La crisis del Instituto Nacional Electoral ha entrado en una fase que comienza a incomodar incluso a quienes hace apenas unos meses defendían a Guadalupe Taddei. Ya no se trata de fotografías, amistades inconvenientes o sospechas sobre la cercanía de una presidenta electoral con determinados empresarios.
Hay denuncias penales, cuentas bancarias bloqueadas, proveedores bajo investigación, grabaciones comprometedoras y una familia que comienza a resentir las consecuencias políticas del escándalo.
El 6 de noviembre, el Órgano Interno de Control del INE confirmó la presentación de seis denuncias penales ante la Fiscalía General de la República contra funcionarios, exfuncionarios y empresas. Los posibles delitos señalados incluyen uso ilícito de atribuciones y facultades, falsificación de documentos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
Además, ocho servidores y exservidores públicos y una persona moral fueron llamados a comparecer en procedimientos administrativos por posibles faltas graves. El expediente dejó de ser una discusión de sobremesa. Ya tiene destinatario ministerial.
Y las cifras siguen siendo difíciles de explicar. Cinco empresas relacionadas entre sí habrían obtenido contratos por 2 mil 461 millones de pesos entre 2014 y 2025 en 27 organismos electorales locales. Según el contralor del Instituto, ese grupo concentró 77 por ciento del mercado analizado.
La hipótesis de simulación de competencia plantea una pregunta elemental: ¿cuántas empresas participaban realmente en esos concursos y cuántas eran distintas razones sociales de una misma red de intereses?
La novedad más inquietante llegó con las grabaciones difundidas por Latinus. En ellas, el empresario José Alfredo Hernández Casillas presume haber presionado a Taddei para mantener contratos y afirma que tenía testimonios depositados en Europa, Estados Unidos y Canadá.
“Me pasa algo a mí, te lleva a ti y a todo tu INE”. No es precisamente el lenguaje habitual de un proveedor que acude a una licitación para ofrecer el mejor precio. Las conversaciones también aluden a presuntas intervenciones en nombramientos y plazas administrativas. Su autenticidad, contexto y alcance tendrán que ser establecidos por las autoridades, pero su contenido exige una explicación pública.
Hay otro personaje que merece capítulo aparte: Lourdes Piña Soria del Valle, conocida como Lulú. Según una investigación de El País, esta asesora no aparecía en la nómina del INE, pero operaba desde la presidencia, intervenía en la comunicación institucional, influía en nombramientos y recomendaba proveedores. Una especie de oficina paralela sin nombramiento formal, aunque con atribuciones que, según testimonios recogidos por el periódico, parecían superar las de varios funcionarios con cargo y sueldo.
La empresa de su hija, Promotora de Noticias Exactas, recibió contratos del INE por al menos cuatro millones de pesos en 2024. Otra compañía recomendada por ella, MCCLAU Comunicación Integral, recibió adjudicaciones por servicios cuya necesidad, cumplimiento y entregables fueron cuestionados por el órgano de control.
Entre los ejemplos documentados figura un contrato cercano a 1.3 millones de pesos con vigencia de apenas nueve días. La burocracia mexicana suele tener una enorme capacidad para producir documentos; lo extraordinario sería que, en este caso, no aparecieran los resultados del trabajo que supuestamente se pagó.
La UIF, entretanto, incorporó a 40 objetivos a su Lista de Personas Bloqueadas: 25 personas físicas y 15 empresas. El País reportó que entre los afectados estaría Taddei, además de los empresarios Hernández Casillas. La Jornada publicó información coincidente. El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que los nombres permanecen bajo reserva legal. Por tanto, hay que distinguir las confirmaciones periodísticas de la información oficialmente divulgada. El bloqueo financiero tampoco equivale a una condena. Pero el expediente ya alcanzó una dimensión que difícilmente puede resolverse con un comunicado de tres párrafos.
El capítulo familiar tampoco termina en las relaciones empresariales. El 12 de noviembre se confirmó la renuncia de Luis Rogelio Piñeda Taddei, hijo de Guadalupe, a la Secretaría Particular del gobernador sonorense Alfonso Durazo. Había llegado al puesto en agosto de 2025, después de ocupar responsabilidades en la administración estatal. Su salida ocurre mientras se investiga el entramado de proveedores y relaciones vinculadas con la expresidenta electoral. El Gobierno de Sonora no informó oficialmente que la dimisión obedeciera a las indagatorias, por lo que sería improcedente presentarla como una admisión de responsabilidad. Sin embargo, el momento político resulta imposible de ignorar.
En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum ha optado por exigir que el asunto avance por la vía judicial. Según la reconstrucción de El País, Morena descartó impulsar un juicio político contra Taddei y prefirió dejar el expediente en manos de la Fiscalía. El cálculo tiene lógica política: un procedimiento legislativo habría obligado al oficialismo a discutir públicamente su responsabilidad en la llegada de una funcionaria cuya cercanía con el movimiento fue cuestionada desde el principio. Mejor que hablen los fiscales, aunque la Fiscalía también tendrá que demostrar que la justicia no tiene colores partidistas.
Y Morena encontró una salida adicional: mirar hacia atrás. El 5 de noviembre difundió el documento “La mafia electoral: 27 años de negocios y corrupción al amparo de las instituciones electorales” y exigió investigar los contratos de las administraciones de Lorenzo Córdova y Ciro Murayama. Según el partido, empresas vinculadas al mismo grupo empresarial habrían obtenido más de 2 mil millones de pesos durante el periodo 2014-2023. Que se investigue todo, por supuesto. Pero una cosa es revisar contratos de administraciones anteriores y otra utilizar esa revisión como cortina para desviar la atención del expediente que hoy involucra a quienes gobernaron el Instituto.
La diferencia es elemental: los contratos adjudicados en una administración deben revisarse, pero la responsabilidad penal no se hereda por ocupar una presidencia ni se demuestra con una conferencia de prensa. Morena exigió durante años explicaciones a Lorenzo Córdova por decisiones institucionales y personales. Ahora tendrá que aceptar que sus propios argumentos se apliquen a los funcionarios que llegaron con su respaldo.
Mientras tanto, el nuevo Consejo General, encabezado provisionalmente por Blanca Cruz García, aprobó el acuerdo INE/CG728/2026 para privilegiar las licitaciones públicas y dejar las adjudicaciones directas como excepción debidamente justificada. También solicitó a la Auditoría Superior de la Federación una revisión integral de las adquisiciones de 2016 a 2026 y estableció mecanismos para preservar documentos y revisar proveedores. El consejero Arturo Castillo calificó el episodio como la crisis histórica más grave del Instituto.
Vaya paradoja: el organismo que debía vigilar la limpieza de las elecciones terminó obligado a revisar la limpieza de sus propias contrataciones. El problema ya no es solamente Guadalupe Taddei, ni sus relaciones, ni los negocios de sus cercanos. Es saber cuánto tiempo operó esa estructura, quién permitió su funcionamiento y quiénes recibieron beneficios.
Taddei se fue. Su hijo dejó el gobierno de Sonora. Los proveedores están bajo investigación. Las cuentas fueron bloqueadas. Las denuncias llegaron a la Fiscalía. Pero todavía falta lo fundamental: conocer la verdad y fincar responsabilidades.
Durante años, Morena quiso convencernos de que el gran peligro para la democracia estaba sentado en la presidencia del INE cuando la ocupaba Lorenzo Córdova. Ahora el escándalo obliga a formular otra pregunta: ¿quién vigilaba a los vigilantes cuando Guadalupe Taddei estaba al mando? Porque si los mapaches terminaron administrando la casa del árbitro, el problema no es quién ganó la elección, sino quién se quedó con el negocio.
Tiempo al tiempo.
