Al inicio de cada sexenio presidencial, el deporte favorito de los mexicanos consiste en hacer conjeturas sobre quién conoce a los hijos, la esposa, hermanos, primos y hasta compañeros de la escuela primaria del presidente, con el fin de tener una posibilidad de conectar directamente al nivel del Ejecutivo federal.
No hay presidente de la República anterior a 2018 que se haya salvado de ser objetivo, una vez en el poder, de un profundo escrutinio periodístico y público sobre su persona y la de su familia. Ni los presidentes priistas ni los panistas se libraron de ello: hijos y parientes suyos fueron señalados y “pescados con las manos en la masa” del conflicto de interés.
Si alguna duda quedaba sobre cómo le iría a Andrés Manuel López Obrador y a la familia presidencial a partir del 2018, la duda ha quedado despejada: una amplia cobertura periodística ha revelado posibles conflictos de interés de los hijos y hermanos del presidente, redes de negocios tejidas con amigos, aceptación de “contribuciones” a la causa política, etcétera.
Una explicación inmediata se debe a la discrecionalidad en la asignación de contratos de servicios y obras públicas. Durante este sexenio, las asignaciones directas de contratos desplazaron casi por completo a las licitaciones, lo cual, como era previsible, se prestó a corrupción en diversas formas: tráfico de influencias, sobornos, intercambio de favores, etcétera.
Con una perspectiva más amplia, la explicación incluye necesariamente la visión política de AMLO extendida a sus funcionarios y seguidores: si es para “la causa”, si se trata de allegarse fondos para persistir en el ideal de transformación de México, todo acto de conflicto de interés o corrupción se justifica y no se castiga.
En el camino, por supuesto, quienes recaudan para “la causa” pellizcan algo para “su causa” personal; de algo hay que vivir, pensarán, y vivir bien, faltaba más. La transparencia y rendición de cuentas es vista entonces como un estorbo y obstáculo al cual hay que sacar la vuelta.
No me sorprende que AMLO y su familia hayan seguido el camino de las anteriores familias presidenciales: una ruta de privilegios, poder y conflictos de interés. Lo que me sorprende es que tantos mexicanos hayan creído que no iba a ser lo mismo, que este presidente sería diferente, que su familia sería distinta.
En el fondo, se trata de un problema de la ética del servidor público. Sin una moral fuerte en lo personal, será muy complicado para cualquier servidor público proyectar responsabilidad, veracidad, honestidad y confiabilidad en público.
Un estudioso de esta cuestión , Óscar Diego Bautista (investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, UAEM), escribió que “el fomento de la ética pública en los representantes públicos es esencial porque auxilia en la definición de lo que es conveniente o no para la comunidad política”.
Agregó que la ética “se refiere a los criterios que debe tomar el servidor público para realizar sus funciones con miras a dar buenos resultados para mejorar la calidad de vida de los representados, es decir, los ciudadanos”.
Para hacer buen pan (la ética), hace falta buena harina (la moral). ¿Cómo son por dentro los presidentes mexicanos? Por sus actos públicos -y los de sus familias- sabremos si traen harina de la buena.
