EFE
Washington, 21 Feb.- El Tribunal Supremo de EU propinó este viernes al presidente, Donald Trump, un primer revés al no respaldar su decisión de destituir a Hampton Dellinger, jefe de la Oficina de AsesorÃa Especial (OSC, en inglés), el organismo federal encargado de proteger a quienes denuncian irregularidades dentro de la Administración.
La decisión del Supremo tiene carácter temporal y es relevante porque se produce en respuesta al primer recurso que Trump presentó ante esa corte desde su regreso a la Casa Blanca, hace un mes, con el objetivo de defender su ofensiva contra la Administración pública, que busca recortes de gastos y garantizar la lealtad de sus funcionarios.
Dellinger asumió en marzo de 2024, bajo el Gobierno de Joe Biden, el liderazgo de la OSC, una agencia cuyo principal objetivo es proteger a los empleados públicos de represalias por denunciar irregularidades dentro del Gobierno.
Trump ordenó su destitución el 7 de febrero, pero un juez bloqueó temporalmente la decisión. El pasado sábado, la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, una instancia inferior al Tribunal Supremo, rechazó el recurso de la Casa Blanca contra esa orden judicial.
En teorÃa, Trump partÃa con ventaja en el Tribunal Supremo, donde seis de los nueve jueces —incluidos tres designados por él en su primer mandato (2017-2021)— son conservadores.
Además, el año pasado, el tribunal falló a favor de otorgar a Trump y a todos los futuros presidentes una amplia inmunidad por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones, lo que en la práctica supuso una expansión sin precedentes del poder presidencial.
Sin embargo, el Tribunal Supremo decidió no dar la razón a Trump. Concretamente, el alto tribunal no aprobó ni rechazó la solicitud de la Administración para destituirlo de inmediato y, en su lugar, dejó la orden de destituir a Dellinger en suspenso.
El despido de Dellinger forma parte de la ofensiva del nuevo Gobierno de Trump para reducir el gasto público y limitar las funciones de la administración federal, una estrategia liderada por el recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, en inglés), bajo la supervisión del empresario Elon Musk.
Como parte de este plan, también se ha desmantelado de facto la Agencia de EU para el Desarrollo Internacional (USAID) y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, en inglés), creada tras la crisis financiera de 2008, con sus oficinas cerradas y sus empleados en el limbo.
