Cuando se descubrió que Enrique Peña Nieto plagió parte de su tesis de licenciatura, la izquierda y muchos de los populistas parte del obradorismo, incluido AMLO, querían que fuera defenestrado como Presidente.
En el inmoral plagio de EPN no procedía más allá del castigo que los autores plagiados demandasen, porque la Constitución no pide como requisitos para ser presidente (Y debería hacerlo) un título o gozar de buena reputación.
De ser así, un político sospechoso de fratricidio, lesiones dolosas que podrían haberle causado la muerte a un compañero de juego, de atentados contra pozos de Pemex, y de tener un título cuestionable, no habría logrado la candidatura.
Pero el caso de la ministra Yasmín Esquivel Mossa es diferente porque perdió la buena reputación y cayó en falsificación, y ambas causas están expresamente señaladas en la Constitución como impedimentos para una aspirante a Ministra.
Aunque el delito de plagio no ha sido denunciado por el afectado y el delito fue calificado por el presidente López Obrador de “infinitamente menor”, Esquivel Mossa ya no cumple con los requisitos del Artículo 95 de la Constitución.
La Fracción IV indica que para ser Ministro debe “Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de un año de prisión (...)
“Pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”, señala la Constitución.
Y hay que reptir esta última frase: “cualquiera que hay sido la pena”, lo que sin duda incluye el que no haya sido impuesta ninguna por la falta que sí cometió, como ha quedado claro públicamente que sí ocurrió.
El delito que claramente existió afecta tanto su ejercicio como Ministra e incluso como licenciada en Derecho y mientras la UNAM investiga el caso, la cédula profesional de la Ministra debería ser suspendida.
Por decencia, la ministra Esquivel no sólo debe retirar su candidatura a presidenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación sino que debería renunciar a la presidencia de la Segunda Sala por no poseer ya el requisito de la buena fama.
En México no es extraño encontrar documentos falsos en políticos y hay casos famosos como el de Fausto Alzati, despedido como secretario de Educación por Ernesto Zedillo al descubrirse que no terminó la licenciatura.
Pero la Cuarta Transformación tiene dos niveles de ley, uno tremendo que debe aplicarse contra los “bueyes de mi compadre”, y otro que perdona a parientes y esbirros de Andrés Manuel López Obrador.
Por ejemplo, quien investigue el título de licenciado en Derecho de Martí y Lenia Batres Guadarrama y Manuel Velasco Coello, encontrará que son licenciados en Derecho compañeros de la generación 2011 de la Universidad Humanitas.
También resulta que de acuerdo al currículo oficial de Delfina Gómez Álvarez, no tiene la licenciatura en Educación Primaria ni es master en Educación, y su única maestría es Educación, y ejerció como maestra años sin tener título,
Abundan los políticos con documentos falsos, caso de gobernadores o funcionarios en estados del norte del país, quienes ni siquiera pudieron comprobar que asumieron debidamente la nacionalidad mexicana, como Eugenio Elorduy Walther.
Al investigar esos casos surgen tanto las grietas de la ley como la falta de honestidad y profesionalismo de las autoridades que deberían haber certificado que personajes electos a cargos de poder cumplan con los requisitos.
Un caso que muestra falta de profesionalismo (al menos) de partidos políticos, de poderes legislativos y de las autoridades electorales federal y de Tamaulipas, es el de Francisco García Cabeza de Vaca.
Cabeza de Vaca ha presentado para sus candidaturas al menos, dos actas de nacimiento, en una nació en McAllen, Texas, y en la otra en Reynosa. Tamaulipas, y a la fecha no comprueba que hizo el trámite legal para la doble nacionalidad.
Copias de dos actas, certificadas en ambos casos y con una década de diferencia por la misma titular del Registro Civil en Reynosa, fueron remitidas vía transparencia por el Instituto Nacional Electoral.
No se sabe si esas mismas actas u otras fueron entregadas al Instituto Electoral de Tamaulipas para contender por la presidencia Municipal de Reynosa, por la diputación, por la gubernatura, porque IETAM negó la solicitud.
Tampoco hay rastro de tenga dos licenciaturas y una maestría en Administración como afirma su currículo legal porque no existe una sola cédula profesional a su nombre.
Obviamente a a sí le van a pegar duro con esos datos y a los morenistas hasta les tendrán que pedir disculpas.
