Según algunos medios de comunicación locales, ante las declaraciones del gobernador en el sentido de que vetaría la propuesta del Congreso para nombrar Fiscal del Estado al excandidato priista a la gubernatura, Adrián de la Garza, los diputados amenazaron, siempre siguiendo versiones periodísticas, con no aprobar los fondos necesarios para el segundo ducto proveniente de la presa El Cuchillo.
De ser ciertas estas versiones habría que cuestionarnos si existe alguna forma de controlar lo que hacen los diputados, ya que si ha habido una crisis que dañó, y podría hacerlo nuevamente en los próximos meses a los habitantes del estado, fue sin lugar a duda, la del agua y utilizar como arma contra el gobernador el no aprobar los recursos necesarios para impulsar una posible solución que más o menos se encuentra a la mano es, por decirlo suavemente, criminal.
Los diputados saben, o calculan, que en caso de una nueva crisis del agua, los costos políticos los pagará el gobernador, pese a que quien hubiese negado los fondos para la construcción del acueducto hubiesen sido ellos.
Más que como representantes del pueblo, los diputados parecen actuar como representantes de partido, o de grupo de interés que solo ven por su beneficio y no por el de quienes los llevaron a ese puesto.
Por eso considero que debería existir alguna forma de controlar la actuación de los diputados, ya que una vez que llegan al cargo simplemente se olvidan del bienestar ciudadano y se dedican a ver por sus propios intereses.
Lo he comentado en este espacio en varias ocasiones: a los partidos PRI y PAN no les conviene tener un gobernador emanado de sus partidos, uno u otro, ya que ese gobernador se asumiría como líder de ellos y limitaría el poder de los grupos dentro de esos partidos, mismos que se han dedicado a gestionar su poder.
Por ello los diputados han intentado cambiar las leyes para nombrar a los titulares de aquellos organismos estatales que cuentan con importantes recursos propios, como Agua y Drenaje de Monterrey, y por ello quieren nombrar a un Fiscal General que consideran a modo, aunque creo que en el caso de Adrián se equivocarían si piensan que se dejará manejar por los partidos.
En otras palabras, resulta más o menos obvio que los diputados quieren gobernado desde el Congreso, acotando las facultades del Ejecutivo.
Precisamente con ello los grupos de interés y de poder hacia el interior del PRI y del PAN se convertirían en el poder fáctico real en el estado, de hecho ya lo son, con lo cual seguirían presentándose “derrotas” a esos partidos en las elecciones para gobernador, pero victorias en el ámbito legislativo.
Por ello sería necesario controlar lo que hacen o dejan de hacer los diputados, ¿sería la corte la encargada de ello? ¿O acaso seguiremos en manos de unos legisladores que no representan a los ciudadanos?
Por ahora, los grupos de poder al interior de los partidos han encontrado un nicho de oportunidad que les favorece… y mucho.
