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Monterrey, N.L., 30 Oct.- El Cabildo de Monterrey aprobó destinar más de 103.4 millones de pesos, provenientes del Fondo de Desarrollo Municipal 2026 a seis obras de drenaje pluvial, de ampliación y mejoramiento hidráulico.
Durante la sesión ordinaria de cabildo de este viernes, los síndicos y regidores, facultaron al Gobierno del alcalde Adrián de la Garza para que invierta estos recursos, en “obras públicas prioritarias conforme a necesidades directamente vinculadas con la población de Monterrey”.
De acuerdo al dictamen que fue aprobado por unanimidad, se plantea la construcción de cinco drenajes pluviales en las colonias Villas Las Fuentes, Contry, Los Cristales, Del Paseo Residencial y Jardín de las Mitras, con una inversión de más de 90.9 millones de pesos.
Además, se contemplan obras de ampliación y mejoramiento hidráulico en el Parque Las Fuentes a la altura de Paseo del Arroyo, entre Paseo de las Fuentes y Paseo del Lago, con un costo de 12.5 millones de pesos.
“La Comisión de Desarrollo Urbano, Infraestructura Sostenibles y Nomenclatura del Ayuntamiento de Monterrey, considera que las propuestas presentadas por conducto de la Secretaría de Obras Públicas son técnica, económica y jurídicamente factibles para ser ejecutadas, y los beneficios serán de gran impacto social y para el desarrollo del Municipio de Monterrey”, se lee en el dictamen.
En un tenor similar, el Cabildo de Monterrey autorizó a la administración del alcalde Adrián de la Garza para que aplique los recursos del Fondo de Apoyo Municipal para la Niñez 2026 y se fortalezca la infraestructura de la Defensoría Municipal para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema DIF.
Con esta autorización, el municipio podrá acceder a 947 mil 825 pesos del fondo estatal, que se destinarán a mejorar la capacidad operativa de la defensoría mediante la rehabilitación y el equipamiento de sus oficinas generales, a fin de contar con espacios dignos, funcionales, seguros y adecuados.
Los recursos serán aplicados a través de la Dirección General del DIF permitiendo mejorar las condiciones de trabajo del personal y favorecer la prestación eficiente de los servicios de protección y restitución de derechos de niñas, niños y adolescentes.
APRUEBA CABILDO CONVENIO DE COLABORACIÓN ELECTORAL Y CONVOCATORIA PARA JUECES CÍVICOS
En la Segunda Sesión Ordinaria correspondiente al mes de octubre de 2026, el Cabildo de Monterrey aprobó dos asuntos relacionados con la coordinación institucional en materia electoral y el fortalecimiento del sistema de justicia cívica en la ciudad.
Como parte de los acuerdos, se autorizó al Gobierno Municipal suscribir un convenio de colaboración con el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Nuevo León (IEEPCNL), con el propósito de establecer mecanismos de coordinación para el próximo proceso electoral.
El acuerdo contempla la identificación de vías públicas y espacios de uso común que podrán destinarse a la instalación de bastidores y mamparas para partidos políticos, coaliciones y candidaturas independientes, así como el préstamo de inmuebles propiedad del Municipio.
Estos espacios también podrán utilizarse para la organización de debates, capacitaciones, cursos y otras actividades relacionadas con el desarrollo de las jornadas electorales, siempre en apego a la normatividad vigente.
En otro punto de la sesión, los integrantes del Cabildo aprobaron emitir la convocatoria para que profesionales del Derecho interesados participen en el proceso de selección para ocupar 28 plazas de jueces cívicos en Monterrey.
De acuerdo con lo aprobado, quienes resulten seleccionados tendrán un nombramiento por un periodo de tres años, con posibilidad de volver a postularse. El procedimiento garantizará la paridad de género en la integración de este cuerpo de autoridades.
Los jueces cívicos desempeñan una función fundamental en la atención de faltas administrativas y la resolución de conflictos comunitarios mediante mecanismos de diálogo y conciliación, con el objetivo de evitar que las diferencias cotidianas escalen a situaciones de mayor gravedad.
Este modelo contempla audiencias en las que las personas involucradas tienen la oportunidad de exponer sus argumentos antes de que se emita una resolución. Entre las medidas que pueden determinarse se encuentran amonestaciones, multas, arrestos de hasta 36 horas o trabajo en favor de la comunidad.