En México, cuando un gobierno busca “modernizar†la justicia, conviene revisar con lupa lo que realmente intenta hacer. La madrugada del 15 de octubre de 2025, el Congreso aprobó a toda prisa la nueva Ley de Amparo, una reforma que el oficialismo vistió con palabras de eficacia y equidad, pero que, en los hechos, representa uno de los golpes más duros al acceso ciudadano a la justicia desde 1994.
Detrás del discurso de “evitar abusos fiscales†se esconde una operación quirúrgica para desarmar el último instrumento que aún permitÃa al ciudadano enfrentarse al poder: el amparo.
Prometieron que no serÃa retroactiva. Lo juraron en tribuna, lo repitieron en conferencias, lo aseguraron en los foros “de diálogo†organizados para cumplir el expediente de la consulta. Pero el texto aprobado dice otra cosa. El artÃculo tercero transitorio, introducido con redacción ambigua, abre la puerta para que los cambios se apliquen a juicios en curso.
En consecuencia, quien ya habÃa obtenido una suspensión o un fallo favorable podrÃa perderlo con un plumazo legislativo. En un paÃs donde la justicia camina con muletas, la retroactividad disfrazada de modernización equivale a un tiro de gracia.
Los foros de consulta —esa puesta en escena con académicos, barras de abogados y especialistas— sirvieron de muy poco. Ninguna de las advertencias sobre los riesgos a derechos humanos, al medio ambiente o a la transparencia judicial fue tomada en cuenta. Intentaron maquillar el proyecto con frases sobre “acceso digital†y “celeridad procesalâ€, pero en el fondo mantuvieron intacta la idea de fondo: restringir las suspensiones y acotar el interés legÃtimo.
El mensaje es claro: menos ciudadanos podrán inconformarse contra el poder, y los pocos que lo intenten tendrán que hacerlo sin herramientas efectivas.
La ironÃa es que esta ley, vendida como un escudo contra los “amparos abusivos de grandes contribuyentesâ€, terminará facilitando el trámite de quienes pueden pagar ejércitos de abogados: los verdaderos narcos, los grandes evasores y los polÃticos de cuello blanco.
En cambio, los padres de niños con cáncer, que se han amparado una y otra vez para obligar al gobierno a surtir medicinas, quedarán desprotegidos. Los pobladores que han detenido devastaciones ambientales con un amparo —como los que enfrentan la tala y el desmonte de la selva por megaproyectos— se quedarán sin suspensión efectiva. La justicia se volverá un privilegio, no un derecho.
El amparo nació para lo contrario: para poner lÃmites al poder. Es la herencia más luminosa del constitucionalismo mexicano. Fue el recurso que hizo posible detener abusos, corregir arbitrariedades y equilibrar la balanza entre el ciudadano y el Estado.
Con esta reforma, esa balanza se inclina de nuevo hacia el poder polÃtico. Lo que el Ejecutivo no logró controlar con presupuesto ni con propaganda, ahora lo asegura con legislación.
Lo más grave es que se aprobó sin corregir una sola coma de la versión impulsada por Arturo ZaldÃvar, el exministro convertido en asesor presidencial. Sus argumentos —vestidos de tecnicismo judicial— fueron tomados como dogma. Ni una voz crÃtica, ni una reserva de fondo, ni una modificación sustancial sobrevivió en el dictamen final. Se votó por consigna. La discusión jurÃdica fue sustituida por el aplauso partidista.
El resultado es una ley que castiga al ciudadano común y protege al poder. La suspensión del acto reclamado —esa medida que detenÃa de inmediato un daño mientras se resolvÃa el fondo del asunto— ahora será casi imposible de conseguir. Los juicios se resolverán cuando el daño ya sea irreversible. Si te expropian, si te cortan el suministro médico, si destruyen tu entorno, sólo podrás mirar cómo ocurre mientras el expediente duerme en un tribunal digital.
En la práctica, quien ganó un amparo en revisión podrÃa perderlo. Los jueces, atados por las nuevas reglas, tendrán que desechar suspensiones concedidas conforme a la ley anterior. Los gobiernos locales y federal tendrán un campo libre para ejecutar actos sin freno, y los ciudadanos quedarán reducidos a espectadores de su propia indefensión.
La historia enseña que las reformas a la justicia siempre se presentan como avances. Asà ocurrió con las leyes de excepción, con las “modernizaciones†fiscales, con los intentos por acotar al Poder Judicial en nombre del pueblo. Pero cada vez que el Estado recorta los derechos de los ciudadanos para ganar eficiencia, lo que realmente gana es impunidad.
La nueva Ley de Amparo no es una herramienta de justicia: es un muro. Un muro jurÃdico que separa al ciudadano del juez, y al juez de su independencia. Es el regreso a la vieja máxima porfirista: “a los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley a secas.â€
Con esta reforma, el gobierno no sólo busca controlar a los jueces. Busca algo más profundo: desactivar la posibilidad misma de disentir por la vÃa legal. En un paÃs donde el abuso de poder ha sido la constante histórica, arrebatar el amparo equivale a desarmar a la sociedad. Y cuando la ley deja de protegernos a todos, deja de ser ley: se convierte en instrumento del miedo.
La justicia mexicana ha tenido muchas heridas, pero pocas tan graves como ésta. Porque esta vez, el golpe viene disfrazado de legalidad. Y la peor injusticia es aquella que se dicta en nombre de la justicia.
Tiempo al tiempo.
