Los signos de descomposici贸n social se hacen cada vez m谩s evidentes con el incremento de linchamientos en el pa铆s. La justicia por propia mano se ha convertido en pr谩ctica com煤n, lo que pone de manifiesto la creciente dificultad del Estado para mantener el monopolio del uso de la fuerza y garantizar la aplicaci贸n de la ley.
En las 煤ltimas semanas ha aumentado de manera preocupante el n煤mero de casos en los que delincuentes son detenidos en flagrancia por la propia ciudadan铆a para ser sometidos a golpizas que en muchas ocasiones les ha costado la vida. Llama la atenci贸n la rapidez en que las im谩genes de estos lamentables hechos han circulado sin control alguno a trav茅s de las redes sociales y medios de comunicaci贸n.
La violencia colectiva no tiene justificaci贸n alguna y de ninguna manera puede ser legitimada. Se trata, en s铆, de un il铆cito que en muy pocas ocasiones es sancionado. Podr铆a aducirse un hartazgo de la sociedad ante la falta de atenci贸n al grave problema de inseguridad, una autoridad ausente, la preocupante impunidad con la que act煤an los criminales y el abandono en el que muchos estratos sociales -en su mayor铆a los m谩s bajos- se encuentran ante una creciente delincuencia que ha tomado el control de distintas zonas del pa铆s.
Asaltantes, violadores y extorsionadores son los delincuentes que caen en manos de la comunidad que, a falta de una autoridad que ejerza la justicia con eficacia, prefiere castigar en mano propia a quienes han vulnerado su seguridad. Qu茅 mejor ejemplo que el de un criminal que es detenido por la gente, golpeado, desnudado, atado, tratado como bestia y grabado para ser exhibido como muestra de lo que puede ocurrirle a otros malhechores.
En el Informe especial sobre la problem谩tica de los linchamientos en territorio nacional, publicado en mayo del a帽o pasado, la Comisi贸n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sostiene que, 鈥渁l amparo de una percepci贸n equivocada en diversos sectores de la sociedad, en el sentido de que el linchamiento es equiparable a una sanci贸n que las personas imponen a quien las ataca o agrede, estos hechos no se investigan debidamente鈥.
Al ser un delito, este fen贸meno tendr铆a que ser objeto de un castigo para inhibir este tipo de pr谩cticas que, lejos de abonar a la aplicaci贸n de la justicia, debilitan a las instituciones. 鈥淓s un fen贸meno que lejos de desaparecer o registrar decrementos, se multiplica y permanece vigente, siendo un problema que las autoridades no han visibilizado ni atendido en forma debida鈥, advierte la CNDH.
Lejos de legitimar este tipo de hechos, como ocurre en muchos casos, 茅stos deber铆an ser debidamente documentados y sancionados, algo que se antoja complicado. 驴C贸mo justificar铆a una autoridad que se encuentra rebasada por la delincuencia aplicar la ley a una sociedad que, en ausencia de garant铆as, se ve obligada a cometer este tipo de actos?
SEGUNDO TERCIO. En la nueva normalidad escolar resulta escandaloso que ciertos colegios privados exijan a los alumnos el uso de uniforme para los cursos a distancia. Este abuso deber铆a ser castigado ejemplarmente por la Profeco.
TERCER TERCIO. Exitoso o no, debe ser reconocido el esfuerzo de autoridades, escuelas, padres de familia y alumnos por mantener los cursos a distancia. Nada m谩s importante que cuidar la salud de los estudiantes. En otros pa铆ses que han optado por el regreso a las aulas comienzan a dispararse los contagios y a registrarse cierres de planteles.
