Cuando un funcionario, un pol铆tico o cualquier figura p煤blica recurre al insulto, a la intimidaci贸n o a la descalificaci贸n contra periodistas, no solo agrede a personas: erosiona un principio esencial de la vida democr谩tica, el derecho de la sociedad a estar informada.
El caso reciente exhibido en Piedras Negras, donde desde el poder se lanzaron expresiones ofensivas y amenazantes contra la prensa, no es un hecho aislado; ocurre en todo el pa铆s y de manera constante, por lo que deber铆a encender una alerta m谩s amplia. No se trata de un conflicto personal ni de una diferencia editorial. Es la normalizaci贸n de una narrativa que busca desacreditar el oficio period铆stico y colocarlo como adversario, cuando en realidad su funci贸n es otra: documentar, contrastar y cuestionar.
M茅xico es uno de los pa铆ses m谩s peligrosos para ejercer el periodismo. De acuerdo con la organizaci贸n Art铆culo 19, en 2023 se documentaron m谩s de 500 agresiones contra la prensa, lo que equivale a una cada 16 horas. En 2022 fueron asesinados al menos 12 periodistas, una de las cifras m谩s altas a nivel mundial. La violencia no siempre llega en forma de bala; muchas veces inicia con la palabra: con el se帽alamiento, el descr茅dito y la estigmatizaci贸n desde el poder.
Esto no puede normalizarse ni minimizarse. La libertad de expresi贸n y el derecho a la informaci贸n son pilares fundamentales de una sociedad democr谩tica, y cualquier acto de intimidaci贸n, hostigamiento o agresi贸n, verbal o simb贸lica, contra periodistas constituye una vulneraci贸n grave a estos principios.
Actualmente, en medio de los conflictos pol铆ticos, las y los periodistas han sido colocados en una posici贸n vulnerable, convirti茅ndose en blanco de ataques, insultos y se帽alamientos que rebasan los l铆mites del respeto institucional, poniendo en riesgo su integridad y la de sus familias.
Pero no siempre fue as铆. Hubo un tiempo, no ideal, pero s铆 distinto, en el que las diferencias entre actores p煤blicos y periodistas encontraban cauces institucionales. El derecho de r茅plica se reconoci贸 en la Constituci贸n desde 2007, pero antes de eso ya hab铆a medios que aplicaban este derecho. En los medios impresos, las versiones de funcionarios o actores se帽alados se publicaban en ocasiones junto a la versi贸n del reportero, si sosten铆a o no una evidencia su publicaci贸n, en un ejercicio b谩sico de equilibrio informativo. No era concesi贸n: era responsabilidad compartida.
Ese puente comenz贸 a fracturarse cuando el poder opt贸 por judicializar la cr铆tica. Demandar a periodistas se convirti贸 en estrategia. No para ganar en tribunales necesariamente, sino para desgastar. Porque se sabe, y se aprovecha, que la mayor铆a de reporteros no cuenta con respaldo legal robusto ni con recursos para enfrentar procesos largos o multas desproporcionadas.
Y luego llegaron las redes sociales. Lo que pudo haber sido una herramienta para democratizar la conversaci贸n p煤blica termin贸 amplificando el discurso de odio. Hoy, la descalificaci贸n no solo proviene de funcionarios, sino que se multiplica en ej茅rcitos digitales, en comentarios an贸nimos, en campa帽as de desprestigio que buscan anular la credibilidad del mensajero cuando no se puede refutar el mensaje.
En ese contexto, el riesgo es doble: por un lado, periodistas expuestos y vulnerables; por otro, una sociedad desinformada o atrapada en narrativas polarizadas donde la verdad se diluye. Porque cuando se debilita al periodismo, no pierde el reportero: pierde la ciudadan铆a.
Urge redignificar el oficio. Y esa tarea no es exclusiva de quienes ejercen el periodismo. Es un compromiso de todos los actores p煤blicos. Del poder pol铆tico, que debe entender que la cr铆tica no es agresi贸n, sino contrapeso. De las instituciones, que est谩n obligadas a garantizar condiciones para el ejercicio libre de la prensa. Y tambi茅n de los propios medios, que deben sostener est谩ndares 茅ticos, rigor y responsabilidad.
Se necesita reabrir el di谩logo. Recuperar el respeto. Entender que periodistas y funcionarios no son enemigos, pero tampoco aliados en el sentido complaciente del t茅rmino. Son actores distintos en un mismo ecosistema democr谩tico. Uno gobierna; el otro observa. Uno decide; el otro documenta. Y en esa tensi贸n necesaria e inc贸moda se construye el equilibrio.
El periodismo no est谩 para defender bandos. Est谩 para contar hechos, para se帽alar lo injusto, para abrir espacio a todas las voces. El derecho de r茅plica sigue ah铆, en la ley, esperando ser utilizado como herramienta de di谩logo y no sustituido por el insulto o la amenaza.
Porque cuando el poder decide gritar en lugar de argumentar, algo se rompe. Y cuando la prensa es denigrada sistem谩ticamente, lo que se pone en riesgo no es una profesi贸n, sino el derecho colectivo a la verdad.
Defender el periodismo no es un acto corporativo. Es, en el fondo, un acto de defensa propia como sociedad.
