Me pareció sumamente preocupante ver en los diarios de Nuevo León, el día 30 de mayo, la cobertura sobre el enfrentamiento el día anterior entre elementos de la Fuerza Civil (la policía estatal nuevoleonesa) y miembros de una banda criminal, en el cual el resultado fue la liquidación de nada menos que 10 elementos criminales.
¿Por qué me inquieta eso? Con la información pública disponible, me salta a la vista que el número de muertos fue elevado y que ningún elemento criminal fuera capturado con vida y sujeto a interrogatorios e investigaciones. Los muertos no hablan; los heridos o detenidos sí proporcionan información.
A lo largo de los últimos meses, la Fuerza Civil ha sufrido ataques de grupos delincuenciales, es verdad, con pérdida mortal de algunos de sus elementos y daños a sus instalaciones, pero ¿va a contestar la fuerza pública con la misma moneda a los delincuentes?
Si la instrucción es “no tomar prisioneros”, como en las películas, entonces las autoridades estatales se van a meter en un grave problema que aqueja al Ejército y la Marina federales: la letalidad desproporcionada de sus acciones en contra de los criminales.
El periódico El Norte dio (30/05/2023) la siguiente información sobre el tema: “De acuerdo con el reporte oficial más reciente, durante mayo se reportaban 16 presuntos delincuentes abatidos en Nuevo León, de los que 15 cayeron al enfrentarse con Fuerza Civil y uno más con policías de Anáhuac. En lo que va del año sumaban 28 supuestos criminales muertos, siendo 24 abatidos por elementos estatales, dos por la Guardia Nacional, uno por policías de Apodaca y el restante por agentes de Anáhuac”.
La tendencia de abatir más delincuentes y capturar menos prisioneros viene desde el año pasado. El mismo medio ha mencionado municipios conflictivos para Fuerza Civil: Anáhuac, Doctor Coss, Cerralvo, General Bravo, China, García y Los Herreras.
En China, por ejemplo, entre el 4 de agosto y el 16 de octubre del 2022 hubo 10 delincuentes abatidos por la Fuerza Civil. Es decir, 10 muertos en dos meses contra 10 muertos en un día sobre la Autopista Monterrey-Nuevo Laredo.
La sombra de la alta letalidad (acción mortífera) de las fuerzas armadas y de seguridad se cierne sobre la Fuerza Civil de Nuevo León, sus estrategias y protocolos.
De la alta letalidad a la abierta violación de los derechos humanos no hay más que un paso, tal como lo han dado elementos de la Marina y el Ejército: entre la acción de fuerza legítima y las ejecuciones extrajudiciales hay una frontera que jamás debería cruzarse.
Hasta agosto de 2022, durante el gobierno de López Obrador los militares habían “abatido” o matado a 739 presuntos delincuentes y herido a 135, según nota de El País (Elena Reyna, 20/10/2022). Por cada agresor herido hay cinco que mueren en enfrentamientos con el Ejército, una letalidad alarmante, asienta el diario español.
En una nota del portal infobae.com (Antonio San Juan 01/05/2022) se expresa que en el gobierno de AMLO “la Sedena ha establecido un modelo distinto a los estándares internacionales para evaluar el uso de la fuerza letal… los militares mataron a más de los que arrestaron”.
Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE, mencionó a ese medio que las autoridades no siguen estándares internacionales para determinar la letalidad porque suman heridos y detenidos: el Ejército debería obtener la relación únicamente entre fallecidos y lesionados para obtener la medida correcta.
Propone Pérez Correa que sea un organismo independiente el que mida la letalidad y establezca criterios para distinguir entre el uso y el abuso de la fuerza por parte de las autoridades (una buena idea también para Nuevo León).
Refiere también la investigadora que la Cruz Roja Internacional maneja estándares de cuatro heridos por cada persona fallecida en un conflicto bélico, según el tipo de armamento y el sitio de los enfrentamientos.
¿Por qué han subido los índices de letalidad?, se pregunta el general retirado José Francisco Gallardo en una entrevista en 2019 (nota en mucd.org.mx, 09/07/2019, “Mayor índice de letalidad en acciones de la Marina”).
“Se debe a las políticas de mando que nadie les va a decir, pero las conocemos, incluso cuando el asunto de Tlatlaya (22 civiles asesinados bajo órdenes superiores por militares del 108 Batallón de Infantería en el Estado de México en 2014) son emblemáticos los documentos que se ventilaron en el caso… aquí lo que se tiene que hacer es una revisión de todas estas políticas que tienen que ver ahora con la seguridad pública en la actuación de las Fuerzas Armadas, ahora con la Guardia Nacional que es el Ejército con otro nombre”, dijo Gallardo.
Pesa en el ánimo de los elementos de Fuerza Civil, como del Ejército y la Marina, la tragedia de los compañeros caídos en el cumplimiento de su deber, lo entiendo.
En cualquier caso, sin embargo, el interés público exige el mayor estándar ético a cualquier miembro de las fuerzas armadas que tenga en sus manos l decisión entre la vida y la muerte de alguien más, delincuente o no.
¿Hacia qué rumbo va la Fuerza Civil de Nuevo León, nacida con los mejores presagios para los nuevoleoneses? ¿No tomar prisioneros? Las cifras de su letalidad nos lo dirán.
