Aunque en México el Código Penal Federal no incluye la figura de “crimen de Estado”, a escala internacional se considera que son actos derivados de políticas gubernamentales sistemáticas preconcebidas.
Sí los inventos de Alejandro Encinas no alcanzan para configurar un crimen de Estado para el caso Ayotzinapa, la Cuarta Transformación tiene muchos hechos que sí concuerdan.
Los casos de la Pandemia, de los niños con Cáncer, de los enfermos crónicos que fallecen por falta de medicamentos o tratamientos y desde luego, el caso de los mineros de Agujita.
Algún día se analizará si los homicidios de periodistas que han ido a la alza, no sólo fueron tolerados poro el Presidente sino incluso figuran en alguno de sus planes terroristas.
Con más de un millón de sobremortalidad, el mal manejo de la Pandemia en México y el abandono del Sistema Nacional de Salud claramente son crímenes de Estado.
La inhumana e ilegal gestión de la pandemia propiciada por órdenes del Presidente López Obrador y administrada por Hugo López-Gatell han sido actos ilegales sistemáticos preconcebidos.
Además de la Pandemia hay otros crímenes de Estado como la cancelación de compras de medicamentos y la no aplicación del cuadro de vacunación infantil.
El asesinato de 10 mineros en Agujita, municipio de Sabinas, Coahuila, tiene todas las características de un Crimen de Estado, porque fue propiciado por el Gobierno de la República.
López Obrador impidió que ayuda de expertos internacionales llevaran a cabo intentos por rescatar a los mineros, y dejó el caso en manos de una licenciada en Historia del Arte.
En todas las acciones para rescatar a los mineros, se cuidó que no se desnudara quién es el propietario de la mina, ni cómo fue que la Comisión Federal de Electricidad le dio el contrato.
Claramente la minera no tenía el equipo necesario para responder a una eventualidad, los mineros trabajaban sin el equipo adecuado y no había un equipo de seguridad para responder a las emergencias.
Las filtraciones señalan que la mina es propiedad del senador Armando Guadiana. Él y Ricardo Mejía Berdeja son los candidatos de López Obrador para la gubernatura de Coahuila.
Hasta el 18 de julio la sobremortalidad derivada de la pandemia desde 2020 suma un millón 290 mil 40 fallecimientos de los cuales 996,392 están asociados a Covid, según datos del Gobierno Federal.
Estos mismos asesinatos configuran con largueza la figura de genocidio, cuando se analiza el caso del personal médico público y privado que estuvo en la primera línea de la atención al Covid.
A estos médicos se les negó la aplicación de vacunas, en el caso del sistema público nunca se les dio el equipo de protección adecuado, y además se toleró corrupción en la compra de equipo y materiales.
La Ley General de Salud fue desobedecida por López Obrador y su gabinete sanitario al atacar la pandemia, porque nunca convocaron al Consejo de Salubridad General.
Además en forma sistemática se dio por medios oficiales y por funcionarios del Gobierno, incluido el Presidente, el Secretario de Salud y el Subsecretario, información falsa o confusa.
La organización Mundial de la Salud pidió en varias ocasiones al Gobierno de México no minimizar la severidad del virus Covid-19, pues incluso lo calificaron de “catarrito”.
Ahora falta ver si una vez que se sepa todo sobre el nuevo expediente del Caso Ayotzinapa, no surge de ahí una persecución política que pueda considerarse crimen de Estado.
¿Será por eso que el GIEI o Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes marcó distancias con algunas partes del documento presentado por el subsecretario Alejandro Encinas?
