PRIMER TERCIO. México abrió un nuevo capÃtulo en su agenda con Estados Unidos tras la decisión de interponer una demanda en una corte federal norteamericana en contra de once empresas constructoras de armas, señaladas como responsables del tráfico ilegal de armamento hacia nuestro paÃs. Una apuesta que requerirÃa de tiempo y la astucia de los servicios jurÃdicos de la CancillerÃa para lograr su objetivo.
Se trata de una denuncia presentada por el Gobierno mexicano como principal agraviado por lo que considera prácticas negligentes e ilegales de estas empresas privadas que facilitan el tráfico ilegal de armas, utilizadas en al menos 17 mil ejecuciones ocurridas en nuestro paÃs y con importantes afectaciones a distintas actividades económicas.
Detrás de esta denuncia, la SecretarÃa de Relaciones Exteriores busca poner un freno a la venta de un promedio anual de 340 mil armas de origen norteamericano que ingresan a territorio nacional y que son utilizadas por el crimen organizado para la comisión de ilÃcitos y el ataque a autoridades y población civil. Se trata de confrontar a un poderoso grupo de compañÃas que, de acuerdo con la diplomacia mexicana, tiene plena conciencia que sus productos son utilizados con fines delictivos.
En paralelo a esta denuncia, el Gobierno mexicano mantiene su diálogo con la administración Biden para incrementar los esfuerzos nacionales de contener en su frontera norte la salida de estupefacientes y la entrada de armas provenientes de la Unión Americana a cambio de que Washington ejerza la presión suficiente para frenar este fenómeno que dio origen a la denuncia civil.
SEGUNDO TERCIO. El camino que México adoptó será largo y no ausente de vicisitudes jurÃdicas. Primero tendrá que demostrar que, como Gobierno, cuenta con la capacidad para entablar esta demanda en tribunales estadounidenses. Se verá confrontado a uno de los lobbies más poderosos en aquella nación, con una alta representación en el Congreso y en prácticamente todos los sectores de la administración. Habrá que agotar todas las instancias y, muy probablemente, llegar hasta la última que es la Suprema Corte.
No obstante, México cuenta con una muy larga tradición de juristas internacionales que han demostrado contar con la solidez suficiente para enfrentar en tribunales a la primera potencia mundial y nuestro principal socio comercial.
El mejor ejemplo de ello es el Caso Avena, una demanda del Estado mexicano en contra de Estados Unidos por la violación a los derechos consulares de 51 connacionales sentenciados a muerte en ese paÃs, a quienes, según se comprobó, les fueron atropellados sus derechos consulares. En una magistral ponencia, nuestra diplomacia, representada en aquel entonces por Juan Manuel Gómez Robledo, logró doblegar en 2004 en la Corte Internacional de Justicia, con sede en La Haya, a los abogados norteamericanos que tuvieron que aceptar la revisión y reconsideración de las penas dictadas a nuestros paisanos.
TERCER TERCIO. Diplomacia obliga. La administración Biden fue informada por el Gobierno mexicano con la antelación suficiente de su decisión de interponer una demanda de carácter civil ante una corte federal en Boston en contra de once empresas constructoras de armas. La apuesta es que este nuevo proceso legal no contamine el de por sà complejo diálogo con aquel paÃs.
