Han pasado apenas tres meses desde que comenzó a operar Transparencia para el Pueblo, el organismo que reemplazó al desaparecido INAI. Y lo que parecía una nueva etapa en el acceso a la información pública, se ha convertido en una grave señal de retroceso, tal y como se había advertido. El nuevo órgano, que prometía acercar la transparencia a la gente, ha hecho todo lo contrario: cerrar las puertas al derecho a saber.
Los números son claros y muy preocupantes: de 2 mil 253 personas que pidieron revisar una negativa de información, casi el 100% de los casos fueron desechados. Eso quiere decir que la mayoría de las personas que pidieron ayuda para conseguir información pública, fueron rechazadas sin que se resolviera su caso.
Y el problema no es solo cuántos casos se rechazaron, sino cómo se rechazaron. La mayoría fueron desechados por supuestos errores técnicos, como no llenar bien un requisito o no responder a un aviso del organismo. Pero, en lugar de ayudar a las personas a corregir sus errores y seguir con su solicitud, el nuevo organismo decidió cerrar el caso y dejar a la gente sin respuesta.
Esto no es solo falta de empatía, es una violación a un derecho. La ley dice claramente que las autoridades deben facilitar que cualquier persona pueda ejercer su derecho a la información, no ponerle trabas o desechar su solicitud por detalles menores.
Antes, el INAI, aunque tenía fallas, era un organismo que actuaba con independencia del gobierno y se esforzaba por proteger el derecho de la ciudadanía a saber. Hoy, Transparencia para el Pueblo depende directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del gobierno. Esto pone en duda su imparcialidad y su capacidad para actuar sin presión, sobre todo cuando la información que se niega proviene de las propias oficinas del gobierno.
Y sí, los hechos lo confirman: este nuevo organismo parece estar más interesado en proteger al gobierno que en ayudar a la gente. Sus decisiones han favorecido mayormente a las dependencias que niegan la información, y no a las personas que la solicitan. Esto va en contra de la Constitución, de los tratados internacionales y del sentido común.
Lo más preocupante es que este modelo no se queda en lo federal. En al menos 23 estados del país se ha hecho lo mismo: los órganos locales de transparencia fueron desaparecidos o absorbidos por oficinas del mismo gobierno estatal, como contralorías o secretarías anticorrupción. Además, en 13 estados se han agregado más motivos para negar información, lo que solo refuerza la opacidad y hace más difícil saber qué hacen las autoridades con el dinero y las decisiones públicas.
Todo esto representa un retroceso enorme para la democracia. Cuando el gobierno esconde información o dificulta el acceso a ella, la gente pierde poder, se debilita la participación ciudadana y se rompe la confianza en las instituciones. La transparencia no es un favor del gobierno, es un derecho de todas las personas.
Por eso, más de 60 organizaciones de la sociedad civil y casi 100 periodistas, activistas, académicos y defensores de derechos humanos han alzado la voz, documentando estos casos y el panorama actual en el país sobre la transparencia. No se trata solo de pedir que se arregle un sistema burocrático; se trata de defender el derecho a saber, a preguntar y a recibir respuestas claras y completas.
Hoy más que nunca, necesitamos transparencia real, organismos autónomos que actúen sin obedecer al poder, y reglas claras que protejan a las personas, no que las excluyan. Si permitimos que Transparencia para el Pueblo siga funcionando como está, pronto nos acostumbraremos a no saber nada.
Y cuando eso pase, habremos perdido no solo un derecho, sino también un pedazo de nuestra democracia.
