No me gusta generalizar, pero por desgracia no creo en las manifestaciones espontáneas y siempre considero que hay un interés creado, como decían los antiguos “piensa mal y acertarás”.
¿Quién sería el más afectado si Constellation Brands, productora de la cerveza Corona entre otras marcas, lograra poner en operación la planta que anunció desde 2015 y satisface el mercado de California?, ese sería el primer sospechoso. O puede ser algo tan pequeño como quién no ganó el contrato colectivo de trabajo; la verdad, no tengo la menor idea, lo que sí creo es que no hay justificación legal para echarla abajo y menos para “despilfarrar” una cantidad multimillonaria para indemnizarla.
Los opositores a la instalación de la planta cervecera, que argumentan desde 2017 que se van a llevar la escasa agua de Mexicali para Estados Unidos en las cervezas que ahí se producirían, buscaron la vía legal de la consulta pública. Primero el Instituto Estatal Electoral, en marzo de 2019, y luego el Trife, en mayo de 2019, consideraron que no se debe poner a consulta una autorización en materia ambiental otorgada por autoridad competente, en otras palabras estas decisiones las deben tomar los que saben, no el "pueblo sabio".
Pero la esperanza es lo último que muere, y los opositores encontraron en el actual gobierno federal un gran aliado en el titular de la Semarnat, Víctor Manuel Toledo Manzur, que convenció a nuestro líder para que convocara a principio de este mes a una consulta pública organizada por la Secretaria de Gobernación.
También, en febrero pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, encabezada por la morenista y ferviente admiradora de nuestro líder, Rosario Piedra Ibarra, emitió una recomendación asegurando que la instalación de la cervecera afectaba el derecho humano al agua, ante una queja interpuesta desde febrero de 2017.
Finalmente, el sábado 21 y el domingo 22 de marzo se llevó a cabo la consulta patito (con el perdón del gansito de Marinela) y como era de esperarse ganó el NO a la cervecería. Nuestro líder como es su costumbre la hizo vinculante, aunque la ley señala que debe de participar al menos el 20 por ciento de los ciudadanos y participó menos del 3 por ciento, eso no importa porque la consulta no cumplió de origen los requisitos de ley.
Desde mi punto de vista, era de esperarse el resultado no porque la razón sea de los opositores, sino porque en este tipo de ejercicios siempre acuden de manera masiva los convocantes y el resto de la población habitualmente no participa, por eso en la Ley se busca que de preferencia se realicen junto con las elecciones, algo que obviamente no se aplicó en esta ocasión.
No soy de la idea que permitamos que se pase por encima de la ley para promover la inversión y se genere empleo y desarrollo, pero pisotear la ley para frenar una inversión ya autorizada es el peor mensaje que puede mandar un gobierno a los inversionistas.
Ahora sólo resta indemnizar y esperar que la confianza de los inversionistas en nuestro líder no se vea más afectada y sigan apostando al país.
Quiero ser optimista y pensar que Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, tenía razón cuando dijo en un desayuno privado (de cerca de 200 asistentes) en Monterrey el 23 de septiembre del año pasado, que al momento de decidir invertir pesaba más la existencia de un potencial mercado para los productos que la confianza en las autoridades.
Cabe recordar que a diferencia de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, donde no tuvo que indemnizarse a México por las pérdidas económicas ocasionadas, ahora sí se deben cuantificar y pagar en un proyecto que se comenzó a gestar en el 2013, también hay que indemnizar por ese tiempo perdido.
Una justa (y legal) indemnización debe incluir, además de los 1,400 millones de dólares ya invertidos, los costos de financiamiento, el costo de oportunidad de la inversión, la pérdida de ganancias futuras, entre otras tantas cosas.
La indemnización debe dejar a Constellation Brands con las ganancias que esperaba obtener en los años que tenía ya aprobados los permisos de operación, la decisión de irse no es de ellos, nuestro líder los está corriendo es el que debe reparar el daño, bueno en realidad nuestros impuestos.
Si hay algo malo en los permisos debieron combatirse por la vía legal, y sancionar a quien se tenga que sancionar, porque para variar nuestro líder señaló con total impunidad que "hubo influyentismo" en los permisos.
La negociación debería de ser pública y transparente, pero, a como se las gasta López Obrador, lo veo poco menos que imposible.
Basta recordar que nuestro líder ha demostrado ser más sucio que lo más sucio del antiguo PRI (ni siquiera el reciente), aquel de los 60 y 70 que tanto añora, dado a apretar a sus adversarios bajo la amenaza de no tener un futuro mañana.
Ahí tenemos de entrada a Santiago Nieto, que con su Unidad de Inteligencia Financiera, apoyada en ocasiones por las conferencias mañaneras, hace temblar hasta al más puro, y de segunda a los chairos que puede usar para atacar a una empresa desde las benditas redes sociales o de manera física.
Hace algunos años, le pregunte a un casinero al que le estaban negando instalarse en un municipio metropolitano de Monterrey por qué no se iba a juicio, si todos los papeles los tenía en regla y no estaba haciendo algo ilegal, y me dio dos razones.
Primero, aunque tuviera la razón legal, los jueces le pensaban mucho para darle un fallo favorable. El miedo a la exhibición pública de muchos medios que se iban a ir contra el juzgador tachándolo de corrupto argumentando que permitía este tipo de negocios con argucias legales hacía por demás difícil conseguir que se aplicara la ley y se diera el fallo a su favor. A veces debía entregar dinero.
Segundo, suponiendo que conseguía instalarse, el alcalde ofendido no se iba a quedar a gusto e iba a buscar la manera de cerrarlo, a la buena o a la mala; Desde que le falta un extinguidor, que no tiene los suficientes cajones de estacionamiento, hasta ponerte patrullas afuera para amedrentar a sus clientes con retenes al salir o llegar al establecimiento. En casos más extremos se coluden con otras autoridades y le siembran drogas y les va peor.
En ocasiones, los utilizan como botín político y/o electoral, algo que sin duda puede aplicarse también para Constellation Brands. En otras en realidad buscan llegar a acuerdos financieros aprovechando que son un gran negocio, algo que también se dice del negocio de la cerveza.
Quiero ser bien pensado y que en esto no buscaban sacar ningún beneficio financiero ni Piedra Ibarra, ni Toledo Manzur y menos López Obrador. Pero hasta ahí alcanzaría mi "bien pensado", al final del día alguien gana y alguien deja de ganar con esta decisión.
¡Hasta la próxima semana!
