En 2005, Isabel Miranda denunci贸 el secuestro y asesinato de su hijo, Hugo Alberto Wallace Miranda. La historia presentada por ella ante la opini贸n p煤blica fue recibida sin escepticismo: una narraci贸n minuciosa de seguimiento por GPS, tortura, asesinato, desmembramiento, desaparici贸n del cuerpo en el drenaje profundo de la Ciudad de M茅xico, y una red de responsables perfectamente identificados.
El aparato judicial reaccion贸 con una celeridad inusual. En poco tiempo, ya hab铆a personas detenidas, presuntas confesiones, pruebas documentales aportadas por la propia denunciante y cobertura nacional celebrando una 鈥渕adre valiente鈥 capaz de investigar mejor que las autoridades. Todos fuimos enga帽ados.
Lo que no se dijo en ese momento es que esos elementos estaban construidos sobre pruebas falsas, confesiones bajo tortura, documentos alterados y una v铆ctima cuya existencia legal, antes de su supuesto asesinato, a煤n genera dudas leg铆timas.
Isabel Miranda fue m谩s all谩 del dolor maternal. Convirti贸 su denuncia en una plataforma de influencia pol铆tica. En plena efervescencia del sexenio de Felipe Calder贸n, su figura se volvi贸 funcional para legitimar la pol铆tica de seguridad basada en la guerra contra el narcotr谩fico.
Fue promovida como ejemplo de la participaci贸n ciudadana, condecorada con la Medalla al M茅rito C铆vico y, a帽os despu茅s, postulada como candidata del PAN a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de M茅xico en 2012.
Su organizaci贸n, Alto al Secuestro, recibi贸 recursos p煤blicos y acceso directo a instancias de gobierno. La historia de su hijo se transform贸 en narrativa de Estado y prueba de que el Ejecutivo actuaba en favor de las v铆ctimas.
Pero el caso Wallace nunca se sostuvo en t茅rminos legales. Desde los primeros a帽os, peritajes independientes comenzaron a evidenciar graves inconsistencias. El presunto departamento donde ocurri贸 el crimen no ten铆a rastros de sangre. La supuesta acta de nacimiento del hijo de Miranda no aparece en los archivos oficiales.
La evidencia gen茅tica aportada por la denunciante result贸 incongruente o contaminada. Varios de los acusados, como Brenda Quevedo y Jacobo Tagle, denunciaron tortura f铆sica y psicol贸gica. Algunos fueron detenidos en condiciones irregulares, sin orden judicial y presentados p煤blicamente como culpables antes de que se iniciara el proceso legal.
Los medios afines a Calder贸n y Pe帽a Nieto, con la anuencia de las fiscal铆as, sostuvieron la narrativa. La historia de Wallace funcionaba como una cortina funcional en un pa铆s que exig铆a resultados ante el aumento de la violencia.
Bajo esa presi贸n, se normaliz贸 la fabricaci贸n de culpables. Las v铆ctimas del montaje fueron invisibilizadas, sus familias estigmatizadas y sus expedientes judiciales atrapados en un pantano legal.
Hoy, despu茅s de casi dos d茅cadas, hay personas detenidas sin sentencia, recluidas en condiciones de ilegalidad procesal y con recursos de amparo que se acumulan sin resoluci贸n definitiva.
Organismos internacionales, como el Grupo de Trabajo sobre Detenci贸n Arbitraria de la ONU, han se帽alado que el caso Wallace evidencia una violaci贸n sistem谩tica al debido proceso, a la presunci贸n de inocencia y al derecho a un juicio justo.
Las investigaciones independientes, incluyendo las de periodistas como Guadalupe Liz谩rraga y Ricardo Raphael, han documentado de forma extensa la manipulaci贸n institucional detr谩s del caso.
Las autoridades mexicanas, sin embargo, han optado por la omisi贸n. Nadie ha sido investigado formalmente por fabricar pruebas, torturar o falsear documentos. La figura de Isabel Miranda sigui贸 gozando de reconocimiento p煤blico incluso despu茅s de que se demostrara la inconsistencia forense de su versi贸n.
La elecci贸n judicial m谩s reciente puso en la agenda la necesidad de depurar al Poder Judicial. Se discute si los jueces est谩n comprometidos con la legalidad o subordinados al poder pol铆tico.
En el caso Wallace, hubo jueces que avalaron procesos plagados de irregularidades, dictaron autos de formal prisi贸n con base en pruebas viciadas y permitieron la reclusi贸n prolongada de personas sin una sentencia v谩lida. Lo hicieron sin que mediara presi贸n directa, simplemente cumpliendo con una estructura judicial que prioriza el alineamiento institucional sobre la imparcialidad. La pregunta no es qu茅 hubiera hecho un juez diferente, sino por qu茅 el sistema sigue premiando a quienes ejecutan 贸rdenes y castiga a quienes aplican el derecho con independencia.
El caso Wallace no representa una excepci贸n. Es un s铆ntoma. Demuestra que, en M茅xico, el acceso a la justicia depende menos de las personas que ocupan un tribunal y m谩s de la arquitectura institucional dise帽ada para producir culpables cuando el contexto lo exige.
El Poder Judicial ha sido hist贸ricamente utilizado como herramienta de legitimaci贸n del poder ejecutivo. En este caso, adem谩s, se combin贸 con la necesidad de crear s铆mbolos ciudadanos capaces de dar rostro humano a una guerra impopular.
Isabel Miranda cumpli贸 ese papel a cabalidad. Su historia justific贸 reformas legales, endurecimiento penal y redadas contra supuestos criminales. Fue 煤til. Y esa utilidad la protegi贸 de ser investigada cuando la verdad comenz贸 a desmoronarse.
Hoy, tras su fallecimiento, no hay ning煤n esfuerzo institucional por reparar el da帽o causado a las v铆ctimas del montaje ni por esclarecer las responsabilidades dentro del sistema judicial.
El caso Wallace deja en claro que la justicia en M茅xico no est谩 determinada por los jueces, es la estructura entera que condiciona sus decisiones, administra sus carreras y define su autonom铆a.
Mientras esa estructura no se transforme, la ley seguir谩 siendo una herramienta de simulaci贸n. Isabel Miranda muri贸 sin enfrentar consecuencias, pero las secuelas de su cruzada siguen presentes en las vidas de quienes a煤n esperan un juicio justo.
Tiempo al tiempo.
