Una pequeña camioneta calcinada en medio de un terreno selvático. En el interior, tres personas ejecutadas cuyos cuerpos fueron consumidos por las llamas. Pedro Gutiérrez, su hijo de ocho años de edad y un acompañante fueron víctimas del crimen organizado. Su esposa alcanzó a huir de este ataque y pudo alertar sobre el horrible asesinato de su familia. Las crónicas son de horror.
Pedro Gutiérrez era aspirante a la candidatura de Morena a la alcaldía de Chilón, una población de origen tztetzal ubicada en el noroeste de Chiapas, entre Tuxtla Gutiérrez y Palenque. Cuando circulaba por los caminos de este municipio, fue interceptado por un grupo de personas que abrió fuego en contra del automóvil en el que viajaba, provocando que derrapara y volcara hacia un barranco. Una vez ultimados a tiros, el vehículo fue incendiado.
Este atroz ataque es reflejo del creciente clima de violencia que se ha instalado en el proceso electoral en el que estamos inmersos. Cada vez son menos espaciados los episodios sangrientos en los que aparecen como víctimas aspirantes a algún puesto de elección popular.
No se trata de un fenómeno nuevo. Como se ha comentado en entregas anteriores, reportes de la consultora mexicana Etellekt sostiene que en las elecciones de 2018 se registraron 774 agresiones a distintos actores políticos y 429 en contra de funcionarios públicos. De este total, 523 fueron asesinados. 48 eran precandidatos o candidatos por algún partido.
Etellekt estima que, entre el 7 de septiembre de 2020, cuando arrancó formalmente el proceso electoral, y hasta el pasado 5 de marzo, se han registrado “al menos 205 agresiones contra personas políticas con un saldo de 55 víctimas de homicidio doloso, 14 de ellas eran aspirantes a puestos de elección”.
Si bien estas cifras representan una disminución en términos de ejecuciones si se compara con el mismo periodo 2017-2018, se observa un incremento en lo que respecta a agresiones en contra de actores políticos. Por la dimensión de este proceso electoral y la enrarecida coyuntura en el que nos encontramos, se antoja muy probable que estas cifras se disparen.
Tras un análisis de los reportes de prensa y de estudios como el difundido por Etellekt, podría concluirse que este tipo de ejecuciones tienen como denominador común la búsqueda por parte del crimen organizado de optimizar sus espacios para cometer ilícitos y no la disputa por los votos entre grupos o partidos políticos.
México enfrenta una situación poco antes vista en términos de polarización y actividad de grupos delictivos. De no atajar esta doble realidad, la cifra de agresiones en contra de actores políticos irá en aumento. Nadie quiere ver de nueva cuenta escenarios como el sucedido con Pedro Gutiérrez, en las montañas de Chiapas.
SEGUNDO TERCIO. Cada vez es más común ver a candidatos y candidatas, particularmente en zonas de alto riesgo, resguardados por fuertes equipos de seguridad.
TERCER TERCIO. Lejos de minimizarlo, México debería tomar en serio el estudio elaborado por el Comando Norte de EU, que señala que entre 30 y 35% de nuestro territorio está bajo control del crimen organizado.
