Entre enero de 2025 y junio de 2026, la pol铆tica migratoria de Estados Unidos bajo la segunda administraci贸n de Donald Trump se ha endurecido de manera significativa, con efectos directos para la poblaci贸n mexicana y para otras di谩sporas que cruzan o residen en ese pa铆s. La evidencia disponible apunta a un aumento en la coerci贸n, la detenci贸n, la presi贸n diplom谩tica y la precarizaci贸n del acceso a protecci贸n legal, mientras M茅xico enfrenta el reto de responder con mayor capacidad institucional y una estrategia integral de derechos humanos.
Uno de los indicadores m谩s graves es el aumento de muertes en custodia migratoria. Human Rights Watch document贸 52 fallecimientos en custodia de ICE entre el 20 de enero de 2025 y el 4 de junio de 2026, mientras que KFF report贸 46 muertes entre el 1 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, lo que muestra un patr贸n sostenido de deterioro en condiciones de detenci贸n, atenci贸n m茅dica y supervisi贸n.
Reuters inform贸 adem谩s que al menos 17 personas murieron en custodia de ICE entre enero y principios de abril de 2026, despu茅s de 31 fallecimientos en 2025, la cifra m谩s alta en dos d茅cadas. En relaci贸n a este tema, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum anunci贸 la presentaci贸n de denuncias penales y civiles ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y fiscal铆as estatales por el fallecimiento de 17 migrantes mexicanos bajo custodia o en operativos del Servicio de Inmigraci贸n y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingl茅s). Esto al reconocer que las notas diplom谩ticas no han tenido ning煤n efecto hasta ahora.
A esto se suma la ampliaci贸n de las redadas y operativos en centros de trabajo. Distintos reportes citados por medios regionales con base en Reuters se帽alan que la administraci贸n Trump prev茅 intensificar en 2026 las redadas laborales y expandir su capacidad de detenci贸n, con foco en agricultura, empacadoras, hoteler铆a, restaurantes y otros servicios, sectores donde la mano de obra migrante es estructural para la econom铆a estadounidense.
El plano diplom谩tico tambi茅n se ha tensado. En mayo de 2026 se report贸 que el Departamento de Estado inici贸 una revisi贸n de los 53 consulados mexicanos en Estados Unidos, con la posibilidad de cerrar algunas oficinas, en medio de un contexto de fricci贸n bilateral y acusaciones de interferencia pol铆tica que el gobierno mexicano rechaz贸 p煤blicamente.
Aunque no hay evidencia p煤blica concluyente sobre la cancelaci贸n generalizada de permisos A-2 para personal de apoyo consular mexicano, la sola amenaza de limitar operaciones consulares afectar铆a la protecci贸n cotidiana de millones de connacionales.
En materia de movilidad legal, el panorama es mixto. No se confirma una contracci贸n de las visas H-2B (no agr铆colas) en 2026; por el contrario, Reuters report贸 que la administraci贸n estadounidense autoriz贸 65 mil visas H-2B adicionales hasta septiembre de 2026.
Sin embargo, ello no elimina los obst谩culos pr谩cticos de acceso, la incertidumbre regulatoria ni la vulnerabilidad laboral de quienes dependen de programas temporales sujetos a alta discrecionalidad administrativa. Lo mismo sucede en cuanto las visas temporales H2A (agr铆colas).
Sobre DACA y ciudadan铆a por nacimiento, la situaci贸n revela una ofensiva pol铆tica de gran alcance, aunque con l铆mites judiciales. Trump impuls贸 restringir la ciudadan铆a por nacimiento mediante una orden ejecutiva firmada el 20 de enero de 2025, pero tribunales federales y finalmente la Suprema Corte rechazaron esa v铆a en junio de 2026, preservando el principio constitucional vigente.
En cuanto a DACA, persiste la amenaza pol铆tica e incertidumbre jur铆dica, aunque el programa no fue cancelado de forma definitiva en el periodo analizado.
El endurecimiento ya tiene expresi贸n cuantificable en las deportaciones. Con corte a abril de 2026, el Instituto Nacional de Migraci贸n report贸 217,976 connacionales deportados desde el inicio del nuevo gobierno de Trump a trav茅s de 16 puntos oficiales de repatriaci贸n, incluidos cuatro aeropuertos.
El mismo reporte se帽ala un incremento notable de retornos por v铆a a茅rea hacia el sur del pa铆s, especialmente Tapachula y Villahermosa, que en conjunto concentraron una quinta parte de las personas deportadas en ese periodo.
Este patr贸n desplaza la presi贸n humanitaria hacia entidades con capacidades institucionales limitadas y obliga a repensar la pol铆tica de recepci贸n. No se trata solo de recibir deportados, sino de garantizar documentaci贸n, salud, alojamiento temporal, inserci贸n laboral, apoyo psicosocial y defensa jur铆dica desde el primer contacto en territorio nacional.
La respuesta mexicana debe construirse sobre cuatro pilares:
El primero es la protecci贸n consular y de derechos humanos.
La Canciller铆a, en coordinaci贸n con los consulados, la CNDH y las comisiones estatales, deber铆a establecer un mecanismo binacional de alerta temprana para detenciones, redadas, desapariciones y fallecimientos, con registro p煤blico, protocolos de acompa帽amiento a familias y litigio estrat茅gico ante cortes estadounidenses e instancias internacionales.
El segundo pilar es la recepci贸n y reintegraci贸n.
El gobierno federal y el Congreso tendr铆an que crear un fondo extraordinario para municipios y estados receptores, en particular en la frontera norte y en polos a茅reos del sur, destinado a albergues, atenci贸n m茅dica, certificaci贸n de competencias laborales, incorporaci贸n escolar y acceso inmediato a programas sociales y de empleo formal.
Ese fondo debe operar con reglas claras, indicadores y auditor铆a p煤blica para evitar dispersi贸n y subejercicio.
El tercer pilar es la acci贸n internacional.
M茅xico puede solicitar acompa帽amiento t茅cnico y pol铆tico de la ONU, la OIT, ACNUR, la CIDH y la OIM para documentar violaciones, supervisar estaciones migratorias y centros de recepci贸n, fortalecer est谩ndares laborales para trabajadores temporales y ampliar esquemas de protecci贸n complementaria para personas en riesgo.
La diplomacia mexicana tambi茅n debe promover una narrativa basada en corresponsabilidad regional: la migraci贸n no puede ser tratada 煤nicamente como asunto de seguridad, sino como fen贸meno laboral, humanitario y de desarrollo.
El cuarto pilar es la v铆a legislativa y presupuestal.
El Congreso mexicano puede convocar un acuerdo nacional sobre repatriaci贸n digna, con reformas para reconocer derechos de retorno, homologar servicios estatales y asegurar presupuesto multianual para atenci贸n a deportados y sus familias. Paralelamente, debe fortalecerse la interlocuci贸n con legisladores, sindicatos, empleadores y organizaciones civiles de Estados Unidos para defender DACA, la ciudadan铆a por nacimiento y el acceso ordenado a visas laborales temporales.
En el corto plazo, conviene desplegar tres medidas: una mesa permanente M茅xico-Estados Unidos sobre protecci贸n consular y redadas; un programa emergente de atenci贸n en Tapachula, Villahermosa, Ciudad de M茅xico y AIFA; y un expediente integral, con respaldo de organismos internacionales, sobre muertes y abusos en custodia migratoria para exigir rendici贸n de cuentas.
Sin una estrategia articulada entre Ejecutivo, Congreso, gobiernos estatales y organismos internacionales, el deterioro actual seguir谩 trasladando los costos humanos a las familias migrantes.
Como siempre, el hilo se rompe por lo m谩s delgado鈥
