Los llamados “fondos verdes†se han convertido en sólidas alternativas de financiación para proyectos sostenibles empresariales, al insertarse en una lógica de mercado, que incentiva la inversión en proyectos que mitigan el cambio climático.
Según Caroline Flammer, en Harvard Business Review, los inversionistas pasaron de adquirir 3 billones de dólares de estos instrumentos en 2013 a 49 billones en 2017, acumulando más de 113 billones de dólares emitidos por 217 bonos corporativos.
Al 2020, este mercado alcanzó los 270 billones de dólares.
Los bonos verdes son lÃneas de crédito otorgadas a los emisores para financiar proyectos con el objetivo de mitigar los efectos del cambio climático, aunque también se pueden incluir iniciativas sociales y de gobierno corporativo.
Para ello, las empresas tienen que cumplir con una serie de requisitos establecidos en “Los Principios de Bonos Verdesâ€, y reportar periódicamente sus avances en esta materia.
Es también una oportunidad para los inversionistas particulares e institucionales de contribuir a soluciones a favor del planeta desde una perspectiva del mercado.
Varias empresas mexicanas, y en particular, regiomontanas, han recurrido a este tipo de financiamiento, pero lo más importante, es que comienzan a alinear sus propias estrategias de financiamiento a un ecosistema que privilegia la inversión sostenible.
Como muestra está el reciente anuncio de Cemex para adaptar su marco de financiamiento ligado a sostenibilidad para alinearlo a metas de descarbonización más ambiciosas en 2030.
Este marco, emitido en 2021, alinea su estrategia financiera con sus compromisos de sostenibilidad, y ahora amplÃa sus alcances para acelerar el avance de la cementera hacia metas más altas.
De acuerdo con la investigación de Flammer, hasta ahora, todo ha sido ganar-ganar con los bonos verdes, tanto para los inversionistas, las empresas emisoras y el medio ambiente.
De 217 transacciones estudiadas de 2013 a 2017, el valor de la acción de las emisoras aumentó en promedio 0.67% más del promedio en los dÃas subsecuentes al anuncio; el valor de largo plazo de las empresas aumentó 2.4%, medido por la relación del valor de mercado de la empresa y el valor en libros de sus activos, y diferentes métricas sugieren también mejoraron su desempeño en términos ambientales.
Sin embargo, falta camino por recorrer y cerrar la pinza en términos de verificación en la aplicación de los fondos, los resultados ambientales obtenidos por dicha inversión y su articulación con la polÃtica pública de parte de los gobiernos para integrar un ecosistema financiero bien alineado hacia metas transformacionales.
El entorno regulatorio debe propiciar e incentivar la innovación empresarial en materia ambiental y social.
