En el presente siglo, M茅xico ha tenido dos grandes momentos de transici贸n: el a帽o 2000, con el triunfo del candidato de derecha del Partido Acci贸n Nacional (PAN) Vicente Fox, que levant贸 una serie de expectativas que estuvieron muy lejos de cumplirse y el 2018, con la victoria avasallante de Andr茅s Manuel L贸pez Obrador, de la coalici贸n 鈥淛untos haremos historia鈥 (que aglutin贸 a elementos de derecha, centro e izquierda), cuyo balance es hasta ahora incierto. Sin embargo, un aspecto que guardan en com煤n ambas transiciones es su inter茅s a medias en la llamada justicia de transici贸n, un tema capital en cualquier intento serio de restablecimiento de la democracia, el Estado de derecho, la funcionalidad de las instituciones y la paz social.
La justicia de transici贸n es uno de los elementos que permiten definir si un proceso de transici贸n a la democracia ha sido exitoso o se ha truncado. El International Center for Transitional Justice (ICTJ) la define como la manera en que los pa铆ses que emergen de per铆odos de conflicto y represi贸n manejan violaciones sistem谩ticas a los derechos humanos a gran escala, tan numerosas y tan graves que los mecanismos de justicia normal no son capaces de proveer una respuesta adecuada. Los mecanismos de la justicia de transici贸n consisten en el enjuiciamiento a los criminales del pasado; la b煤squeda de la verdad hist贸rica; la preservaci贸n de la memoria de esos hechos; la reparaci贸n integral del da帽o, material y simb贸lica, a nivel individual y colectivo, y las reformas al marco legal y las instituciones para ofrecer garant铆as de no repetici贸n de las violaciones a los derechos humanos. En M茅xico, este debate lamentablemente ha quedado circunscrito a c铆rculos de juristas, acad茅micos y defensores de derechos humanos y su impacto ha sido muy bajo en la esfera p煤blica.
No es que la sociedad sea indiferente al tema, pues en diversas coyunturas los actores sociales han evidenciado que la deficiente impartici贸n de justicia, tanto para temas del pasado como actuales, es uno de los problemas m谩s urgentes de la naci贸n. Lo que parece ocurrir es que el escepticismo en torno a las sanciones para miembros de las 茅lites pol铆ticas y econ贸micas es tan aplastante, que la sociedad no reacciona en茅rgicamente ante cada fracaso, dilaci贸n o desviaci贸n de los ministerios p煤blicos, fiscales y jueces que llevan tales casos. Parad贸jicamente, la anticipaci贸n de un resultado adverso es un ancla que mantiene a la sociedad atada a un sistema de justicia perfectamente disfuncional.
A diferencia del sexenio de Fox, en el que la existencia de la Fiscal铆a Especial para Movimientos Sociales y Pol铆ticos del Pasado (FEMOSPP) mantuvo la ilusi贸n 贸ptica de que los represores del PRI ser铆an llevados a juicio en cualquier momento, el debate sobre los mecanismos de justicia transicional en 2018 tuvo la duraci贸n de un artefacto pirot茅cnico. El presidente aludi贸 al tema en t茅rminos de perd贸n y la reconciliaci贸n, sugiriendo as铆 una amnist铆a de facto para los criminales de Estado del pasado. Posteriormente, en respuesta a sus cr铆ticos, AMLO matiz贸 el asunto del juicio a los expresidentes, proponiendo someter el tema a plebiscito. AMLO parec铆a desconocer que sus propuestas de amnist铆a y plebiscito eran incompatibles con el derecho penal internacional y el derecho internacional de los derechos humanos. Las violaciones graves y sistem谩ticas a los derechos humanos no prescriben, no pueden ser amnistiadas ni sometidas a votaci贸n popular, deben ser investigadas y sancionadas porque M茅xico ha suscrito las convenciones internacionales m谩s importantes en materia de derechos humanos.
Un aspecto importante de este tipo de violaciones es la posibilidad de juzgar no s贸lo a los agentes estatales o paraestatales que las perpetraron sino tambi茅n a los que por aquiescencia o negligencia no hicieron algo por impedirlas. En una interpretaci贸n sumamente avanzada del derecho se podr铆a juzgar, incluso, a quienes teniendo el poder para llevar a juicio tales atrocidades, prefirieron encubrirlas o aplicaron la f贸rmula de 鈥渂orr贸n y cuenta nueva.鈥 Es cierto que, algunas sociedades que atravesaron por procesos de transici贸n a la democracia, incluyeron el asunto de la amnist铆a como un mecanismo de justicia transicional. Sin embargo, no se trat贸 en ning煤n caso de amnist铆a y reconciliaci贸n unilaterales sino que, a cambio de la inacci贸n penal a su favor, los criminales debieron otorgar informaci贸n de utilidad a las comisiones de la verdad en temas como la cadena de mando de las corporaciones policiacas y militares, el destino de los detenidos-desparecidos y la identidad de quienes cometieron los peores abusos. En sociedades con un aparato de justicia resquebrajado o inexistente, el intercambio de amnist铆a por informaci贸n no representaba un desprop贸sito sino un avance m铆nimo.
A todos los expresidentes vivos y a una porci贸n considerable de ex servidores p煤blicos se les podr铆a fincar responsabilidad penal por violaciones graves a los derechos humanos 鈥攃omo lo son masacres, ejecuciones, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, desplazamiento forzado y el empleo de la tortura鈥, todas ellas llevadas a cabo de manera sistem谩tica por agentes estatales contra uno o varios sectores de la poblaci贸n civil, en el marco de una pol铆tica de Estado. De hecho, debido a su sistematicidad, algunos de estos abusos constituyen cr铆menes de lesa humanidad. Tales delitos se cometieron de forma recurrente en diferentes coyunturas, como la guerra sucia de los sesenta y setenta; la guerra contra las drogas de los setenta y ochenta; la guerra de baja intensidad contra el Ej茅rcito Zapatista de Liberaci贸n Nacional (EZLN) y el Ej茅rcito Popular Revolucionario (EPR) en los noventa y la segunda guerra contra las drogas del 2006 al 2018.
Al margen de las declaraciones presidenciales, el gobierno de la 4T ha mandado algunas se帽ales de su inter茅s por el tema de la justicia transicional, entre las que destacan: la creaci贸n de un sitio de memoria en Circular de Morelia #8 (en las antiguas oficinas de la Direcci贸n Federal de Seguridad en la CDMX); la formaci贸n de un 谩rea dentro de la Direcci贸n General de Estrategias para la Atenci贸n de Derechos Humanos de la SEGOB, encargada de dise帽ar una pol铆tica de la memoria sobre los cr铆menes de Estado; la consolidaci贸n de la Comisi贸n Nacional de B煤squeda de Personas (CNBP), incluyendo una secci贸n dedicada a los desaparecidos de la guerra sucia; el mantenimiento en funciones de la Comisi贸n Ejecutiva de Atenci贸n a V铆ctimas (CEAV), pese a las presiones hacendarias para pasarle la guillotina administrativa y, finalmente, el hecho de que el Instituto Nacional de Estudios Hist贸ricos de las Revoluciones de M茅xico (INERHM) haya incorporado la historia del tiempo presente a su agenda de divulgaci贸n.
Asimismo, ha habido acciones simb贸licas que dan cuenta de los nuevos tiempos, por ejemplo, el que la SEGOB haya pedido disculpas p煤blicas a algunas v铆ctimas de cr铆menes de Estado. Puesto que los guerrilleros fueron considerados el enemigo p煤blico n煤mero uno durante varios sexenios, el gesto de pedir perd贸n a Martha Camacho por la tortura a la que fueron sometidos su beb茅 y su persona, sumados a la ejecuci贸n y desaparici贸n de su esposo, el guerrillero Jos茅 Manuel Alapizco en 1977, no fue un acto menor. Por primera vez en su historia, el Estado mexicano reconoci贸 p煤blicamente que se extralimit贸 jur铆dicamente en su combate a los guerrilleros, lesionando sus derechos humanos. Sin embargo, no bastar铆a un sexenio para ofrecer perdones individuales a todos los agraviados.
Por otra parte, es preocupante la lentitud con la que las instituciones mencionadas han llevado a cabo la labor de impulsar una agenda oficial que defina los objetivos y mecanismos de la justicia transicional. Por lo que se ha filtrado en los medios, se concluye que no han recibido el financiamiento ni los recursos materiales ni humanos suficientes para llevar a cabo su labor en condiciones adecuadas; por el contrario, las pol铆ticas de austeridad se han ensa帽ado con estos organismos, como si su misi贸n fuera una cosa que se puede postergar o apoyar a medias. Es pol铆tica, moral y jur铆dicamente inadmisible que al trabajo orientado a la justicia de transici贸n no se le d茅 el trato prioritario que amerita.
Lo m铆nimo que cabr铆a esperar de la 4T es que se ponga a la altura de la gravedad de los hechos del pasado que han dejado a M茅xico sumido en una espiral de violencia sin fin. Si la 4T fracasara en todo lo dem谩s, al menos podr铆a reivindicar que ajust贸 cuentas con el pasado y dio satisfacci贸n a las v铆ctimas. No es poca cosa, pues gobiernos que fueron un desastre en lo pol铆tico o lo econ贸mico obtuvieron una imagen positiva en su pase a la historia por sus logros en la justicia de transici贸n, como Ra煤l Alfons铆n en Argentina y Patricio Aylwin en Chile. Si el gobierno de la 4T no concreta acciones que vayan m谩s all谩 de lo simb贸lico, volver谩 a cancelar las esperanzas no s贸lo de justicia para las v铆ctimas, sino tambi茅n de una transici贸n genuina a la democracia. La 4T corre el riesgo de clonar el fracaso de Fox, habiendo tenido condiciones de posibilidad para ser algo distinto e incluso mejor.
Este texto fue publicado por Revista Com煤n https://www.revistacomun.com/blog/la-transicion-democrtica-incierta?fbc鈥
