Hace ya algunos años, 30 aproximadamente, Manuel Villa Aguilera escribió un interesante libro titulado "El archipiélago mexicano". Si recuerdo bien, por desgracia no tengo el libro a la mano, lo perdí en algún cambio de domicilio, la tesis básica del texto consiste en que, en caso de que el PRI perdiera la presidencia, el poder de los gobernadores sería tal, que se presentaría un fenómeno como el denominado "balcanización" en el país.
En pocas palabras, los gobernadores se convertirían en pequeños poderes no necesariamente sujetos a ningún otro, como lo era el presidencial, ya que los llamados poderes metaconstitucionales del presidente se perderían al desaparecer el sistema priista.
El año 2000 fue la fecha en que el PRI perdió la presidencia por primera vez y debido, creo, a la falta de conocimiento del sistema político, Vicente Fox perdió el control de los gobernadores y, además, el control de buena parte del presupuesto, precisamente la correa de transmisión que permitía mantener a raya a los estados.
Peor aún, los ingresos petroleros que fueron sumamente altos en los sexenios que van de 2000 a 2012 generaron los llamados excedentes que se distribuían entre los gobiernos estatales con muy escasa normatividad de control.
Los gobiernos estatales se configuraron como un verdadero contrapeso del poder presidencial, de forma tal, que el bloque de los gobernadores priistas, y quien logró aglutinarlos, Enrique Peña Nieto, desafió la autoridad presidencial y la venció para la llamada segunda alternancia, con los resultados que todos conocemos, es decir, Peña Nieto no fue capaz de atarle nuevamente las manos a los gobernadores y se presentaron los niveles de corrupción que hoy conocemos.
Y no lo pudo hacer porque no fue precisamente un presidente fuerte en el sentido de lo que se da en llamar legitimidad, que no es otra cosa más que la opinión pública, ya que la legitimidad debería otorgarla el hecho de ganar en las urnas.
Ha sido necesaria la llegada de un presidente con una amplia mayoría de votos y una imagen de legitimidad para empezar a meter al redil a los gobernadores, quienes se habían acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo.
No es, ni va a ser, un proceso sencillo, entre otras cosas porque se supone que somos una República, formada precisamente por estados que se han asociado libremente para conformarla, y el proceso que se está presentando, de alguna manera, una reconstrucción de las llamadas facultades o poderes metaconstitucionales con la consiguiente disminución de poderes de los estados.
Está siendo un encontronazo épico y AMLO va ganando con una doble estrategia, el llamado going public y la presión de todo tipo sobre los gobernadores, incluyendo la judicial y la económica.
No es una mala apuesta para AMLO, pero puede estirar demasiado la liga en lo que respecta a los dineros.
