El asunto de Pegasus y el presunto espionaje gubernamental llega en un momento importante ante la, hasta hoy, desangelada consulta sobre “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados...”, mejor conocida como la consulta sobre los expresidentes. Antes de explicarme, vale la pena revisar el sentir ciudadano sobre varias facetas de la vigilancia o surveillance gubernamental que han registrado las encuestas internacionales, particularmente la Encuesta Mundial de Valores más reciente, realizada entre 2017 y 2021 en más de 80 países.
El estudio abordó el tema de la vigilancia gubernamental y si los ciudadanos están de acuerdo o no con ello. Una pregunta plantea si los entrevistados consideran que el gobierno tiene el derecho de recolectar información sobre cualquier persona en el país sin su conocimiento. Las respuestas originalmente incluyen cuatro opciones que van de “definitivamente sí” tiene ese derecho, “probablemente sí”, “probablemente no” y “definitivamente no”. Para simplificar junté las dos opciones positivas y las dos negativas.
En México, 18 por ciento de los entrevistados afirmó que el gobierno sí tiene derecho a recolectar información sobre las personas sin su conocimiento, mientras que 82 por ciento opina que el gobierno no tiene ese derecho. La encuesta, realizada en México durante el primer semestre de 2018, antes de las elecciones presidenciales, muestra un rechazo claramente mayoritario.
Como referente, la mayoría de los ciudadanos de los diversos países participantes en la encuesta también rechazó que su respectivo gobierno tenga derecho a recopilar información sin que ellos lo sepan. En algunos países del bloque excomunista es donde más rechazo se observa, como Polonia y Lituania, con 95 y 91 por ciento de rechazo, así como Hungría y Bulgaria, con 87 por ciento en cada uno. El rechazo suma también 87 por ciento en Alemania, 79 por ciento en Suecia y Canadá, países con una más larga tradición democrática, y es mayoritario en Estados Unidos, con 58 por ciento, pero con una mayor división de opiniones, toda vez que el 42 por ciento estuvo de acuerdo.
Hay pocos países donde la mayoría cree que el gobierno sí tiene el derecho de recopilar información sin consentimiento: Irak (69 por ciento), Jordania (66 por ciento), Pakistán (58 por ciento) y China (53 por ciento) están en ese pequeño grupo.
Otra pregunta del estudio plantea si el gobierno tiene o no derecho de mantener videovigilada a la gente en las áreas públicas. En esa pregunta los mexicanos se mostraron divididas, con 52 por ciento que cree que sí y 48 por ciento que no. En este caso la mayoría de los países registra porcentajes de aceptación mayoritaria, con Finlandia (89 por ciento), Suecia (87 por ciento), Dinamarca (82 por ciento) y el Reino Unido (82 por ciento) compartiendo lugares con China (82 por ciento). Polonia vuelve a destacar, junto con Turquía y Grecia en este caso, entre quienes más rechazan esa vigilancia gubernamental, con 68, 71 y 74 por ciento, respectivamente.
Una tercera pregunta planteó si el gobierno tiene o no el derecho de monitorear correos u otra información vía internet. Desafortunadamente no se planteó la vigilancia telefónica, pero esta última pregunta es muy interesante porque, a diferencia de la anterior, se circunscribe al espacio privado, no al público, como sería el caso también de la telefonía.
La aceptación en México registró 25 por ciento y el rechazo 75 por ciento. Queda claro con esta pregunta y con la primera que los mexicanos gustan que su privacidad esté protegida. Habrá que ver qué implicaciones tiene eso en medidas como el reciente requerimiento bancario de ubicar localización en uso electrónico, u otras cuestiones similares.
El rechazo al monitoreo de correos electrónicos es la postura con más apoyo, alcanzando sus niveles más altos en países como Islandia (91 por ciento), Polonia (90 por ciento), República Checa (88 por ciento) y Portugal (87 por ciento). La mayor aceptación al monitoreo de correo privado se registra en países como Myanmar (89 por ciento), Pakistán (70 por ciento), Etiopía (66 por ciento), Indonesia (63 por ciento), China (61 por ciento) e Irán (54 por ciento).
De esta breve comparación internacional se concluye que la sociedad mexicana está entre las que menos aceptan la vigilancia o monitoreo del gobierno a la vida privada de sus ciudadanos.
Volviendo al tema de la consulta sobre expresidentes, la discusión sobre Pegasus llega en un momento importante para acaso movilizar los sentimientos antivigilancia que han predominado entre los mexicanos. No sabemos si los motivará a votar, pero por lo pronto puede servir para reavivar el enojo, sobre todo si el mensaje de presunto espionaje a periodistas y actores políticos logra conectar con la idea de vigilancia a los ciudadanos más genéricamente.
