En Coahuila hay aproximadamente 116 mil 600 madres solteras. De ellas, solo una de cada cinco recibe pensi贸n alimenticia. Las otras 93 mil absorben solas, mes a mes, lo que la ley obliga a ambos padres. Son cifras del INEGI, no estimaciones: son familias reales, con nombres, con facturas, con necesidades, con ausencias.
Frente a esa realidad, el Registro Estatal de Deudores Alimentarios Morosos, el instrumento que el estado cre贸 precisamente para enfrentar este problema a nivel estatal y federal acumula hoy s贸lo en el caso de Coahuila 263 personas inscritas. El padr贸n existe desde 2016 y se hizo p煤blico hasta 2022. En casi una d茅cada, 263 nombres.
Torre贸n encabeza con 129, Monclova con 71, Saltillo con 26. Hay expedientes abiertos desde 2017 que siguen sin resolverse, estamos hablando de casi una d茅cada de incumplimiento. En contraste, el Poder Judicial de Coahuila recibe alrededor de 3 mil demandas de pensi贸n alimenticia cada a帽o. De esos miles de casos, menos de uno por ciento termina en el registro. No es un problema menor de operaci贸n. Es una brecha abismal. 驴Pero qu茅 pasa con ese registro? 驴Cu谩l es su alcance real?
El Registro de Deudores Alimentarios, por s铆 solo, no es una sanci贸n autom谩tica ni mucho menos una v铆a directa a la c谩rcel. Aunque la ley contempla el incumplimiento como delito, la inscripci贸n en el padr贸n no activa de inmediato consecuencias penales: para ello se requiere iniciar y sostener otro procedimiento judicial. Es decir, el registro se帽ala, exhibe, documenta, pero no castiga por s铆 mismo. Sin esa siguiente etapa 鈥攓ue implica tiempo, costos y desgaste para quien ya enfrenta la carga econ贸mica鈥, el efecto se diluye y el deudor sigue pr谩cticamente en la misma posici贸n.
En teor铆a, el sistema deber铆a complementarse con medidas m谩s duras ya previstas a nivel nacional: impedir tr谩mites como el pasaporte, limitar operaciones ante notario o cerrar el paso a cargos p煤blicos. Pero en Coahuila esas restricciones no se est谩n aplicando, ni hay un impacto real que obligue al cumplimiento
Por eso, la iniciativa que present贸 esta semana la diputada Luz Elena Morales N煤帽ez, presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, merece atenci贸n. La reforma propone reducir de 90 a 60 d铆as el plazo para inscribir a un deudor en el registro, conectar el padr贸n estatal con el nacional para que cambiar de municipio o de trabajo no sea suficiente para evadir la responsabilidad; y exigir un certificado de no adeudo alimentario en tr谩mites ante notario p煤blico, como compraventas de bienes. Tambi茅n incorpora la condici贸n de deudor alimentario como elemento de evaluaci贸n en procesos de adopci贸n.
Son ajustes con l贸gica. Hoy el sistema exige que sea la parte acreedora, casi siempre la madre, que ya carga con todo, quien d茅 el paso adicional de reportar el adeudo ante el juzgado para que el 贸rgano jurisdiccional inscriba al deudor. Ese eslab贸n de m谩s, en medio de procesos que ya son desgastantes y costosos, explica en buena parte por qu茅 el registro crece tan poco: de 145 personas en 2023 a 229 en 2025, y a 263 hoy. Treinta y cuatro casos nuevos en un a帽o, con miles de demandas entrando anualmente por las puertas de los juzgados.
Que la ley mejore es necesario. Que el Congreso la apruebe sin dilaci贸n, tambi茅n.
Y una vez que eso ocurra, habr谩 que ver si el Poder Judicial sale a explicar por qu茅, con tres mil demandas anuales, el registro apenas suma 34 casos nuevos por a帽o. Porque si alguien tiene que rendir cuentas sobre esa proporci贸n, es el Poder Judicial. Son quienes llevan a帽os operando el sistema que produce ese resultado. Que no lleguen entonces a alzarse el cuello y querer colgarse de lo que otros hacen. Los n煤meros ya hablaron.
