Aunque el reciente nerviosismo en los mercados provocado por la confirmación de las intenciones del próximo gobierno federal por consolidar las reformas constitucionales promovidas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayor preocupación se deriva, al parecer, de las reformas al Poder Judicial, al sistema de representación proporcional y aquellas que buscan desaparecer o inhabilitar diversos organismos autónomos.
Según el “Análisis Técnico de las 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales presentadas por el Presidente de la República (Febrero 5, 2024)â€, presentado la semana pasada por el Instituto de Investigaciones JurÃdicas de la UNAM, “las iniciativas del presidente implican una modificación profunda de las reglas de acceso y ejercicio del poder, una reformulación significativa a la división de poderes, una refundación de todos los poderes judiciales del paÃs, y generan una nueva relación con las fuerzas armadas. Además, constitucionalizan la agenda social de la 4T para garantizar su prolongación en el tiempoâ€.
El análisis agrupa las iniciativas en “reformas que modifican el sistema representativo para favorecer al partido que gobiernaâ€, “reformas que inciden en la división de poderes para concentrar poder en la presidencia de la repúblicaâ€, “reformas en materia de seguridad pública y prisión preventiva oficiosa†y “reformas en materia de agenda socialâ€.
Aunque pareciera que la reforma al poder judicial, que busca, entre otras cosas, que jueces y magistrados sean electos por el voto popular, es la que lleva prioridad incluso para el gobierno de Sheinbaum, entre los cambios en materia de agenda social existe una iniciativa de reforma constitucional en materia de medio ambiente: biodiversidad, maÃz transgénico, agua, minerÃa a cielo abierto y fracking.
Según la opinión de la investigadora de la UNAM Carmen Carmona Lara, esta iniciativa establece por primera vez la inclusión del concepto de biodiversidad en el texto de la Constitución, lo que serÃa un reconocimiento del papel que juega en el derecho a un medioambiente sano; sin embargo, aclara que la palabra no aparece ni en la exposición de motivos ni en la información oficial, pues su inserción “es en función de dar fundamento para la declaración de paÃs libre de cultivos de maÃz genéticamente modificado destinado al consumo humanoâ€, una causa defendida a ultranza por la actual administración, con más fundamentos ideológicos que cientÃficos.
Respecto al agua, la iniciativa propone establecer la preferencia de consumo personal y doméstico de agua sobre cualquier otro uso, asà como la participación de la federación, los estados, los municipios y la ciudadanÃa en la consecución de dichos fines.
“…el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes… salvo que se trate de zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad, en cuyo caso no se otorgarán concesiones, y solo se autorizarán asignaciones destinadas a centros de población para garantizar el consumo personal y uso domésticoâ€, establece la iniciativa.
Sin embargo, la reforma no define qué se considera consumo personal y uso doméstico, mientras que prohÃbe la asignación de concesiones en zonas de estrés hÃdrico, lo que puede representar un problema para las actuales concesionarias que busquen incrementar sus volúmenes o nuevas empresas que requieran agua para garantizar sus inversiones.
Si bien la priorización del consumo humano sobre el empresarial hace sentido en un entorno de escasez de agua, pasa por alto un análisis concienzudo de las verdaderas causas del problema, pues además de la disponibilidad del vital lÃquido en las cuencas, se requieren inversiones importantes para asegurar que el agua existente llegue a las personas.
El gobierno parece omitir que existen zonas del paÃs donde abunda el agua, pero no la infraestructura para sacarla, sanearla y transportarla a las comunidades, mientras culpan a las empresas concesionarias de la falta de lÃquido para las comunidades.
Lo anterior, mientras la agricultura con sus rústicos métodos de riego sigue siendo la mayor consumidora de agua potable del paÃs, usuaria del 70% del consumo, el uso doméstico consume el 25% del agua disponible, y las empresas concesionarias sólo el 5%, según datos de la Comisión Nacional del Agua.
Si bien la reforma contempla la responsabilidad compartida de todos los órganos de gobierno para asegurar una gestión sostenible del recurso, ojalá y esta reforma se aterrice en reglamentos y leyes secundarias que abran la búsqueda de soluciones a todos los sectores de la sociedad y que consideren de manera sistémica y responsable los sistemas hidrológicos.
