Un “Tribunal Ético” internacional, es decir, una Corte de Conciencia como lo es el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza llevó a cabo en marzo visitas y audiencias en la Península de Yucatán para constatar los daños, recopilar testimonios y emitir una sentencia dura: el Tren Maya es un proyecto del Gobierno del presidente López Obrador responsable de los crímenes de ecocidio (daños al medio ambiente) y etnocidio (daños a los pueblos indígenas).
Así que súmele usted a los títulos internacionales obtenidos por AMLO (por ejemplo, el de persona non grata en Perú), el de responsable de ecocidio y etnocidio en Yucatán, México.
Como parte de los procedimientos judiciales del Tribunal, que incluyeron la presentación de cargos por parte de un Fiscal de la Tierra, se invitó a las autoridades mexicanas de nivel federal, estatal y municipal a presentar sus oposiciones, pero ninguna autoridad mexicana se dignó a comparecer.
La Sentencia del Tribunal en el Caso Tren Maya (sustentada en la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra, 2010), dada a conocer recientemente a la opinión pública, no deja lugar a dudas:
1. El Tribunal decide reconocer de modo irrefutable la violación a los derechos de la Naturaleza y los derechos bioculturales del Pueblo Maya, que ancestralmente ha sido y continúa siendo, protector y guardián de su territorio, de sus cenotes, cuevas y costas; sus selvas, su biodiversidad y sus cultivos tradicionales, y los seres no humanos que habitan los ecosistemas, todo lo cual configura crímenes de ecocidio y etnocidio.
2. El Tribunal responsabiliza al Estado Mexicano por la violación de estos derechos fundamentales de la Naturaleza y del Pueblo Maya (Décimo Tribunal Local por los Derechos de la Naturaleza).
3. El Tribunal condena a las autoridades de los Estados Unidos Mexicanos a la suspensión inmediata del megaproyecto Tren Maya en todos sus componentes, así como la desmilitarización de los territorios indígenas.
4. El Tribunal Exige al Estado, particularmente al Gobierno Central y al Ejecutivo, a que cese el despojo de las tierras ejidales y en general del territorio, así como el terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación de las personas defensoras de la naturaleza.
Los jueces cuidaron muy bien la fundamentación de los cargos contra el Estado Mexicano y el Tren Maya sobre la legislación internacional reflejada en convenios de aplicación universal, de los cuales el Gobierno de México es adherente y que están incorporados al derecho mexicano como leyes supremas. No hay duda, entonces, sobre la jurisdicción del Tribunal.
Uno de los jueces es Raúl Vera, Obispo de Saltillo y antiguo Obispo Coadjutor de Samuel Ruiz durante la época del levantamiento indígena del EZLN en 1994. Los otros magistrados sonMaristella Svampa (Argentina), Yakú Pérez (Ecuador), Francesco Martone (Italia) y Alberto Saldamando (Estados Unidos, chicano-zapoteca).
Como conclusión a mi escrito, citaré el testimonio de Vilma Esquivel Pat del centro cultural UKúuchil, en Felipe Carrillo Puerto, Q.R.:
1. El proyecto ha cambiado totalmente sus vidas, en su familia y en su comunidad. Quienes están en contra del tren son discriminados. El pueblo está dividido por promesas incumplidas. Ha habido despojo de tierras y precarización de las personas que trabajan en la obra. Hablar de la naturaleza es hablar de nuestro pueblo y nuestra espiritualidad.
2. En la falsa consulta nos dijeron sólo mentiras, lo que sucede siempre; no se puede confiar en el Estado. El proyecto destruye la selva. No se han calculado los daños que generará en el tejido comunitario la llegada de miles de turistas. Hay violencia generada por la obra.
3. Doña Vilma recogió en su testimonio las preocupaciones de quienes resienten en el Sureste mexicano la necia y mal calculada decisión de uno de sus hijos, el tabasqueño López Obrador, sobre una obra que dañará irremediablemente a pueblos y selvas nativos y que ahora ha sido sentenciado como ecocida y etnocida.
¿Quién detendrá al Tren Maya? La Madre Naturaleza lo hará.
