Morena y su presidente actúan ya como parte de una dictadura en la cual la única ley es la que ellos quieran aplicarle a los demás y lo mismo abusan de los presupuestos, de la vida de personas, cometen delitos de odio o incitan a cometerlos.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, enfermo del mal de hybris, actúa como si el poder que detenta fuera una cualidad propia y no una facultad otorgada en razón de su cargo, y parece que creer que siempre será poderoso.
El "Síndrome de Hybris o Hubris" es un trastorno que caracteriza un ego desmedido, el sentimiento de que el poder es facultad exclusiva y no del cargo y además, se autoengañan, mienten, cometen excentricidades y deprecian las opiniones de los demás.
López, quien avaló la privación ilegal de la libertad contra la jueza Angélica Sánchez (ha cometido delitos de odio contra periodistas y políticos) anunció una persecución contra juzgadores, y justificó la incitación al motín del Gobernador de Sinaloa.
Avalar delitos, propiciar una campaña ilegal, no solamente es una omisión al cargo en el que juró defender la Constitución, sino que acumula un expediente que incluye desde delitos fiscales, genocidio y traición a la Patria.
López ya podría ser juzgado en tribunales internacionales por genocidio, crímenes de odio, y puede ocasionar sanciones contra México por propiciar que espías de Cuba y Venezuela actúen dentro de nuestro territorio, además de los subsidios que otorga a esos países.
Adicionales a las sospechas de contrabando, huachicoleo, lavado de dinero y delincuencia organizada que pesan contra gobernadores y legisladores morenistas, ahora se autoriza una precampaña anticipada financiada con recursos públicos.
Morena defrauda a la ley para cubrir una campaña anticipada, asegurando que se contiende por un cargo que no existe los estatutos de Morena, ni en los del PT o el PVEM, y el mutismo del INE suena a complicidad de Guadalupe Taddei.
En una semana, los gobernadores de Veracruz y Sinaloa, ambos morenistas sin un gran brillo político, perpetraron los delitos de secuestro, en su modalidad de desaparición forzada, aquel, y éste, el delito de incitación al motín.
La privación ilegal de la libertad ordenada por Cuitláhuac García en contra de la juez Angélica Sánchez, en prisión sin elementos para ello, muestra que este gobernador, quien ha sido señalado como protector de grupos delincuenciales, actúa con toda impunidad.
El delito ordenado por García y perpetrado por presuntos guardias nacionales, podría llevar a los implicados a penas de prisión de 50 a 100 años, debido a que todos los implicados son o dijeron ser, funcionarios públicos.
Se trata de un secuestro agravado porque no se presentó orden de aprehensión, se allanó el lugar donde fue levantada la mujer de 57 años de edad, y pese a que dijeron ser policías no respetaron una suspensión de Amparo.
El mismo gobernador García ha sido señalado como autor intelectual en el homicidio de Florisel Ríos Delfín, quien era presidenta municipal de Jamapa, Veracruz, porque extrañamente nunca hizo caso a los pedidos de ayuda de la funcionaria municipal.
García encabezó y pagó una marcha ilegal contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que cometió varios delitos como amenazas y crímenes de odio en contra de la ministra presidente de la SCJN, Norma Piña.
Este martes anunció que perseguirá a la reportera Claudia Guerrero Martínez, columnista de Notiver, a quien notificó que tiene “carácter de investigada” y advirtió que “se hará uso del medio de apremio (...) consistente en el auxilio de la fuerza pública”.
Se considera delitos de odio a fomentar, promover, incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo o persona determinada por razón de su pertenencia al grupo, y alcanzaría García una pena de hasta 4 años de prisión por cada delito.
Los delitos del gobernador de Veracruz ya han hecho que organismos multinacionales como Amnistía Internacional organismos de apoyo a comunicadores, emitan condenas contra el Gobierno de México.
El delirante gobernador de Sinaloa, oriundo de Badiraguato y quien se dice es compadre del Mayo Zambada, incitó a agricultores a tomar y por tanto, ocasionar daño contra empresas privadas donde se procesa productos de maíz.
“A quienes dirijan, organicen, inciten, compelan o patrocinen económicamente a otros para cometer el delito de motín, se les aplicará la pena de dos a diez años de prisión y multa hasta de quince mil pesos", señala el Artículo 131 del Código Penal Federal.
Si Morena no gana la presidencia en 2024, como seguramente ocurrirá, el próximo gobierno deberá convertirse en fiscal y continuará la inestabilidad política, porque tendrá que llevar a juicio a muchos políticos delincuentes.
