Tras un sexenio de estancamiento y hasta retrocesos en el proceso de transición energética de México, en el que se privilegiaron los combustibles fósiles, se invirtieron miles de millones de pesos en una refinería que aún no refina mientras el mundo invierte en fuentes de energía renovables, y la ideología determinó el rumbo de las decisiones estratégicas del país, todo parece indicar que la próxima presidenta podría abrir la puerta a la inversión privada y retomar el camino hacia una política energética sostenible.
Al menos eso es lo que se desprende del documento “100 pasos para la Transformación”, que concentra en la página web de Claudia Sheinbaum Pardo sus principales propuestas de gobierno para “construir el segundo piso de la Cuarta Transformación”.
Aunque cuidadoso en el lenguaje para dar una impresión de continuidad y alineación ideológica con el actual gobierno, asegurando que se priorizará el control del estado y el protagonismo estratégico de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la gestión de la energía, el capítulo titulado “Soberanía Energética para el Desarrollo Sostenible” concluye con una elocuente frase:
“La CFE puede garantizar y fortalecer la capacidad de transmisión y distribución de energía; manteniendo la prevalencia de su participación en la generación eléctrica. Al mismo tiempo, para la generación privada deben establecerse reglas claras, justas que generen certeza y tengan como fin mayor, el interés de la Nación”.
Cabe recordar que Sheinbaum es doctora en Ingeniería en Energía por la UNAM gracias a una investigación realizada en el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley del Departamento de Energía de Estados Unidos, además de que ayudó a crear un inventario nacional de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Ciudad de México.
Como científica de formación, todo parece augurar un perfil más técnico y argumentado de sus decisiones. Como política, deberá balancear la ideología que, en cierta forma, se ha impregnado en la mente de sus electores y de las fuerzas políticas que la pueden sostener en el poder.
Al menos, su documento de campaña establece señales claras en favor de una transición energética que retenga el control de la generación y distribución de la electricidad en poder del Estado, con cuatro ejes de acción:
• Maximizar la penetración de energías renovables
• Aprovechar plenamente el potencial de eficiencia energética
• Electrificar lo más posible
• Erradicar la pobreza energética e impulsar la equidad de género
Entre algunas de las acciones propuestas se encuentran “establecer el acceso a la electricidad como un derecho humano”; “apoyar la transición energética en las pequeñas unidades agrícolas”; “mantener los subsidios a las tarifas residenciales”; “remplazar derivados del petróleo por energías alternativas y electricidad”; “privilegiar la electromovilidad del transporte público de carga y de pasajeros y los cambios modales, que propicien la descarbonización del sector”; “enfatizar el aprovechamiento de energía renovable de capacidad firme (geotérmica, hidroeléctrica y la bioenergía) sin menoscabo de las energías renovables con intermitencia”; “fortalecer y ampliar, robustecer y modernizar la red de transmisión y distribución e incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica, para integrar mayores cantidades de generación intermitente proveniente de proyectos fotovoltaicos y eólicos”, y otras por el estilo.
Lo anterior es sin duda una esperanzadora noticia para el país y para Nuevo León, en el contexto de la relocalización de inversiones (“nearshoring”), pues el suministro de energía eléctrica y la disponibilidad de electricidad proveniente de fuentes renovables se han convertido en un talón de Aquiles para la atracción de nuevas inversiones.
Recientemente, el Gobernador de Nuevo León, Samuel García, al presentar la Ruta Energética, aseguró que la meta del estado es que para el 2030, el 40% de la energía provenga de fuentes renovables, cuando actualmente es de sólo el 10%.
Ya veremos (si hay luz, claro).
