean la conveniencia de su suspensión?
No voy a ir al extremo de calificar la acción de López Obrador como un “golpe de Estado”, pero sí creo que dio un golpe de autoridad excesivo, no representativo de la diversidad política mexicana, y moral y legalmente rebatible.
Gobernar por decreto es entregarse a los brazos de la tentación autoritaria. Utilizar a la emergencia sanitaria como pretexto y justificación de sus acciones es éticamente reprobable o, para utilizar su propia jerga, lo podría dejar “moralmente derrotado” ante la sociedad mexicana.
No sé cuándo empezó el aislamiento del Presidente López Obrador de las voces y opiniones que, idealmente, deben fluir a la cabeza del Poder Ejecutivo desde todo el abanico político e ideológico de Mêxico.
No sé en qué momento se agudizó su distanciamiento de los actores políticos y las fuerzas sociales que él califica, sin fundamento, como los “adversarios” a su proyecto de nación.
Lo que sí sé es que el Congreso de la Unión y los Senadores de la República han dejado que sea el Ejecutivo el que tome, bajo su particular y exclusivo criterio, las decisiones trascendentales que México necesita para superar la actual crisis sanitaria y económica.
El abandono del liderazgo del Congreso de la Unión frente al avasallamiento presidencial equivale a dar la espalda a la sociedad mexicana, a dejarla a merced de una dirigencia presidencial errática, piramidal y excluyente. Se equipara a una traición al pueblo de México y a sí mismo, al no defender la autonomía del Legislativo.
¿Qué quiere hacer el Presidente López Obrador? ¿Gobernar de espaldas con un Congreso de la Unión que es rehén de la mayoría legislativa de Morena? ¿Imponer a toda costa y por encima de la sociedad mexicana su proyecto de nación? ¿Hacia dónde quiere llevar a Mêxico?
En lugar de Benito Juárez, ¿será recordado como otro Díaz Ordaz, el modelo clásico de un Presidente mexicano cerrado, obstinado y paranoico?
Tengo otras preguntas además de los reclamos al Presidente: ¿En dónde está el Poder Legislativo? ¿Por qué nos ha abandonado? ¿Cómo ha permitido que el Presidente ponga en práctica, bajo el pretexto de la pandemia, el gobierno por decreto?
¿En dónde están los Senadores de la República? ¿Por qué han abandonado a los estados que representan? ¿No es a ellos, en lugar del Presidente, a los que deben rendir cuentas de su falta de coraje y arrojo para oponerse a las decisiones presidenciales?
Sobre la pertinencia de las medidas anunciadas en el Decreto podrán expresarse con mejor autoridad los especialistas en administración pública y economía.
A mí, lo que me asombra y hiere como ciudadano es el triste papel del Poder Legislativo en México (prisionero de la política partidista) al no asumir la iniciativa para proponer un plan de reactivación económica surgido de su seno, no de una oficina en Palacio Nacional.
Qué sensación de abandono y carencia de liderazgo nos dejan los legisladores a los ciudadanos, no quisieron contener al Presidente y prefirieron enterrar sus cabezas en la arena como una obediente mayoría subordinada.
Pasa ahora la estafeta a la sociedad civil: no hay en México, hoy, una institución política que la represente dignamente y la defienda ante el desbordamiento del poder presidencial.
Empieza una nueva era, sí, pero de indignación y resistencia pacífica ciudadana: contra la tentación autoritaria, hay que restaurar la institucionalidad perdida a golpes de decretos.
Lo reitero: No importa el color, nombre o ideología del Presidente en turno o del Gobierno dominante del momento, como periodista siempre dirigiré mi crítica a quien abuse del poder y ponga en riesgo a la democracia mexicana.
