La vacuna y las elecciones son asuntos que estarán sujetos a un continuo escrutinio de la opinión pública en estos meses. Y lo que era previsible, la politización del antígeno ya empezó a hacerse realidad: mientras el partido gobernante pregona la vacuna, sus antagonistas acusan un uso político y hasta un posible condicionamiento electoral. ¿Cómo van las percepciones públicas al respecto?
En la encuesta nacional de EL FINANCIERO realizada el 18 y 19 de diciembre planteamos la pregunta: “¿Cree usted que la vacuna contra el coronavirus se aplique de forma justa y sin favoritismos, o bajo criterios políticos con miras a las elecciones?”.
El 63 por ciento respondió que la vacuna se aplicará de forma justa y sin favoritismos; el 29 por ciento cree que regirán criterios políticos. La medición se hizo poco antes de las fiestas navideñas y de Año Nuevo, por lo que la activación política del asunto en días recientes –el énfasis de Morena en la aplicación de la vacuna, los señalamientos del PAN respecto a su uso político, el anuncio del gobierno de las brigadas de vacunación que pudieran estar asociadas con otros apoyos– podrían ir modificando esa distribución de respuestas. Por cierto, la distribución es muy parecida a los niveles de apoyo y rechazo popular que obtuvo el presidente López Obrador el pasado mes de diciembre y que este diario reportó a principios de semana: 62 por ciento de aprobación y 34 por ciento de desaprobación.
Por supuesto, hay cierto grado de asociación entre la aprobación al Presidente y las expectativas respecto a la administración de la vacuna: según la encuesta, quienes aprueban la labor del mandatario son mucho más probables de pensar que el antígeno se administrará con justicia y sin favoritismos. Sin embargo, quienes desaprueban al Presidente están divididos en su opinión: la mitad de ellos espera imparcialidad y la otra mitad está convencida de que regirán los criterios políticos en esta importante y crucial medida sanitaria.
El asunto se polariza mucho más si consideramos las orientaciones partidarias de los entrevistados: los morenistas, en un extremo, comparten predominantemente la expectativa de que la vacuna será administrada de manera justa; los panistas, en el otro extremo, creen casi de forma unánime que imperarán criterios político-electorales. De nuevo, esta polarización se ve reflejada en una encuesta que se hizo en el contexto de las celebraciones navideñas, antes de que los partidos comenzaran a activar el asunto con mayor fuerza, como se vio esta semana. No hay mucho espacio hacia dónde arrimar más a esos grupos partidarios; la pregunta es cómo se irán moviendo los apartidistas y los priistas, quienes, al momento de la encuesta, se inclinaban mayoritariamente a pensar que la vacuna será administrada de forma justa.
Además de los partidismos, creo que hay que mirar también otros segmentos de la población que podrían ser más sensibles a un posible control político de lo que es, hoy por hoy, la principal apuesta sanitaria para el país y para el mundo: la vacuna.
La encuesta revela que la población de mayor edad es la que menos cree que la vacuna será aplicada bajo criterios políticos, acaso reflejando la prioridad que se le ha dado a ese grupo demográfico. En contraste, los encuestados con niveles de ingreso bajo son quienes más esperan un uso político de la misma. Por si fuera poco, la región sur del país, donde predominan los mayores niveles de pobreza, es donde la percepción del uso político de la vacuna es más alto.
Esta asociación entre niveles de ingreso (o pobreza) y las percepciones de uso político del fármaco resulta muy sugerente y vale la pregunta de si se trata de este contexto específico o de una experiencia acumulada con la acción de gobierno.
Un aspecto adicional que habrá que tomar en cuenta es el factor abuso, la facilidad con la que en nuestra sociedad se meten a la fila quienes pueden, y el impacto que eso tenga en la percepción de justicia de la vacunación. Vaya que habrá tela de dónde cortar para las encuestas.
